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TSJ tiene decidido condenar y destituir a Daniel Ceballos

Ceballos fue llevado al Palacio de Justicia | Foto Eleonora Delgado / Archivo

Ceballos fue llevado al Palacio de Justicia | Foto Eleonora Delgado / Archivo

El mandatario local tachirense será objeto de un juicio sumario igual al que le aplicaron a Enzo Scarano

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Aunque el fallo se emitirá la semana que viene, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia adelantó las razones por las cuales está dispuesta a condenar y destituir al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, del mismo modo que lo hizo con el alcalde de San Diego, Enzo Scarano.
Ayer fue publicada la decisión 150, fechada el 20 de marzo, a través de la cual “convoca” a Ceballos a una audiencia “para que exponga los argumentos que a bien tuviere en su defensa”.

El 17 de marzo la Sala Constitucional extendió al alcalde de San Cristóbal los efectos de la medida cautelar dictada cinco días antes contra los alcaldes de Baruta, Gerardo Blyde; y El Hatillo, David Smolansky. En esa oportunidad, el TSJ también ordenó a los mandatarios locales de Chacao, Ramón Muchacho; de Lecherías, Gustavo Marcano; y de Maracaibo, Eveling Trejo, remover los obstáculos colocados en la vía pública y garantizar el libre tránsito de las personas y vehículos.

El TSJ ha equiparado la orden con un mandamiento de amparo sin permitirle a los afectados ejercer la más mínima defensa. Lo más grave es que la Sala Constitucional se ha convertido en un tribunal penal y, como ocurrió en el caso Scarano, pretende dictar sentencias condenatorias contra los alcaldes, las cuales incluyen la pena accesoria de destitución del cargo, a pesar de que se trata de funcionarios electos por voto directo, universal y secreto.

La decisión 150 de la Sala Constitucional reza: “…por la prensa se ha difundido información de la que pudiera denotarse el presunto incumplimiento del mandato constitucional librado en la sentencia N° 135 de 12 de marzo de 2014, con efectos extensivos al ciudadano Daniel Ceballos, alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, por virtud de la precitada sentencia N° 137 del día 17 del mismo mes y año, lo cual esta Sala califica como un hecho notorio y comunicacional”.

En palabras más sencillas, con la más absoluta discrecionalidad el TSJ dio por ciertas unas informaciones de prensa, sin precisar a qué hechos refieren y a través de qué medios fueron difundidas.

Igual se procedió con Scarano, de modo que Ceballos corre el mismo riesgo; es decir, que al término de una audiencia de ocho horas, sin que se le permita defenderse, sería condenado a prisión (aunque ya está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde) y destituido del cargo.

Al cadalso. La decisión del TSJ divulgada ayer ofrece más pistas: “Una vez celebrada la audiencia la Sala podrá decidir inmediatamente; en cuyo caso expondrá de forma oral la decisión y la publicará dentro de los 5 días siguientes (…). En caso de quedar verificado el desacato, impondrá la sanción conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”; es decir, prisión de 6 a 15 meses.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Ceballos, dijo que es consciente de que la comparecencia de su representado ante el TSJ equivale a ir al cadalso: “La Sala Constitucional nos está negando la posibilidad de una defensa efectiva. Con el caso Scarano vimos un juicio sumario desarrollado por una instancia incompetente que desconoce las garantías básicas del proceso penal, entre ellas la posibilidad de apelación. Lo peor es que se desconoce la voluntad de los venezolanos que eligieron a estos alcaldes”, afirmó Gutiérrez.

Estudian pedir hábeas corpus
En buen Derecho, un hábeas corpus por privación ilegítima de libertad permitiría revertir las decisiones del TSJ.

Tanto Antonio Medina Roa, defensor de Scarano, como Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Ceballos, analizan esa posibilidad. Sin embargo, está claro que ello implicaría la inhabilitación de todos los magistrados de la Sala Constitucional (por haber adelantado opinión) y su reemplazo por suplentes.

“Se trata de una privación ilegítima de libertad y, a pesar de las dudas sobre la imparcialidad del TSJ nos corresponde exigir la correcta aplicación de la ley”, expresó Gutiérrez.


Por rebelión
Aproximadamente a las 4:30 pm, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue trasladado de la cárcel de Ramo Verde al Palacio de Justicia, sede de los tribunales penales de Caracas.

No estaba claro dónde se llevaría a cabo la audiencia de presentación. Se planteó la posibilidad de que fuese en Táchira, pues el 19 de marzo en la noche, pocos minutos después de que Ceballos fue detenido por funcionarios del Sebin que irrumpieron en el hotel donde se alojaba, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, informó a través de Venezolana de Televisión que el Tribunal Primero de Control del estado Táchira había emitido la correspondiente orden de captura. Sin embargo, la esposa del alcalde, Patricia Gutiérrez, se refirió al asunto a través de Twitter: “A esta hora —8:20 pm— jueces 1ro y 3ro de Control se niegan a firmar orden de captura contra mi esposo”. Rodríguez Torres también indicó que el Ministerio Público imputó a Ceballos los delitos de rebelión civil y agavillamiento.