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Rechazan militarización de conflictos laborales

El miércoles en la tarde Sidor fue militarizada

Provea indica que el Ejecutivo cambió el diálogo y la búsqueda de consensos por la militarización | Foto Archivo El Nacional

Provea indica que leyes orgánicas como la de Seguridad de la Nación y para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, permiten a los tribunales penalizar a quienes ejercen la huelga

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Los últimos dos años, el gobierno ha militarizado en cuatro ocasiones los conflictos laborales más importantes de las empresas básicas de Guayana, dentro de la doctrina del presidente Nicolás Maduro de criminalizar la protesta en lugar de brindar una salida democrática a la situación, informó Provea en nota de prensa.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos señala 3 incursiones de la Guardia Nacional Bolivariana en 2013 en Ferrominera Orinoco para sofocar 2 huelgas por el despido de un grupo de trabajadores y la discusión del contrato colectivo y, en Minerven, para impedir el paro de 45 días por reivindicaciones salariales y contra el deterioro de la empresa.

Sobre el actual conflicto de la Siderúrgica del Orinoco, Provea indica que el Ejecutivo cambió el diálogo y la búsqueda de consensos por la militarización para poner a funcionar las áreas de Sidor paralizadas durante 13 días, luego de la imposición de un contrato colectivo que el Sindicato Nacional de Trabajadores Siderúrgicos y Similares desconoce.

En este contexto, el viernes fueron detenidos los trabajadores Rederick Leiva, Leinys Quijada y Alberto Rojas del Movimiento Revolucionario Orinoco por funcionarios del Sebin en Puerto Ordaz, Bolívar. Los familiares se comunicaron con Provea para denunciar que desconocían su paradero. En la noche localizaron a los detenidos en el Sebin de San Félix.

Provea indica que leyes orgánicas como la de Seguridad de la Nación y para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, permiten a los tribunales penalizar a quienes ejercen la huelga. El caso más emblemático es el de Rubén González, que estuvo 17 meses en prisión. “El derecho a la huelga sigue siendo criminalizado y el gobierno sigue sin atender los reclamos de las y los trabajadores”, concluye.