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Solicitan amparo contra la habilitante en el TSJ

Cecilia Sosa advierte que el texto de la habilitante es indeterminado | Foto Archivo

Cecilia Sosa advierte que el texto de la habilitante es indeterminado | Foto Archivo

Alegan que el texto del proyecto es amplio y que le permitiría al presidente legislar en materias que no le corresponden

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A pesar de que aún no se aprueba la ley habilitante solicitada el 8 de octubre por el presiente Nicolás Maduro, la ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Cecilia Sosa y el constitucionalista José Vicente Haro solicitaron que el Tribunal Supremo de Justicia ordene que se devuelva el proyecto de ley al despacho presidencial para que se establezcan “concretamente” las materias sobre las que se pretende legislar.

“La ley exige que un instrumento como la habilitante determine las materias de forma específica. Este proyecto presentado en la Asamblea Nacional es indeterminado”, denuncia Sosa.

Admite que en el texto de la habilitante se mencionan los ámbitos en los que se quiere legislar. No obstante, la abogada aclara que los términos son amplios y además se faculta al presidente para dictar leyes de carácter penal y tributario. “Esas son atribuciones exclusivas de la AN”, explica.

José Vicente Haro reconoce que La Sala Constitucional solo admite amparos basados en hechos. Y añade: “Es más que un hecho público y comunicacional que todas las instituciones están en búsqueda del diputado 99; esto se constituye como un hecho, de modo que no tienen ningún argumento jurídico para rechazar el recurso”.

Ambos especialistas afirman que no están en contra de la lucha anticorrupción y los problemas de índole económico –ámbitos que incluye la habilitante–, pero alertan que el proyecto debe ser concreto para que no vaya contra la letra de la Constitución.

Medios. “No es coincidencia que una semana antes de presentar la habilitante se haya creado por decreto el Cesppa. Pensamos que el proyecto de ley puede darle más atribuciones a este órgano de inteligencia para limitar el acceso a la información”, afirma Haro.

Sosa señala uno de los aspectos del artículo 1 del proyecto de ley: “Establecer mecanismos estratégicos de lucha (…) en lo económico, lo político y lo mediático”.

Advierte que la redacción no es clara en qué mecanismos se crearán, cuáles serán sus alcances y cómo se implementarán.

Consideran que estos conceptos abarcan tantas áreas sensibles que no pueden estar bajo la responsabilidad de una sola persona.

Indican que, si es aprobada la habilitante, puede crearse una ley de clasificación y desclasificación de documentos sin debate alguno a través de la AN, lo que podría restringir el acceso a la información de interés público.