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Solórzano: Ningún preso político está acusado de delitos de lesa humanidad

Ley de Amnistía protegerá a jueces y fiscales que la apliquen | foto: Cortesía Wilmer Tovar, Prensa AN

Ley de Amnistía protegerá a jueces y fiscales que la apliquen | foto: Cortesía Wilmer Tovar, Prensa AN

Henry Ramos denunció maniobra jurídica para anular las dos leyes sancionadas por la Asamblea Nacional

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“Ningún homicida, estafador o narcotraficante está amparado por la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, enfatizó la presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano (UNT).


Acompañada del consultor jurídico del Poder Legislativo, Jesús María Casal, de los diputados Luis Florido y Juan Guaidó (VP) y de Lilian Tintori, Solórzano ratificó que todos los presos políticos, exiliados y jóvenes estudiantes perseguidos judicialmente están incluidos en la ley sancionada el martes por la mayoría opositora.


“Todos nuestros presos políticos son inocentes acusados de hechos que no cometieron. Ninguno ha cometido ningún delito de lesa humanidad”, dijo la diputada.
 
Escenarios. Una vez recibida en Miraflores –lo que debería ocurrir hoy o mañana– el presidente Nicolás Maduro contará con 10 días para promulgarla, devolverla al Parlamento con observaciones para su modificación o enviarla al TSJ para que diga si es constitucional.


Si la ley es promulgada, entrará en vigencia una vez publicada en Gaceta Oficial y los tribunales junto con el Ministerio Público deberán iniciar los procedimientos para el cese de las causas. “La ley tiene dos asuntos importantes: uno, la sanción de los jueces y fiscales que dilaten la aplicación de la Ley de Amnistía; y dos, prevé la protección a los jueces y fiscales que apliquen la ley”, apuntó la parlamentaria.


Si el texto es devuelto a la AN con observaciones, el artículo 214 de la Constitución establece que la AN “decidirá acerca de los aspectos planteados por el presidente, por mayoría absoluta de los diputados presentes” y devolverá la ley al Ejecutivo para su promulgación, que debe ocurrir en un lapso de 5 días.


El tercer escenario es que el TSJ declare la inconstitucionalidad de la norma. Al respecto Casal no adelantó opiniones: “La sala podría decir que hay aspectos de la ley que se consideran inconstitucionales y que la AN debe revisar. O que niegue globalmente la validez de la ley. Habría que esperar”.
 
Amenaza. El presidente Maduro instó ayer a debatir el texto legal: “Yo convoco a un gran debate nacional en los consejos comunales, las UBCh y el pueblo para que abran los ojos de la ley (sic) aberrante y criminal que aprobó la Asamblea Nacional”.


Más temprano el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos (AD), denunció que se teje una amenaza “para anular la Ley del BCV, la Ley de Amnistía y la reforma del TSJ aprobada en primera discusión”.


En la sesión de ayer el diputado Alfonso Marquina (UNT) informó a la plenaria que luego de realizar varias diligencias en las oficinas de la Sala Constitucional del TSJ, constató que no hay constancia de que el presidente Maduro haya solicitado opinión sobre la constitucionalidad de la reforma de la Ley del BCV. Razón por la cual, dijo Marquina, el instrumento sancionado hace un mes debe ser publicado en Gaceta Oficial sin más dilación.