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TSJ insta a la Fiscalía a investigar penalmente a Capriles Radonski

Gladys Gutiérrez, presidenta de la Sala Constitucional y del TSJ / Foto EFE

Gladys Gutiérrez, presidenta de la Sala Constitucional y del TSJ / Foto EFE

Se le impuso una multa de 100 unidades tributarias (10.700 bolívares). El Ministerio Público determinará si el líder de la oposición incurrió en vilipendio al cuestionar la majestad del Poder Judicial

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Además de rechazar las impugnaciones de los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia impuso una multa de cien unidades tributarias  (10.700 bolívares) a Henrique Capriles Radonski, y remitió copia del fallo al Ministerio Público para que se determine si el demandante incurrió en delito a través de sus expresiones en contra del máximo tribunal del país.

“En vista de la gravedad de las ofensas y términos irrespetuosos que el demandante vertió en su escrito, esta Sala Constitucional estima necesario remitir al Ministerio Público, como titular de la acción penal, copia certificada del presente fallo y del escrito presentado por la parte actora, con el objeto de que realice un análisis detallado de dichos documentos e inicie las investigaciones que estime necesarias a fin de determinar la responsabilidad penal a que haya lugar”, indica la sentencia dictada ayer.

La Sala Constitucional dedicó varias páginas del fallo a rechazar las dudas sobre su imparcialidad: “No sólo la representación actora incurrió en la mencionada falta a la majestad del Poder Judicial al que, paradójicamente, acudió en su defensa, sino que en diversas oportunidades y a través de distintos medios ha acusado expresa y radicalmente a la judicatura y, en particular, a esta Sala Constitucional, como un órgano completamente parcializado y llegó incluso a afirmar que este Máximo Juzgado obedecía la línea del partido de gobierno”.

El TSJ considera que las descalificaciones del Poder Judicial venezolano trivializan el debate democrático y minan la credibilidad de las instituciones ante los ciudadanos.

El máximo tribunal se adelantó a señalar que lo dicho por Capriles Radonski en el libelo de su demanda no corresponde al derecho al la libertad de expresión. Por el contrario, sugirió que los hechos constituyen el delito de vilipendio.