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Provea introdujo demanda contra Maduro en el TSJ

 La ONG a cargo de Marino Alvarado advierte que es contradictorio que Venezuela no ratifique el protocoloco del Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales / Archivo

La ONG a cargo de Marino Alvarado advierte que es contradictorio que Venezuela no ratifique el protocoloco del Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales / Archivo

Venezuela no ha ratificado un protocolo facultativo de la ONU y Maduro no respondió una solicitud de información sobre ese asunto  

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Provea introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de abstención en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, debido a que el funcionario no respondió un derecho de petición que esa organización le dirigió el 4 de junio de este año. En esa solicitud le pidieron información sobre los trámites adelantados por el Ejecutivo nacional para concretar la ratificación por parte de Venezuela del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas.

“Provea realizó y agotó los pasos previstos en los artículos 51 y 143 de la Constitución, sin que hasta la fecha el presidente haya dado respuesta a la petición que le realizáramos en junio pasado, por lo que incurrió en una flagrante violación de lo consagrado en la carta magna y en las leyes de la República, al cercenar el derecho que tiene toda persona de elevar peticiones ante la administración pública para que esta, de forma oportuna, dé adecuada respuesta”, indica la referida organización, dirigida por Marino Alvarado.

Provea explica que el derecho de petición fue planteado al jefe del Estado un mes después de la entrada en vigencia del mencionado protocolo facultativo, que Venezuela no ha ratificado hasta ahora.

“Resulta contradictorio que luego de los esfuerzos realizados por el Estado venezolano para la aprobación del Pidesc no se ratifique el protocolo facultativo que vendría a completar y a consolidar la protección de los derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, toda vez que estos no habían sido objeto de mecanismos concretos que les permitieran a las personas, de forma individual, reclamar y reivindicar directamente ante instancias internacionales la afectación de derechos como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud o el derecho a la educación, entre otros”, explica Provea.

La ONG advierte que la negativa a ratificar el protocolo facultativo deja al Estado venezolano rezagado respecto de las demás naciones que integran el Mercosur y la Unasur, que ya lo hicieron.

El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales  fue ratificado por Venezuela el 19 de mayo de 1978. “Este pacto constituye una ley nacional con rango y jerarquía constitucional. Además, representó una importante conquista para los movimientos progresistas que demandan justicia social”, señala Provea.

El protocolo facultativo

En el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas –que entró en vigencia el 5 de mayo- se establece que las víctimas de violaciones de los mencionados derechos podrán presentar comunicaciones para exponer sus casos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, instancia que quedó facultada para recibirlos y examinarlos.

En el referido protocolo facultativo se señala que estas comunicaciones pueden ser presentadas a nombre de personas o de grupos.

Las personas que estén bajo la jurisdicción del Estado venezolano están impedidas de presentar comunicaciones ante el comité en caso de que consideren que les han sido violados sus derechos económicos, sociales y culturales, debido a que las autoridades no han ratificado el mencionado instrumento legal.