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Proyecto Guisandes es sectario, insultante y excluyente dicen ONG

Espacio Público, Expresión Libre e Ipys alertaron a la ciudadanía sobre riesgos de la propuesta de ley de comunicación social. El partido URD invitó a la ciudadanía a oponerse

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Las ONG Ipys, Espacio Público y Expresión Libre rechazaron a través de comunicados a la opinión pública, la propuesta de ley de comunicación social promovida por el editor y ex diputado Gaston Guisandes.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela manifestó la necesidad de que cualquier proyecto de ley relativo a la comunicación social debe preservar el derecho a la reserva de la fuente y el ejercicio pleno del oficio del periodismo, sin ningún tipo de condicionamientos. “En este sentido, IPYS Venezuela expresa que cualquier normativa en comunicación que se discuta y se llegue a aprobar en Venezuela debe garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo sin ningún tipo de riesgos, presiones ni amenazas”, dice el comunicado. 

La directora de Ipys-Venezuela, Marianela Balbi acotó: “Exigimos que cualquier ley que se apruebe en materia de comunicaciones prescinda de la intención de incluir algún tipo de artículo que condicione el ejercicio del periodismo, o estimule acciones de censura estatales o por parte de las empresas de los medios de comunicación”.

Más que describir

Espacio Público resumió en un comunicado los elementos más relevantes del proyecto: “La facultad de que cualquier persona sea considerada comunicador; la no colegiación obligatoria; la creación de un Colegio Nacional de la Comunicación Social; la prohibición de que corresponsales extranjeros ejerzan su función en Venezuela por un tiempo superior a un año; la publicación de aclaratorias como condición para la eliminación de la responsabilidad moral, pecuniaria y penal; la censura como sanción disciplinaria; la calificación de falta grave a la difusión de hechos que expongan al desprecio público”.

La ONG advierte que el periodismo no es sólo la descripción de un acontecimiento por lo que “no toda información contiene los principios de la deontología profesional periodística”. Además condena la discrecionalidad y carácter antidemocrático aplicado en el texto a la escogencia de los directivos del Colegio Nacional de la Comunicación Social.

Llaman la atención sobre la vaguedad y ambigüedad de conceptos y sostienen que “una ley ambigua está sujeta a la interpretación de quien deba aplicarla, y posiblemente lo hará en el sentido que parezca más conveniente a los intereses que representa o defiende”. Además alerta que el artículo 15 de la propuesta que “contempla y aprueba usar la censura como castigo a los periodistas, sanción que constituye una violación a la libertad de expresión”.

Un insulto

Expresión Libre por su parte tildó el documento como un capricho impulsado desde el gobierno y un insulto a la profesionalización del periodista.

“No sabemos si por ignorancia o por intereses comerciales; o por ambos; se pretende desconocer caprichosamente una profesión que históricamente siempre ha estado en la vanguardia de las luchas por la libertad de expresión, el derecho a la información, el secreto profesional y la superación constante de la formación profesional”, dice el comunicado.

Recuerda Expresión Libre que no es el primer intento por descalificar a los periodistas. “Durante este régimen se ha amenazado, atropellado, amedrentado y perseguido a periodistas y medios de comunicación por ser voceros de la verdad y denunciar los errores del régimen”.

Considera la ONG que la iniciativa “es también un insulto a las universidades, a las escuelas de Comunicación Social, a los miles de estudiantes y docentes entregados a la noble tarea de educar”.

Sectarismo

Otra voz que se alzó contra la orientación del proyecto de ley de comunicación social fue la del partido URD. En un comunicado la dirección urredista convoca a la opinión pública “a manifestar a una sola voz su rechazo, como el 23 de Enero de 1958” por tratarse de una propuesta que afecta “intereses comunes a todos los venezolanos y a la vida democrática de la nación”.

El partido URD sustenta su rechazo en el hecho de que el proyecto “no fue debida y ampliamente consultado con los periodistas en ejercicio, su colegio, las universidades, los estudiantes, la sociedad civil, los partidos políticos y, comparada, con la legislación internacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Además afirma que al crear en la ley un Colegio de Comunicadores Sociales, se hace evidente “la intención de eliminar el actual Colegio Nacional de Periodistas”. El partido vela también por la importancia de la formación académica del periodista. “Ese proyecto de ley es producto del sectarismo, de la parcialidad, de la exclusión, de una actitud y práctica hegemónica, militar-cívico, opresora, para silenciar la oposición y la denuncia, rayando en el fascismo, conculcador de las ideas y libertad y del irrespeto a la dignidad del ser humano y niega, vulnera e incumple con los preceptos constitucionales vigentes”, dice el acuerdo partidista.