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Relatores de la ONU quieren venir a Venezuela a fomentar el diálogo

El relator sobre la Libertad de Expresión advierte que los militares están entrenados para vencer y aniquilar al enemigo | Foto EFE

El relator sobre la Libertad de Expresión advierte que los militares están entrenados para vencer y aniquilar al enemigo | Foto EFE

Frank la Rue advirtió que la cobertura periodística de las manifestaciones no puede calificarse de instigación al odio. Pidió mayores garantías para el ejercicio del periodismo en Venezuela y rechazó las limitaciones para importar papel

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El relator especial sobre la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank la Rue, considera que la muerte de 18 venezolanos durante las protestas en varias ciudades y pueblos del país revela “una verdadera crisis de expresión” que debe resolverse de inmediato a través del diálogo.

Desde Guatemala, vía telefónica, expresa su preocupación por las denuncias de represión a manos de militares y el uso de la justicia penal para intimidar a los ciudadanos. Es enfático al rechazar que el derecho a la manifestación pacífica se confunda con delincuencia organizada o terrorismo. Exige al gobierno que ofrezca garantías para el ejercicio periodístico sin discriminaciones ni represalias. Está convencido de que en momentos de crisis el derecho a estar informado es más valioso.

 

¿En qué consiste su preocupación?
—La manifestación  pacífica es una parte inherente de la libertad  de expresión, y el uso de la fuerza debe estar reducido exclusivamente a limitar actos de violencia o de pillaje si los hubiera. En el caso de Venezuela, nuestra preocupación tiene que ver con los niveles de violencia en las manifestaciones. Cabe hacer un llamado a los funcionarios encargados de mantener el orden, pues no es su función interrumpir o frenar la expresión de sectores sociales. Hemos visto muchas detenciones arbitrarias, porque la reacción inmediata es detener a cualquiera que parezca sospechoso. Eso, en general es una mala práctica que causa una reacción negativa entre la población. Las personas que estén en esas circunstancias deben ser liberadas a la mayor brevedad para que la detención no se convierta en un factor de intimidación a la expresión.

¿Qué valor tiene la libertad de expresión en momentos de crisis?
—En los momentos más críticos de la vida de un país es muy  importante que la prensa pueda operar con entera libertad. La sociedad tiene el derecho de estar plenamente informada, al igual que la comunidad internacional. Por supuesto que va a haber diferencias de opinión y de visión editorial, pero esas diferencias no permiten silenciar a nadie. En los momentos de crisis, por el contrario, es cuando debe darse  fluidez total a la labor periodística para que todo reportero y todo medio puedan cumplir con su misión. Yo diría que lo importante en estos momentos críticos  es garantizar que exista la mayor diversidad de medios y pluralismo de ideas.

76 periodistas han sido agredidos y 19 de ellos detenidos durante la cobertura de las protestas.
—Quienes más sufren son los camarógrafos y fotógrafos. Primero, porque se les identifica con mayor facilidad, y segundo porque se les rompen o incautan las cámaras y equipos. En la comunicación social del siglo XXI la imagen visual cobra mayor relevancia. Es importante que los reporteros audiovisuales trabajen con entera libertad sin temor a sufrir daños físicos o a perder sus equipos.

¿De qué manera se ha enterado de lo que ocurre en Venezuela?
—Porque a Ginebra, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, han llegado informes y he tenido acceso a imágenes a través de cadenas internacionales.

En Venezuela van 19 días de protesta y 18 personas muertas. ¿Qué significa que el derecho a la manifestación no esté plenamente garantizado en el país?
—En un par de días se emitirá un pronunciamiento conjunto de varios relatores de la ONU, de diferentes mandatos, sobre la situación de Venezuela. Nos parece que 18 muertos es un número elevadísimo. Es absolutamente lamentable y apunta a una verdadera crisis de expresión que debe resolverse con un diálogo inmediato.

¿Específicamente qué relatores se pronunciarían de manera conjunta?
—Por lo pronto, dos hemos estado de acuerdo: el relator sobre el Derecho a la Asociación, Maina Kiaia, y yo, en la Relatoría sobre la Libertad de Expresión. En materia de manifestaciones, ambas relatorías trabajamos en conjunto. Los demás están analizando el pronunciamiento para decidir si lo suscriben.

¿Qué implicaciones tiene la intervención de funcionarios de las Fuerzas Armadas en labores de control del orden público?
—Algunos informes de las ONG remitidos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en Ginebra, indican exceso en el uso de la fuerza pública. Hemos sabido que el gobierno arrestó a algunos funcionarios por esos excesos, lo cual nos parece bien. Pero lo más importante es que se den las instrucciones para evitar que eso vuelva a suceder. Han sido innecesarios los daños sufridos. Los cuerpos de seguridad deben cambiar de política por una de vigilancia del orden público sin reprimir a los manifestantes. Si hay algún delito se debe proceder conforme a la ley, pero sin represión. En cuanto al Ejército, considero que la seguridad interna de un país debe ser estrictamente civil y no vincularse con la fuerza armada, porque no está entrenada para esa función. Se crean problemas de legitimidad ante la opinión pública e inevitablemente se va a parar en algún tipo de exceso, porque el entrenamiento que han recibido los militares consiste en vencer y aniquilar al enemigo. No es el caso con temas sociales. En una sociedad democrática la seguridad debe ser civil y con control del sistema de justicia.

Provea ha señalado que los cuerpos de seguridad del Estado han actuado en coordinación con grupos paramilitares. ¿Qué opina?
—He visto ese alegato de varias organizaciones. No podría asegurar si es cierto o no. Lo que sí puedo afirmar, con fundamento a los principios internacionales de derechos humanos, es que si no es admisible la intervención de fuerzas militares menos aún de fuerzas paramilitares, pues constituyen una instancia innecesaria de provocación que inevitablemente va a parar en una crisis violenta.

