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Relator reiteró petición a Maduro para que permita visita de la CIDH

Felipe González (Chile), relator especial para Venezuela | Foto EFE / Archivo

Felipe González (Chile), relator especial para Venezuela | Foto EFE / Archivo

“Los gobiernos, por más revolucionarios que sean, pasan”, dijo el representante de Brasil. El SNTP denunció que periodistas trabajan sin protección del Estado

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Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA destacaron la necesidad de verificar in situ la situación de Venezuela, país al que no han podido viajar en misión oficial desde 2003.

Ayer, durante las tres audiencias dedicadas a Venezuela como parte del 153° Periodo de Sesiones de la CIDH, los representantes de Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay y México enfatizaron en la obligación de los Estados miembros de la OEA de garantizar el respeto de los derechos humanos.

En la jornada se analizó la situación general de los derechos humanos, la independencia del Poder Judicial y las violaciones de la libertad de expresión.

El representante de Chile, Felipe González, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a reconsiderar el impedimento para una visita de la CIDH: “La tendencia en los Estados de la OEA en los últimos diez años ha sido de permisividad creciente para las visitas de la Comisión. Nueve Estados han establecido declaraciones escritas y otros tantos lo han hecho de manera verbal para facilitar estas visitas. Es un punto importante porque básicamente la Comisión se entera de lo que ocurre en Venezuela a través de informes escritos de la sociedad civil y del Estado. Sería mucho mejor poder hacer una visita”, señaló González, quien es además el relator especial para Venezuela.

El representante de Brasil, Paolo Vanucchi, exhortó al gobierno a reconsiderar la denuncia de la Convención Interamericana: “La CIDH siempre insistirá en que Venezuela reconsidere la decisión de denunciar la Convención, una decisión que en lo personal lamenté. Es importante tener en cuenta que los gobiernos por más importantes, históricos o revolucionarios que sean, pasan y las luchas por los derechos humanos se quedan”.

La presidente de la CIDH, la estadounidense Rose Marie Antoine, cuestionó la inexistencia de una ley de acceso a la información pública en Venezuela: “¿Por qué no hay una ley o regulación para esto? Es un principio moderno el que los Estados comprometidos con la democracia tengan un instrumento de acceso a la información”.

El relator para la libertad de expresión, Edison Lanza (Uruguay), fijó posición sobre la necesaria transparencia en la compra-venta de medios de comunicación: “Es cierto que ningún Estado se puede oponer a que haya cambio de titularidad de los medios, pero también es cierto que uno de los estándares para estas transacciones es la transparencia. Los Estados tienen la obligación de que las acciones de los medios de comunicación sean nominativas y se sepa quiénes son los dueños”.

Las ONG. En la jornada de ayer Cofavic denunció ante la CIDH que entre enero y septiembre de este año se registraron 892 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, siendo el CICPC el organismo policial más denunciado por esta causa. La directora de la ONG, Liliana Ortega, señaló que recogieron testimonios de 54 casos de presuntas torturas de personas detenidas durante las manifestaciones; 36 privaciones de libertad y 20 víctimas de hostigamiento en sus residencias. Además, 37% de las víctimas de presuntas torturas fueron mujeres.

José Gregorio Guarena, de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, denunció la persecución y estigmatización del gobierno contra los defensores de derechos humanos.

Antonio Canova y Rosa Rodríguez, de la ONG Un Estado de Derecho, presentaron análisis estadístico y cualitativo sobre las 44.179 sentencias de las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia entre 2005 y 2013. Determinaron que la mayoría de las actuaciones del Poder Judicial en el período estudiado “violan o avalan la violación de los derechos humanos y defienden las posturas, actuaciones y políticas del gobierno”, dijo Canova

“De 20.718 decisiones de la Sala Constitucional solo 9% tuvo que ver con control directo de los poderes públicos. De las 21.598 decisiones de la Sala Político Administrativa ninguna cuestionó medidas, políticas públicas ni actos del presidente. Y la Sala Electoral, en 9 años solo dictó 50 sentencias relacionadas con la elección de cargos públicos”, indicó Rodríguez.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, habló sobre el despido o pérdida de empleo de 289 periodistas por cambio de dueño de medios y escasez de papel, al tiempo que denunció la inexistencia de mecanismos de protección para el trabajo de la prensa. “No hay mecanismos de protección del Estado para los periodistas. Los periodistas somos sometidos al escarnio público por altas autoridades del Estado como el presidente Maduro o el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros altos funcionarios. Hoy estamos consignando ante la Comisión un informe con 20 casos de este tipo”, dijo Ruiz.

El Estado. El representante del gobierno venezolano, Germán Saltrón, cuestionó la legitimidad de las ONG para interpelar a las autoridades elegidas: “No puede ser que ustedes valoren igual a un Estado soberano que a unas ONG. ¿Quién nombra a las ONG? ¿Qué legitimidad tienen para compararse con un Estado? Ninguna”, dijo.

Saltrón, acompañado por Luis Damiani y Luis Britto García, centraron sus exposiciones en desmentir los datos aportados por las ONG y sostener que el gobierno venezolano es víctima de una guerra mediática.

“En Venezuela hay 117 televisoras, de las cuales 64 son privadas, 10 públicas y el resto comunitarias. Hay 1.077 radios, de las que 677 son privadas. Hay también 105 medios impresos, de los que 98 son privados contra 7 públicos. ¿Cómo pretenden una hegemonía comunicacional cuando cuentan con ese cuasi monopolio. Ningún medio ha sido clausurado ni censurado. En Venezuela hay la más absoluta libertad de expresión que puede haber”, acotó en su oportunidad Britto García.

“Lo que no perdonan al TSJ es el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución según el cual Venezuela es un Estado social y de derecho. Tengan la seguridad de que el Estado venezolano seguirá respetando todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. No dejaremos que grupos de presión, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles comprometidas con los intereses del capital frenen la plena efectividad de los derechos humanos y sociales”, aseveró Damiani durante su intervención.