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TSJ busca destituir alcaldes y repetir elecciones donde no ganó el PSUV

Juristas advierten que el Ejecutivo, a través de los fallos del Poder Judicial, se burla de la voluntad popular y viola el derecho de la gente de elegir

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Siete alcaldes de oposición, con nombre y apellido, están en la mira del Tribunal Supremo de Justicia desde el 12 de marzo, dos de los cuales ya se encuentran presos: Enzo Scarano (San Diego, Carabobo) y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira). En la lista figuran Gerardo Blyde (Baruta), David Smolansky (El Hatillo), Ramón Muchacho (Chacao), Evelin Trejo (Maracaibo, Zulia) y Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui).

Los referidos alcaldes, el exmagistrado José Peña Solís y el abogado constitucionalista José Vicente Haro consideran que el TSJ no solo está actuando en contra de las autoridades locales, sino que los magistrados, mediante decisiones políticas, también están yendo contra la autonomía del poder municipal y de los electores que votaron por estas personas el 8 de diciembre del año pasado, para que gobernaran por los próximos cuatro años.

“El Poder Judicial está siendo utilizado por el gobierno para dictar fallos que impidan que los alcaldes de oposición se mantengan en las alcaldías. Están desconociendo la voluntad electoral y removiendo a funcionarios elegidos popularmente como si fuesen de libre nombramiento y remoción. Este manejo del Poder Judicial responde a un objetivo político: generar una crisis institucional municipal para que haya elecciones que el gobierno tratará de capitalizar”, explicó Haro.

El ex magistrado de la Sala Electoral del TSJ considera que el máximo tribunal de la República se burló de los electores. “El derecho constitucional al sufragio fue burlado. ¿Cómo quedó la elección del 8 de diciembre? Anulada por siete magistrados. La única forma de remover a un alcalde es mediante referéndum. Además, es sospechoso que el CNE ya esté hablando de elecciones. Esto parece orquestado”, dijo.


Las decisiones. Después de un mes de protestas en todo el país, el TSJ ordenó a los mencionados alcaldes impedir que los manifestantes obstaculicen el libre tránsito, a pesar de que las policías municipales no tienen atribución para el control del orden público.

Las primeras decisiones fueron tomadas el 12 de marzo. Ese mismo día la Sala Constitucional dictó un amparo cautelar contra los alcaldes Blyde (Baruta) y Smolansky (El Hatillo), y otro contra Scarano, entonces alcalde de San Diego. En ambas decisiones se ordenó garantizar que las vías públicas no fuesen obstaculizadas.

Cinco días después, el 17 de marzo, esa misma sala dictó una decisión idéntica contra los alcaldes Muchacho, Ceballos, Marcano y Trejo.

El 19 de marzo Scarano fue llevado a un juicio exprés por supuestamente haber desacatado la orden judicial, condenado a 10 meses y 15 días de prisión y destituido de su cargo. En esa misma fecha Ceballos fue detenido y 2 días después el TSJ informó que estaba “citado” a una audiencia, debido a que se presumía que también había incurrido en desacato.  

“Lo que están haciendo es para asustarnos, para que muchos se acobarden, pero los que creamos en la libertad y en la democracia no tenemos el temor en nuestra agenda. Miedo debe darnos no defender los principios en los que creemos”, aseveró Trejo.

Los alcaldes de oposición coinciden en que todos, incluso los que hasta ahora no tienen proceso judicial abierto, pueden correr la misma suerte de Scarano, debido al uso político que, aseguran, se le está dando al Poder Judicial.

“Que ningún alcalde se sienta excluido de la lista de persecución del gobierno. Nadie va a escapar de este modelo inconstitucional e ilegal que ha secuestrado a la justicia y la libertad del país, nadie”, dijo Ceballos en entrevista concedida horas antes de su detención.


Amenaza al poder municipal.  Los alcaldes opositores advirtieron que el Poder Judicial está boicoteando la descentralización.

“Esta es una forma de amenazar la autonomía del poder público municipal”, advirtió Marcano. El alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja aseveró que después de lo ocurrido con Scarano y Ceballos es indiscutible que en Venezuela no hay Estado de Derecho.

“El Poder Judicial tiene hoy amenazada la descentralización. Esto afecta a los ciudadanos porque se está vulnerando la autonomía de los municipios. Lo más cercano que tiene el ciudadano son sus autoridades locales, por tanto es un riesgo para la gente que se amenace a las autoridades locales con intervenir las policías y las alcaldías. El TSJ está buscando que los alcaldes nos enfrentemos con los vecinos y eso no va a ocurrir”, advirtió Smolansky.

El alcalde de El Hatillo señaló que la democracia no solo se sustenta en el hecho de que se celebren elecciones. “Un principio elemental de la democracia es la autonomía y la separación de los poderes públicos, y eso en nuestro país no existe. Yo se lo dije al presidente Nicolás Maduro, que aquí el Judicial está de rodillas ante el Ejecutivo”, agregó.

LO DIJO
Nicolás Maduro
Presidente de la República
20 de marzo de 2014
"Muchacho tiene un recurso también ante el máximo tribunal. No vaya a creer que nos va a temblar el pulso si nos dan la orden de detenerlo. Muchacho, te incriminaste. Puedes terminar en Ramo Verde. Póngase las pilas, señor Muchacho. Llamaríamos a elecciones en Chacao para que los ciudadanos tengan un alcalde que los represente".