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RSF: Cesppa atenta contra derecho de estar informado

Expertos encuentran la incorporación de elementos de guerra en el decretp deñ Cesppa que se refiere a enemigos internos | Foto: Archivo

Expertos encuentran la incorporación de elementos de guerra en el decretp deñ Cesppa que se refiere a enemigos internos | Foto: Archivo

El sociólogo José Machillanda y el ex ministro Fernando Ochoa Antich coinciden en que el objetivo es amedrentar

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Reporteros sin Fronteras está preocupado por la discrecionalidad con que se redactó el decreto del Cesppa (Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria). “Una vez más el gobierno prefiere eludirse señalando una presunta ‘actividad enemiga’ que este decreto menciona sin precisar más”, indica en un comunicado.

La organización alerta en el escrito que el nuevo órgano se suma a un marco legal existente, con la intención de socavar el flujo de información de interés para los ciudadanos. “Mientras que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos pone importantes trabas a la libertad de informar, el presente decreto actúa directamente contra el derecho de ser informado, el cual, no obstante está, contemplado por la Constitución”.

Igualmente se pregunta: “¿De qué se puede hablar públicamente sin correr el riesgo de padecer la eterna acusación de ‘desestabilizar el país’ o de ‘atentar contra la seguridad nacional’? ¿El gobierno puede responder a esta pregunta?”.
 
Elementos de guerra. José Machillanda, experto en sociología militar, afirma que la inclusión de elementos de guerra en el decreto pretende profundizar la militarización de la sociedad civil. Considera que el Cesppa es un organismo “dantesco y primitivo” que quiere utilizarse para supeditar la dimensión civil a la lógica militar.

El artículo 7 del decreto presidencial 458 indica que el Cesppa tiene como objetivo “unificar el flujo informativo” para “prever y neutralizar potenciales amenazas”, que, de acuerdo con el artículo 3 del mismo instrumento, están “asociadas a la actividad enemiga interna y externa”.

Machillanda considera que la utilización de la terminología de guerra en tiempos de paz representa una “situación que justifica la militarización del ámbito civil”.
Indica que es absurdo utilizar las categorías de “enemigos internos y externos” en un país que no está en guerra. “Hasta ahora Venezuela no ha recibido declaración de guerra de ninguna nación u organización, de modo que no tiene sentido hablar de ‘enemigos’”.

El general en situación de retiro Fernando Ochoa Antich expresa que el concepto de enemigo interno se le conoce en el ámbito militar como quinta columna. “Esto se refiere a que un grupo interno se alía con otro externo para desestabilizar la seguridad de la nación. Estas categorías son utilizadas en el campo militar cuando existe un conflicto bélico”, explica.
Ochoa Antich dice que el único enemigo externo del país, de acuerdo con las constates denuncias del Gobierno del presidente Maduro, es Estados Unidos. “Sin embargo, no es coherente esa afirmación, porque ¿cómo va a ser Estados Unidos el principal enemigo, cuando es uno de los principales socios comerciales?”, se pregunta.

Agrega que con el nuevo órgano de inteligencia no sólo se quiere profundizar la militarización de lo civil, sino que también se apunta a politizar las Fuerzas Armadas. “Esta situación es contraria a todo régimen democrático sano, en el que el sector militar debe estar bajo el control civil”.
 
Para perseguir y ocultar. La Alianza para la Libertad de Expresión, integrada por varias ONG y gremios de periodistas, señala: “Este nuevo organismo, que viene a sustituir el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), busca limitar, aún más, el ya difícil acceso a la información pública”.

El SNTP hace un llamado al presidente Maduro en un comunicado divulgado ayer: “Ha declarado una ofensiva contra la corrupción. Le recordamos que la falta de transparencia, la negativa a rendir cuentas, el ocultamiento de información, la prohibición del escrutinio de los asuntos públicos actúan justamente a favor de tan oprobioso mal que, coincidimos, frena el desarrollo de nuestro país”.

La Mesa de la Unidad Democrática indica, en otro comunicado, que el gobierno justifica la creación del organismo para ocultar los verdaderos problemas del país. “Es evidente que el gobierno nacional se encuentra en una situación descontrolada, y en medio de ello arremete contra los medios de comunicación para silenciarlos y obligarlos a ser parte de la propaganda y del ocultamiento de la realidad”, asegura la coalición.

Añade que la intención es “perseguir y amenazar a quien pretenda mostrar la verdadera situación que se vive en el país”.
 
Dejan a un lado la figura del Estado  

A Transparencia Venezuela le preocupa que el presidente Nicolás Maduro solicite una ley habilitante y con esto aprovechar la oportunidad de aprobar más leyes con cualquier signo de opacidad contrarios a lo que la lucha contra la corrupción requiere, tal como el decreto de creación del Cesppa.   

El decreto presidencial Nº 458 que establece la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) presenta aspectos de interés como el uso de las palabras “Revolucionario y Revolución Bolivariana” por primera vez en un instrumento legal, para acotar que el nuevo ente responde a intereses de la revolución, dejando a un lado la figura del Estado.

Presenta también  grandes similitudes que, con exactitud, repiten artículos del decreto presidencial 454 de fecha 1 de junio de 2010,  publicado en la Gaceta Oficial N° 39436, mediante el cual se ordena la creación del Cesna y que queda derogado con la nueva legislación.

El nuevo decreto mantiene igual los considerandos y el artículo 9 que dicta la función reguladora de la información conocida por el ente con potestad de clasificarla como de carácter reservada, clasificada o de divulgación limitada, contraria a la Constitución.

Transparencia Venezuela entiende que el único medio para limitar un derecho humano -como lo es el acceso a la información pública - es a través de una ley orgánica que establezca los parámetros, criterios y razones de esa limitación.

La presidencia del Cesppa estaría incurriendo en violaciones graves al derecho a saber con cada decisión que clasifique como reservada, salvo las enmarcadas en el artículo 325 constitucional  que “guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la nación, en los términos que establezca la ley”, en virtud de que no existe un procedimiento que garantice a las personas el derecho de solicitar la información, que en caso de ser negada debería ser mediante un acto motivado.