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Sistema biométrico no soluciona falta de producción

Los anuncios oficiales han generado incertidumbre en distintos sectores de la sociedad | Foto: Eleonora Delgado/El Nacional

Los anuncios oficiales han generado incertidumbre en distintos sectores de la sociedad | Foto: Eleonora Delgado/El Nacional

Pietro Cenicola, del gremio de comerciantes y empresarios de Táchira, observa que no está claro quién asumirá el costo de los equipos

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El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Táchira, Aceta, Pietro Cenicola, señaló que el reciente anuncio gubernamental de implementar un sistema biométrico o captahuellas para comprar alimentos y productos, con el fin  de combatir el contrabando y el bachaqueo, no ataca el problema de fondo, que es de producción.
“No se está haciendo nada para incrementar el emprendimiento y la inversión en el país y reducir los niveles de desempleo, que en el caso de Táchira ronda las 410.000 personas”, dijo Cenicola.
Afirmó que no está claro si el costo de esos equipos de captahuellas sería asumido por el gobierno o correspondería a los empresarios y comerciantes. Tampoco si hay suficientes técnicos para evaluar e instalar los equipos en toda la red de comercios.
 La posición de los agremiados de esa asociación es clara:
“No están de acuerdo porque supone una intervención más a la empresa privada, y los sistemas informáticos son propios de las empresas. Allí hay una data importante que se puede extraviar. Es delicado intervenir sobre eso. El gobierno tiene mucha presión en el sentido de que necesita de alguna manera que la comunidad obtenga el producto, y la principal preocupación de esta asociación son los consumidores, a los cuales nos debemos y no están recibiendo los niveles de servicio en cuanto a abastecimiento de productos”, señaló Cenicola.
Ha transcurrido más de una semana de la implementación de las restricciones nocturnas en la circulación de vehículos y personas por los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela para frenar la fuga de productos y alimentos al país vecino, pero  hasta el momento, según el vocero de los comerciantes y empresarios de Táchira, no se han visto los efectos.
“Los resultados no han sido los esperados. En realidad en los expendios continúan faltando las mercancías y la gente sigue haciendo cola. Hay rubros básicos como el aceite, la leche y el azúcar que no aparecen. Independientemente de lo que esté pasando, a nuestros clientes no les estamos dando el servicio que debemos darles”, expresó.
 
Comunicación cero. Parte de los productos y alimentos decomisados como presunto contrabando  durante el cierre de la frontera fue utilizado en los envíos de ayuda humanitaria a los afectados por el conflicto en Gaza, de acuerdo con información suministrada  la semana pasada por Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB.
Los comerciantes y empresarios en Táchira tienen propuestas, pero no las han podido enviar  a los funcionarios castrenses a quienes el gobierno les asignó la responsabilidad de anunciar y ejecutar las últimas medidas en la frontera con Colombia.
“Una de las debilidades en nuestro sistema económico es que hay una desvinculación absoluta entre la empresa y el gobierno. No hay mecanismo por el cual, de alguna manera, podamos tener un franco diálogo continuo y sincero. Estamos casi que a las órdenes de lo que diga el gobierno. No ha habido ninguna comunicación entre nosotros. Por muy apreciable que pueda ser la ayuda que le podamos dar a otros pueblos necesitados, aquí también hay bastante necesidad”, concluyó.

Sin resultado

Pietro Cenicola, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Táchira, recuerda la implementación del tag de compra de gasolina  y pregunta qué se ha reducido con el chip. “Sabemos que el combustible sigue cruzando la frontera. Con el sistema biométrico posiblemente nos vamos a encontrar con que las mercancías que se pretenden regular van a cruzar la línea fronteriza”.
En diciembre de 2013 el decreto 600 de la Gobernación de Táchira, que duró 12 días, pretendía regular la venta de artículos, alimentos, vestido y calzado para frenar la fuga hacia Colombia.