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TSJ blindó mediante sentencia su poder sobre los jueces

Fachada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)/Nelson Castro

Fachada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)/Nelson Castro

Ex magistrados coincidieron en que la decisión legitima y facilita la remoción arbitraria de jueces

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La estabilidad laboral de los jueces provisorios en Venezuela -que según cifras extraoficiales son 7 de cada 10- depende única y exclusivamente de la comisión judicial que encabeza la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez Alvarado.

Lo anterior fue decidido por la Sala Constitucional, mediante sentencia dictada un día antes de que fuese nombrada la nueva junta directiva del máximo tribunal de la República. En el fallo se estableció que los jueces temporales, ocasionales, accidentales o provisorios no tienen derecho de ser llevados ante los tribunales disciplinarios previstos en el Código de Ética del Juez Venezolano, sino que en caso de que deba estudiarse su posible suspensión o destitución la misma será decida por la comisión en cuestión, que está integrada por los magistrados que presiden cada una de las salas del TSJ.

“Lo que hicieron fue darle revestimiento de jurisprudencia a lo que ya venía ocurriendo de hecho. Hasta ahora la remoción de estos jueces se hacía mediante oficios de cinco líneas, dictados por la Comisión Judicial. Los desmanes del TSJ tendrán ahora soporte mediante sentencia”, aseveró el ex juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Juan Carlos Apitz, el mismo que junto a otros dos jueces obtuvo en 2008 una sentencia favorable por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se ordenó al Estado dictar el código de ética que ha quedado parcialmente suspendido.

La ex magistrada Blanca Rosa Mármol de León aseguró que el fallo legitima la remoción arbitraria de jueces provisorios, que, aseguró, muchas veces ni siquiera son destituidos sino que proceden a dejar sin efecto el acto en el que fueron nombrados. “Un juez no pude decidir libremente si no tiene certeza de que no podrá ser suspendido o destituido por su actuación. Esta sentencia es una corroboración de lo que le hicieron a la juez María Lourdes Afiuni, a quien sacaron de su tribunal sin ningún procedimiento”, dijo.


También los titulares. Apitz advirtió que incluso la estabilidad de los jueces titulares se verá afectada por la sentencia.

En el fallo se desmantela de atribuciones a la oficina de sustanciación previstas en el Código de Ética del Juez y se establece que el inspector general de tribunales (cargo que actualmente ostenta el magistrado de la Sala Constitucional Juan José Mendoza) será el competente para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los jueces, admitir la denuncia e investigar los hechos.

“Los jueces tendrán una posibilidad muy limitada de defenderse. La inspectoría va a tener muy amplias facultades y podrá procurarse pruebas sin control de los jueces. Ahora no les va costar mucho sacar a los titulares que quieran fuera del Poder Judicial”, señaló Apitz.

Las medidas fueron adoptadas mediante la suspensión temporal de varios fragmentos del código en cuestión, con las que dieron respuesta a una solicitud de 2009. “Estas medidas cautelares fueron dictadas sin que nadie las solicitara. Una vez más la Sala Constitucional se extralimitó”, dijo el ex juez.