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San Cristóbal, ciudad con rostro de posguerra

Los vecinos dicen que con los allanamientos los quieren intimidad | Cortesía Vecinos de Pueblo Nuevo

Los vecinos dicen que con los allanamientos los quieren intimidad | Cortesía Vecinos de Pueblo Nuevo

En la capital del estado hay soldados y tanquetas en cada esquina, y helicópteros la sobrevuelan

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Basta recorrer San Cristóbal por un par de horas para sentirse inmerso en una especie de estado de excepción. En cada esquina se observan grupos de militares de guardia, otros recorren las calles en motos. Es normal, mientras se espera que cambie la luz de un semáforo, tener al lado una tanqueta. Helicópteros sobrevuelan cerca de las casas. “Cuando llegaron todos esos militares (algunos aseguran que 3.500) supimos que no podíamos aguantar”, cuenta Roosevelt Villegas, residente de la capital tachirense que ha sido tocado por la represión del gobierno.

Villegas es un flaco de facciones finas que caminaba por la urbanización Los Teques con una caja para recoger dinero con el fin de comprar insumos y ayudar con la operación de una adolescente de 16 años de edad: un disparo de perdigones de la Guardia Nacional Bolivariana le destrozó un seno. Villegas lleva una mano vendada que está hinchada aún. Se la operaron para extraerle un perdigón. Tiene otro en la espalda que no se va a sacar y todavía conserva varios puntos para cicatrizar la herida que tiene a centímetro y medio del ojo izquierdo.

Guardias nacionales que recorren la urbanización a pie lo detienen. “¿Qué lleva en esa caja?”, le preguntan. El joven de 28 años le explica. “Algo estaría haciendo la muchacha”, le responde el guardia. “No lo sé, pero ante todo es una dama”, agrega Villegas a quien, luego de revisarlo como a tantos, dejan ir. Es un ingeniero industrial que lideró la protesta en San Cristóbal que durante dos meses se adueñó de la ciudad.

En todo Táchira se repite la historia. La GNB, el Cicpc y el Sebin realizan allanamientos (la gente asegura que van más de 1.000) para intimidar a todo el que protestó. Vecinos de Pueblo Nuevo o Barrio Sucre, donde los funcionarios han entrado a las casas, afirman que la intención es amedrentar. “No le vamos a hacer nada, es solo para que los chinos (muchachos) no vuelvan a salir”, le dijo un funcionario del Cicpc a una mujer en Barrio Sucre cuanto entró a su casa.

En zonas como Barrio Sucre enfrentaron a los más de 3.000 militares que envió el gobierno. Ese sector, de casas pequeñas y edificios sencillos, bautizado como “sucrania” por algunos, fue el que resistió más tiempo la represión. Parece una ciudad de posguerra: vidrios rotos, piedras en el pavimento, alcantarillas levantadas, postes caídos y semáforos arrancados.
 
La estrategia

Los que protestaban dormían por turnos. Los que vigilaban avisaban a los vecinos sobre la cercanía de los guardias o los colectivos. A Barrio Sucre los guardias llegaron el 30 de marzo en la madrugada. Pasadas las 3:00 am sonó la trompeta y los gritos: “Vienen los hijueputas”. En ese momento la gente se despertó y salió a defender la zona. Un grupo de muchachos se acostó detrás de la barricada principal y otro encaró a los guardias. Cuando los funcionarios se acercaron, confiados por los pocos jóvenes que veían, se encontraron con los que aguardaban detrás de la barricada, que tenían bombas molotov en la mano. Desde los edificios les lanzaban los “popotov”, bolsas llenas de excrementos que al caer hacían vomitar a los guardias. El enfrentamiento duró horas. Pero la cantidad de tanquetas y soldados los sobrepasó: el gobierno controló la última zona que necesitaba para despejar la ciudad.

Hoy no existen calles con barricadas. En Barrio Chino, una planicie en el norte de la ciudad, descansan los restos de las “trincheras de libertad”, incluso el famoso contenedor que movieron para trancar una calle de Pueblo Nuevo. “Necesitaron cientos de militares para moverlo, cuando solo 20 muchachos lo pusieron allí, eso es una vergüenza”, dice una vecina de la urbanización Camino Real (donde murió Jimmy Vargas), que prefirió reservar su identidad.
Pero la brutal represión para acabar con las barricadas, los allanamientos y las detenciones posteriores solo hace que “los gochos” estén más molestos. Si salieron a protestar por la escasez, la inflación, la inseguridad y el contrabando que padecen cada día, ahora tienen un nuevo motivo. “Esta calma es de tensión. Nos da un respiro para reponernos y comenzar la fase 2. Esto apenas está comenzando”, afirma Villegas.

En una protesta en el Obelisco que realizaron el jueves, el dirigente estudiantil de Táriba Miguel Galieta aseguró que esperarán a que los militares se vayan para volver a trancar la ciudad: “El fin de esto es el cambio del gobierno. Esperamos que esto despierte a otros estados. Fuimos ejemplo ante Venezuela y lo volveremos a ser”.¿Cuál es la fase 2 de la protesta? No es improvisado. Todos los municipios mantienen el contacto. Villegas no puede contar la estrategia, pero adelanta algo: “Las barricadas vuelven, pero con sacos de arena, que mantendremos mojados. Levantar esos sacos cuesta, la idea es que se cansen. La idea es colocarlos y retirarnos. Eso es como con la novia, uno no puede estar siempre allí. Hay que alimentar el deseo”.

Apodada “Lola”
 
El martes primero de abril el Cicpc allanó 20 casas en la parte alta de Barrio Sucre. ¿El motivo? “Se presumía” que en los inmuebles había pólvora, juegos pirotécnicos, lanzamorteros, gasolina, botellas, armas de fuego, celulares y cualquier otra evidencia de interés criminalístico.

A la casa de Lola Molina llegaron los funcionarios con una orden de allanamiento que no tenía ni su nombre, sino que decía: “La ciudadana apodada Lola”. Molina asegura que no le encontraron nada ni a ella ni a otro vecino. Detuvieron a dos mujeres: una porque se negó a abrir debido a la “extraña orden de allanamiento” (en su casa no había nada) y a otra, porque su hija fotografió a los funcionarios con un celular. También detuvieron a los hermanos Gerson y Diego Manrique Rubio porque tenían pistolas de paintball en su casa.

Molina se pregunta quién dio los nombres. En Barrio Sucre y en cada zona que protestó, aseveran los vecinos, los oficialistas que allí residen hacen listas de quienes manifestaron para entregárselas a los cuerpos de seguridad. “Los sapos”, los llaman en San Cristóbal.