Se han documentado por lo menos 33 casos de tortura y no hay confianza en una investigación imparcial de la Fiscalía.
—Estos casos han sido reportados al relator especial contra la tortura de la ONU, Juan Méndez. Se que va a haber un pronunciamiento. Yo sí reiteraría que las personas detenidas en manifestaciones, cualquiera sean las circunstancias, deberían ser liberadas lo más pronto posible, porque eso facilitaría un diálogo para resolver la crisis.

Las ONG han denunciado un aumento de la criminalización de la protesta. Argumentan que no solo se detiene a los manifestantes y se les somete a proceso penal, sino que se les imputan delitos establecidos en leyes contra la delincuencia organizada y el terrorismo.
—Uno puede estar de acuerdo o no con una manifestación, pero nada permite utilizar la fuerza innecesariamente ni penalizarla o criminalizarla. Si alguien comete un delito de vandalismo en el desarrollo de una marcha se supone que ello está regulado en el ordenamiento jurídico interno y se debe proceder en consecuencia, pero los eventuales desórdenes que produzcan no pueden ser considerados delitos contra la seguridad nacional. Es peligroso porque significa retroceder a un tipo de debate político signado por el enfrentamiento que no contribuye a crear las condiciones para un diálogo. Además, es una consideración injustificada porque no constituyen amenazas a la seguridad nacional y no deben ser tratadas como tales.

En el entendido de que la manifestación es una forma de expresión, ¿qué protección le puede brindar la Relatoría de la ONU a los venezolanos que están saliendo a las calles a protestar?
—La Relatoría envió una carta privada al gobierno venezolano en la que se le refieren las denuncias recibidas para escuchar sus respuestas. El propósito de esto es pedir explicaciones y entablar un diálogo. Esperamos que esta carta sea respondida a la mayor brevedad. Es la oportunidad para que las autoridades ofrezcan su versión de los hechos. Si en un momento dado la presencia de los relatores en Venezuela es oportuna para favorecer el diálogo en procura de soluciones, estoy seguro de que yo y cualquiera de mis colegas relatores estaríamos totalmente dispuestos a viajar al país con la anuencia de todas las partes.

¿En qué fecha y a qué destinatario fue enviada esa carta?
—La semana pasada, y se remitió a la cancillería venezolana.

¿Ustedes han solicitado la autorización del gobierno para visitar Venezuela?
—Lo queremos plantear en el comunicado conjunto que estamos preparando, como lo estoy planteando personalmente a través de esta entrevista. Claro está, nuestra intención es facilitar soluciones y no, simplemente, hacer comentarios.

El 11 de febrero Conatel emitió una resolución en la que amenaza con sanciones a los medios audiovisuales y electrónicos por la cobertura que pudieran hacer de las protestas. Se les advirtió que podrían incurrir en apología del delito e incitación al odio, y que serían sancionados por ello.
—Lo que se llama discurso del odio, que constituye una incitación a la discriminación y a la violencia, está clarísimamente proscrito en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero también está clarísimamente tipificado que se trata de incitar a un daño directo y real que conduzca  a discriminación de sectores sociales o actos de violencia por razones de raza, religión o nacionalidad. Una cobertura periodística no puede ser confundida con ese tipo de hechos. Un periodista puede incitar al odio, como ocurrió en el caso de Ruanda donde hubo incitación al genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo. Pero hay  que ser muy claros en diferenciar lo que es incitación al odio y la violencia de lo que es una cobertura noticiosa. Nunca se pueden confundir. La cobertura que se da a noticias reales, en tiempo real, nunca puede ser entendida  como incitación al odio. Son acontecimientos sobre los cuales todos tienen derecho a estar enterados. Eso es un mal uso del concepto de incitación que tiende a generar autocensura. 

El gobierno acordó sacar del aire el canal colombiano NTN24, que se trasmite por cable y era el único que le estaba dando cobertura a las protestas. El presidente Maduro dijo que era una decisión de Estado. Por otro lado, a la periodista Patricia Janiot, enviada especial de CNN, le revocaron credenciales para trabajar en Venezuela y la conminaron a salir del país. El gobierno acusa a CNN de desestabilizar el país.
—No conozco personalmente la cobertura que esos medios hicieron, pero con fundamento en los principios es importante aceptar todo el trabajo periodístico que hagan los comunicadores sociales venezolanos, como también el de los corresponsales extranjeros. Creo  que puede haber coberturas de mucha calidad y coberturas de menos calidad, pero no es la calidad lo que está en discusión sino el ejercicio del periodismo que debe ser protegido.

Papel, mecanismo de presión
La Rue, que en otras oportunidades ha manifestado su inquietud por las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información en Venezuela, se refirió a las limitaciones para la importación del papel periódico que ha causado el cierre de seis periódicos y la drástica disminución de la paginación y el tiraje de casi todos los diarios del país.

“Hay que tener cuidado con los mecanismos de presión y de control, porque hay muchas formas de presionar y limitar el trabajo de la prensa sin que necesariamente se trate de contenidos. En general, siempre se mencionan como ejemplo de esas limitaciones el manejo de la publicidad oficial para premiar a unos y castigar a otros, la discrecionalidad en la asignación de concesiones de frecuencias radioeléctricas o las dificultades para el suministro de papel periódico. El tema del papel puede ser ciertamente un mecanismo de limitación de la libertad de prensa”, señaló el relator sobre la Libertad de Expresión de la ONU.