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Provea: Asesinatos en protestas siguen impunes

La ONG insiste en denunciar el uso artificioso de la justicia penal a favor del gobierno y en contra de la oposición

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Al cumplirse dos años del inicio de las protestas de 2014, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos destaca que la mayoría de los 42 homicidios permanecen impunes debido a las deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia.

“Se habla de la existencia de impunidad estructural cuando la actuación de los diferentes órganos del sistema de administración de justicia no conduce a la efectiva sanción de los delitos y violaciones de derechos humanos. Los responsables con sentencia firme constituyen la excepción y no la regla”, señala Provea en un comunicado divulgado ayer.

A partir de la revisión de la información disponible en los sitios web del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia, la ONG precisa  que la mayoría de los casos están en fase de investigación y juicio. “Si bien algunos de los presuntos responsables se encontraban privados de libertad, la ausencia de sentencias definitivamente firmes por parte del tribunal impide hablar de que los casos han encontrado justicia”, insiste.

Lamenta que en el Informe de Gestión Anual 2015, presentado recientemente por el Ministerio Público ante la Asamblea Nacional, no se  informe con precisión sobre la marcha de todas las investigaciones correspondientes a la muerte de 32 civiles y 10 funcionarios policiales y militares. “Esta opacidad en el acceso a la información forma parte del conjunto de situaciones que promueven impunidad en el país”, añade.

Una vez más Provea denuncia el uso artificioso de la justicia penal para favorecer al gobierno y perjudicar a la oposición. Recuerda que la fiscal Luisa Ortega se hizo eco de las hipótesis planteadas por voceros del oficialismo en cuanto a que las manifestaciones correspondían a planes políticos injerencistas.

“La impunidad en delitos y violaciones de derechos humanos es utilizada por el Ejecutivo nacional como herramienta propagandística para la criminalización de la crítica a su gestión. Omitiendo su responsabilidad de impartir justicia y sancionar  a los responsables, los esfuerzos oficiales se han canalizado en intentar capitalizar políticamente los crímenes, incluyendo aquellos en los que se ha señalado a funcionarios policiales y militares como responsables. Este uso propagandístico de la impunidad por quien debería garantizar el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia es inaceptable en una sociedad democrática”, indica el comunicado.