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Sancionada reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

Freddy Guevara | Foto cortesía

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El diputado Freddy Guevara, explicó que la Reforma comprende cuatro aspectos clave dentro de la administración pública venezolana: nepotismo y demás formas de conflicto de interés; inhabilitaciones políticas; rendición de cuentas; y el fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal y de los órganos que lo integran

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La Asamblea Nacional aprobó este martes en segunda discusión la Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con el voto de la mayoría calificada del Parlamento.

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y proponente de la iniciativa, diputado Freddy Guevara, explicó que la Reforma comprende cuatro aspectos clave dentro de la administración pública venezolana: nepotismo y demás formas de conflicto de interés; inhabilitaciones políticas; rendición de cuentas; y el fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal y de los órganos que lo integran.

“Por primera vez en el marco jurídico venezolano se introducen regulaciones y sanciones en materia de conflictos de intereses, tales como el nepotismo; la prestación de servicios personales por parte de quienes hayan sido titulares de los órganos de control fiscal a aquellos entes que estuvieran bajo su control dentro de los cinco años siguientes a su cesación en el ejercicio de dicho cargo; y el empleo de bienes públicos para la promoción de una gestión, de organizaciones con fines políticos o de grupos de electores”, señaló.

Del mismo modo, la Reforma aprobada restituye los derechos políticos de numerosos líderes políticos de todo el país, quienes fueron inhabilitados por la Contraloría General de la República en años anteriores sin apego al marco jurídico venezolano.

En ese sentido, el texto estipula que las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República estarán restringidas únicamente a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, con lo que se suprime la potestad del Contralor de acordar tales sanciones para la postulación, la elección y el ejercicio a cargos de elección popular.

“Las inhabilitaciones deben ser para castigar la comisión de delitos de corrupción a cargo de funcionarios públicos a todo nivel, y no para ser utilizado como arma para la retaliación política y el pase de factura a funcionarios o candidatos contrarios a los intereses del gobierno. Debemos poner fin a la política perversa empleada por este régimen de inhabilitar a adversarios políticos por temor a ser derrotado en elecciones”, sentenció.

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal también incluye un conjunto de medidas para fortalecer dichos mecanismos, tales como la sujeción de la función de control a la planificación anual que deberá tomar en cuenta los planteamientos de otros Poderes Públicos, las denuncias recibidas y proyectos en los que se haya invertido la mayor cantidad de recursos, con el objetivo de disminuir la inefectividad de los planes de fiscalización de la Contraloría.

“En Venezuela la corrupción mata. Tenemos la obligación moral y política de ponerle fin a esa situación, en donde no hay comida ni medicinas porque el dinero destinado para su producción o importación se los robaron unos privilegiados. La Contraloría General de la República debe estar al servicio de la salvaguarda del dinero de los venezolanos, no de la defensa de los intereses de un grupito que se colocó una boina roja para robar en nombre de los pobres”, destacó.