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Reivindican el derecho a la tutela internacional

Expertos consideran que desvinculación de Venezuela de la Convención Americana plantea distorsión entre la Constitución y la práctica

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A un año de la desvinculación de Venezuela de la Convención Americana, luego de que el gobierno formalizó la denuncia del tratado, expertos reivindican la tutela internacional como un derecho.

Carlos Ayala Corao, ex presidente de la CIDH, dijo que a pesar de las dificultades para defender los derechos humanos en el país las víctimas siempre buscarán que se haga justicia.

Aunque Venezuela se apartó del sistema interamericano al denunciar el Pacto de San José, señaló, la Constitución establece que es un derecho solicitar tutela internacional. El artículo 31 estipula que “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la república, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”.

Ayala Corao enfatizó que la retirada de Venezuela de la Corte plantea una distorsión entre lo que dice la carta magna y la práctica que tiene consecuencias negativas para lograr acceso a la justicia internacional.

“La Sala Constitucional del TSJ ha ido creando una constitución paralela”, expresó.
El jurista advirtió sobre los peligros de un gobierno que, bajo la bandera de la defensa a la soberanía nacional, es capaz de cometer acciones atroces contra los ciudadanos. “La soberanía debe siempre estar limitada por los derechos humanos”, aseguró.

La abogada Tamara Adrián considera que existe complicidad de los países en solidaridad con los gobiernos y no con los pueblo.

“En el momento en que Venezuela denunció la Convención Americana ningún Estado miembros de la OEA, excepto México, fijó posición al respecto”, aun conociendo que víctimas de violación de derechos humanos en Venezuela no tendrían la oportunidad de ser escuchadas por un tribunal imparcial.

Sin embargo, el país no queda eximido de las obligaciones de respetar y promover los derechos consagrados en la Convención, pues la CIDH seguirá monitoreando la situación de los derechos humanos en a través de las audiencias temáticas, el informe anual y eventualmente informes especiales.

Los analistas coinciden en que algunos países de América Latina intentan debilitar el sistema interamericano, pero es necesario documentar las violaciones de los derechos humanos que se cometan. Venezuela es el segundo país en denunciar la Convención. Solo Trinidad y Tobago lo había hecho antes, por la inclusión sobrevenida de la pena de muerte en su ordenamiento jurídico.