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Provea: Maduro ha reprimido 485% más que Chávez

Marino Alvarado, Alfredo Romero, Gonzalo Himiob y Carlos Correa exigieron al Estado sancionar a culpables de represión | Foto William Dumont

Marino Alvarado, Alfredo Romero, Gonzalo Himiob y Carlos Correa exigieron al Estado sancionar a culpables de represión | Foto William Dumont

La MUD denunció que en Venezuela el Ejecutivo sentencia antes que el Poder Judicial

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El año 2009 registró el mayor número de actos represivos de Hugo Chávez Frías, con 7%. El presidente Nicolás Maduro ha reprimido 485% más que su antecesor, denunciaron ayer organizaciones no gubernamentales en el informe “Venezuela 2014: protestas y derechos humanos”.

El coordinador del Provea, Marino Alvarado, dijo que la información se basó en el análisis que tomó como muestra a siete entidades federales: Distrito Capital, Lara, Táchira, Bolívar, Mérida, Carabobo y Zulia. Indicó que la criminalización de la protesta en el país se ha agravado desde las manifestaciones que han ocurrido después del 14 de abril de 2013.

“Ni protestar ni disentir es un delito. Condenamos la violencia del Estado con uso excesivo de la fuerza, sobre todo por parte de la Guardia Nacional”, expresó.

Las ONG destacan que en 81% de los casos de represión están vinculados militares de la Guardia Nacional Bolivariana, situación de la cual responsabilizan al gobierno. En 17% de los casos actuaron las policías estadales, en 12% el Ejército Nacional Bolivariano y en 8% la Policía Nacional Bolivariana.

En 26% de los casos de represión actuaron grupos de agresores civiles armados. En el informe señalan que en los estados Zulia y Lara una de cada dos manifestaciones fue reprimida.

“La Guardia Nacional Bolivariana, órgano que ha tenido la mayor cuota de responsabilidad en el control de las protestas, es también el organismo sobre el que recaen la mayor cantidad de denuncias debido a los excesos que ha cometido en el ejercicio de estas funciones. Uso desproporcionado de la fuer­za, empleo de armas de fuego y sustancias tóxicas en manifestaciones, casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos, destacan entre las principales denuncias que víctimas y organiza­ciones de derechos humanos del país han documentado”, dice el informe.

El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció 3.161 detenciones arbitrarias desde el 4 de febrero y afirmó que hay más de 1.900 ciudadanos con medidas cautelares. Dijo que 118 personas todavía están presas por protestar. Más de 50 de ellas son estudiantes, algunos de los cuales están recluidos en cárceles comunes o en la sede del Sebin.

Indicó que se registran 157 casos de torturas y malos tratos. Añadió que el reporte solo incluye los casos en los que las personas han presentado denuncias.

“El tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas frecuentemente propinadas con bota militar; se registraron golpes con cachas de armas cortas o culatazos con arma larga”, dijo.

Romero manifestó que es imposible ser neutral en materia de derechos humanos. Gonzalo Himiob, coordinador del Foro Penal Venezolano, denunció ataques reiterados del gobierno contra activistas de derechos humanos.


Libertad de expresión. El director de Espacio Público, Carlos Correa, informó que se registraron 325 violaciones de la libertad de expresión. Añadió que esa situación representa un incremento de 240% con respecto al mismo lapso del año pasado. Destacó que los ataques han incluido detenciones ilegales y la destrucción de equipos y materiales de trabajo de periodistas, así como agresiones a infociudadanos.

“Desde el Estado se considera como enemigos a ciudadanos que manifiestan sus diferencias, su inconformidad. Las autoridades no pueden criminalizar estos hechos”, dijo.

En el informe se destaca el caso del ingeniero José Alejandro Márquez, que murió luego de ser golpeado por militares de la GNB el 19 de febrero, cuando grababa una manifestación en Candelaria.

En el reporte sobre derechos humanos se indica que 129 viviendas fueron atacadas en 14 estados del país. Se condena el sometimiento de algunas zonas al control castrense y a estados de excepción no declarados. En los últimos 4 meses se registraron 34% de allanamientos ilegales para capturar a presuntos manifestantes.

El informe presentado ayer fue elaborado por las ONG Provea, Civilis Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Funpaz del estado Lara, Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Zulia.

Las ONG exigen sanciones para los actores de la represión. Esperan presentar el informe a la fiscal general y a la defensora del pueblo, además de llevarlo a instancias internacionales.


Ejecutivo y juez
La Mesa de la Unidad Democrática denunció la judicialización de la protesta y la opinión. En una rueda de prensa la alianza opositora se solidarizó con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.

“La utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política se pone en evidencia cuando el Ejecutivo califica de asesinos a dirigentes de la oposición, antes de que se inicie una investigación; es decir, en este país el Ejecutivo sentencia antes que el Poder Judicial”, señaló Omar Barboza, de UNT, en nombre de la alianza.

Condenó el caso López, en el que se recurrió a una reinterpretación semántica para enjuiciar al dirigente político: “Ahora se ha inaugurado una modalidad de hermenéutica psiquiátrica mediante la cual se le asignan a las palabras significados distintos y con ello se arma un caso criminal”.

Barboza ratificó que el diálogo está congelado “por la falta de voluntad política del gobierno de Nicolás Maduro”. Enfatizó que la MUD está dispuesta a reunirse con los facilitadores de la Unasur en cualquier momento. “El tamaño de la crisis que vive Venezuela solo es posible resolverlo con un gobierno de unidad nacional y no a través de la persecución”, expresó.

El diputado reiteró que la MUD respalda la protesta pacífica. Sin embargo, aclaró que las propuestas de VP (renuncia de Maduro y constituyente) están bajo análisis porque “hay reservas”. 


LA CIFRA
41 víctimas en varios estados del país evidencian la violación del derecho a la vida durante las protestas. De estas, 27 fueron asesinadas con armas de fuego
854 personas han resultado heridas en las manifestaciones iniciadas hace 4 meses. La cifra representa un aumento de 270% en relación con 2013
6 casos de amenazas de abuso sexual contra mujeres detenidas se han reportado desde el inicio de las protestas en febrero