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Proponen repatriar bienes producto de la corrupción

Piden eliminación de las OLP y los estados de excepción, así como la liberación de los presos políticos

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Ayer fue el Día Internacional contra la Corrupción y Naciones Unidas insta a reflexionar sobre los efectos de los vicios en la administración de fondos públicos en la democracia y en la calidad de vida de la gente. Representantes de 56 ONG venezolanas reunidas con el fin de fijar posición sobre los resultados de las elecciones legislativas aprovecharon la efemérides para exhortar a la nueva legislatura de la Asamblea Nacional a dar prioridad al combate de la corrupción.

Mercedes De Freitas, de Transparencia Venezuela, propuso una ley como la que existe en Guatemala para identificar, localizar, recuperar y repatriar bienes de origen ilícito, así como la extinción de los derechos relativos al dominio y ganancias de estos.

De Freitas advirtió que es un proceso complejo y a largo plazo, pues en la mayoría de los casos implica la investigación y sanción de lavado de dinero ejecutado a través de organizaciones delictivas internacionales. En todo caso, agregó la experta, para que la ley  sea efectiva es necesario el saneamiento del sistema de administración de justicia.

Marino Alvarado, de Provea, se refirió a mecanismos parlamentarios más expeditos, como las investigaciones e interpelaciones a los funcionarios presuntamente involucrados en hechos de corrupción que han sido amparados por el oficialismo. “El tesorero nacional y de Pdvsa, Carlos Erik Malpica Flores, debería ser el primer interpelado”, sugirió Mercedes De Freitas.

A través de las interpelaciones, indicó Alvarado, se podrían obtener insumos para un mejor escrutinio jurídico y político de la gestión gubernamental y sus efectos sobre la calidad de vida de la gente: “Pudiéramos conocer datos precisos sobre los programas sociales. Más allá de la propaganda oficial necesitamos saber, por ejemplo, cuántas viviendas se han construido, a qué costo  y quiénes han sido los beneficiarios. Y en caso de existir alguna irregularidad, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes”. Transparencia Venezuela calcula que se han destinado 401 millardos de dólares a las misiones.

En el documento suscrito por las 56 ONG se razona que el resultado electoral trasciende la Asamblea Nacional: “Debe leerse como un claro mensaje contra una manera autoritaria, soberbia y discriminatoria de gobernar”.

Instan al presidente Nicolás Maduro y demás autoridades de los poderes públicos a rectificar: “Un buen comienzo sería poner fin de inmediato a los estados de excepción y a las ‘operaciones para la liberación del pueblo’, que han generado violaciones de derechos humanos”. Además, piden una clara muestra de la erradicación del uso de la justicia como arma política: la liberación plena de los presos políticos y las aproximadamente 6.000 personas (según cálculos de Provea) sometidas a proceso penal por protestar.