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San Miguel desconocía proceso en su contra

El jueves pasado el Tribunal 13° de Control acordó, a solicitud de la Fiscalía, interceptar el correo de la directora de Control Ciudadano

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Desde el jueves de la semana pasada reposa en el expediente del caso que se sigue contra Ana María Abreu por supuesta fuga de información de Miraflores una orden de investigar a Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano y cuñada de Abreu, a pesar de que no es imputada en dicha causa ni fue notificada de que cursaba una investigación en su contra para ejercer su derecho a la defensa.

San Miguel acudió ayer al Palacio de Justicia junto a Carlos Nieto Palma para nombrarlo su abogado y proceder a defenderse del procedimiento que se le sigue.

El 13 de septiembre el Tribunal 13° de Control Penal de Caracas acordó a solicitud del Ministerio Público –que actuó por requerimiento del Sebin– que la cuenta personal de correo electrónico de San Miguel fuera interceptada, informó Nieto Palma.

“Nos enteramos el miércoles porque revisamos el expediente de Abreu para hacerle seguimiento, y la solicitud fue anexada en ese expediente, pero nunca fuimos notificados”, indicó el abogado.

“A partir de este momento Rocío está imputada implícitamente”, explicó Nieto Palma. Acotó que antes de dicha orden San Miguel sólo había figurado en la causa como defensora de Abreu.

La imputación implícita, explicó San Miguel, es una figura estipulada en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. “Frente a la imputación implícita –referida a la intervención de correos, teléfonos o cualquier otro medio de comunicación en contra de una persona– el TSJ prevé que debe garantizarse el derecho a la defensa y a nombrar abogados del ciudadano que así haya sido imputado, por tanto tenían que haberme notificado”, aseveró.

La directora de Control Ciudadano aseguró que no tiene ninguna vinculación con el caso de una supuesta fuga de información desde Miraflores.
“Le reitero al general Miguel Rodríguez Torres, director del Sebin, que si tiene alguna inquietud en torno a la labor que realizamos en Control Ciudadano estamos en la disposición de aclararla gustosamente en la sede del Sebin o en nuestras oficinas”, dijo.

Informó que ayer enviaron una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar lo ocurrido. Esto a propósito de que en enero la CIDH ordenó al Estado venezolano otorgar medidas cautelares a favor de San Miguel.

El Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas divulgó un comunicado en el que, a propósito de lo ocurrido con San Miguel, exige a las autoridades garantizar la labor de los defensores de derechos humanos.