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SIP: En Venezuela la libertad de expresión está seriamente afectada

Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Brasil

Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Al término de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa se determinó que el hermetismo con que se manejó el estado de salud del difunto Presidente derivó en un ambiente general de incertidumbre política en el país

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dejó por sentado en su informe de medio año que la libertad de expresión y de prensa se vieron seriamente afectadas en los últimos meses del año 2012 y principios de 2013 en Venezuela.

Al término de la reunión de la SIP, la cual se realizó entre el 8 y el 11 de marzo, se determinó que el hermetismo con que se manejó el estado de salud del presidente Hugo Chávez derivó en un ambiente general de incertidumbre política en el país.

Ratificaron que el difunto presidente Chávez estuvo fuera de toda aparición pública desde que partió el 10 de diciembre a Cuba para someterse a una delicada intervención quirúrgica, aunque el 18 de febrero se anunció su regreso al país para seguir su tratamiento en el Hospital Militar de Caracas.

En el informe se afirma que el Gobierno justificó tal hermetismo, incluso desde su regreso al país, en la privacidad personal y el derecho que todo ciudadano tiene al respeto de la intimidad familiar. "Sin embargo en cualquier país del mundo, la salud del Presidente es un asunto de indudable interés público y de legítima cobertura periodística", reza el documento.

A continuación lea el resto del informe:

La única fuente autorizada procedió de la Vicepresidencia y de algunos ministros, quienes anunciaban "alivios, mejorías y gravedad" mediante partes oficiales. La muy resumida información generó todo tipo de rumores que se intensificaron a través de las redes sociales.

La oposición ha dicho que la actitud del Gobierno obedeció a un discreto manejo informativo donde no se dijo toda la verdad, lo que generó incertidumbre y confusión, y criticó además que se impidiera la designación de una Junta Médica que evaluase al Presidente y expusiera con exactitud lo que le estaba ocurriendo.

Sectores de oposición también señalaron que se amenazó a los medios independientes que intentaron comunicar sobre el tema o poner en dudas los informes oficiales. Acusaron además, que el exceso de propaganda a través de los medios gubernamentales pretendía crear un ambiente de normalidad.

El vicepresidente Nicolás Maduro y el ministro de Información Ernesto Villegas, entre otros altos funcionarios, incriminaron a la oposición y a los medios independientes de torpedear sus objetivos, con desestabilización y obstrucción a sus intenciones de “hacer una patria grande y socialista”, así como de estropear la paz y tranquilidad de la sociedad.

Igualmente atribuyeron que tal confabulación criminal y sin límites se valió de la prensa mundial, dando como ejemplo la divulgación de la fotografía falsa y en primera página que publicó el diario español El País, el 24 de enero.

El Gobierno siempre denunció que se "quiso crear una crisis institucional, con campañas informativas perversas" respecto a la salud del Presidente. Lejos de admitir alguna crítica, el 26 de febrero el vicepresidente dijo que en el país "hay libertad de expresión y que se respeta la diversidad de opiniones".

Con relación a otros hechos, a finales de 2012, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) condenó de manera enérgica la presión que está ejerciendo el Estado hacia medios de comunicación que tienden al cierre de programas de opinión, retiro de periodistas que cubren dichos espacios y le exigen una "adecuación de tono" de su línea editorial. El CNP lamentó además que dueños de medios cedan ante las presiones orientadas a silenciar las voces disidentes.

Papel periódico

De igual manera el Bloque de Prensa Venezolano le exigió al gobierno eliminar las restricciones para la compra de papel periódico. "Se cambiaron las condiciones para su importación, obligando a los medios a solicitar un certificado de no producción nacional para poder acceder a las divisas de Cadivi, pero dicho certificado del Ministerio de Industria y Comercio, tarda meses en llegar, acogotando así a los periódicos pequeños de provincia".

En agosto pasado el Gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial número 39.980, que excluye el papel periódico de la lista de insumos de primera necesidad, dejando a un lado la prioridad en el otorgamiento de divisas de Cadivi.

Persecución Periodística

En cuanto a acoso, amenazas y discriminación en las fuentes, se hace más difícil el acceso a la información pública, se mantienen las restricciones a los periodistas de medios independientes a las oficinas gubernamentales y eventos oficiales, de igual forma continua la impunidad en los casos de agresiones a periodistas.

De cada ocho casos denunciados; siete han sido declarados inadmisibles.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, aseguró que las violaciones a la libertad de expresión durante el 2012 aumentaron 37% y que en el 58% de los casos reportados involucran a funcionarios públicos.

La sede del CNP del estado Miranda fue incendiada por desconocidos el 30 de noviembre, también fue asaltada la sede del diario El Carabobeño en Caracas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia impuso multa a los diarios El Progreso y El Luchador del estado Bolívar, por publicar fotos de asesinatos y accidentes.

Desconocidos destrozaron la estación de enlace de microondas de TV Guayana. Además se impusieron procesos sancionatorios a la televisora La Tele y las radios FM 91.9 y 96.9, por no “pegarse” a cadena donde informaban sobre la salud del Presidente.

A todo este panorama sombrío se une el asedio a Globovisión con bandas motorizadas y se le impuso un nuevo procedimiento administrativo sancionatorio por difundir cuatro micros sobre el articulado de la Constitución.

A fines de febrero de este año el gobierno Nacional realizó el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta en alocución por cadena nacional de radio y televisión. Globovisión mientras tanto acusó al gobierno de “discriminación”, al no contemplarlo entre los canales y ser considerado solo un análogo. Globovisión opinó que se trata de su “sentencia de muerte”.

Días después, el diputado Miguel Ángel Rodríguez advirtió que es obligatorio denunciar esta decisión como un paso en la estrategia de coartar la difusión de informaciones y opiniones críticas al gobierno nacional y agrego: "Con la Ley de Comunicación Popular, se avecina el fin de la libertad de información".

Aún permanece cerrada RCTV, 32 estaciones de radio y dos de televisión; y se persigue judicialmente a periodistas y dueños de medios obligándolos a permanecer en el exilio, entre ellos el editor de la revista Zeta y el diario El Nuevo País Rafael Poleo y su hija Patricia Poleo, y al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. Sobre El Nacional permanece la prohibición impuesta en el 2010 por la publicación de fotos relacionadas con violencia.