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Prevén mayor conflictividad laboral por incumplimiento del Gobierno

En 2013 se intensificarán las acciones de los tercerizados para exigir incorporación a nómina, coinciden expertos

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“El año que viene habrá una alta conflictividad laboral si el Gobierno no cumple con las expectativas de mejoras de las condiciones de los trabajadores, lo cual se vislumbra difícil porque el escenario económico para 2013 es muy complejo”, señala Rafael Uzcátegui, coordinador del área de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.

El abogado laboral y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela, León Arismendi, coincide con Uzcátegui. Sostiene que la conflictividad laboral va a ser mayor si el Gobierno persiste en no agilizar las numerosas discusiones de contratos colectivos represados, especialmente de los trabajadores del Estado. “La situación se complica porque el año próximo será muy complicado desde el punto de vista económico y por la inestabilidad política”, destaca.

Marco Antonio Ponce, representante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, también opina que los problemas pueden elevarse y que la posibilidad de revertir la situación depende de que el Ejecutivo aumente su eficiencia y atienda los reclamos laborales.

Las expectativas generadas con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, el 7 de mayo pasado, duraron muy poco porque las políticas del Gobierno para su instrumentación “han sido muy malas” y eso se verá reflejado el próximo año, apunta Uzcategui, y agrega que más bien se ha incrementado la desconfianza de los trabajadores ante la gran cantidad de demandas insatisfechas.

Uzcátegui advierte que se intensificarán las protestas de los tercerizados para exigir su incorporación a nómina, pese a que la Ley Orgánica del Trabajo establece tres años de plazo. De acuerdo con el experto, los reclamos de los tercerizados, que este año han emprendido más de 50 acciones de calle, se darán principalmente en las empresas básicas de Guayana, el sector petrolero, eléctrico, ferrocarril, salud y vivienda, entre otros organismos públicos.

Otros aspectos de la ley que pueden generar conflictos, según el representante de Provea, son la reestructuración de los horarios de trabajo por la nueva jornada laboral, cuya entrada en vigencia será el 7 de mayo, la defensa de la libertad sindical y el derecho a huelga.

Y siguen

“En vísperas del cierre de 2012 los trabajadores se han activado en todo el territorio nacional, principalmente en el sector público”, dice el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social correspondiente al mes de noviembre. En el documento se indica que los conflictos no se detuvieron con la campaña electoral ni con los resultados de los comicios presidenciales del 7 de octubre.

Las estadísticas de la institución muestran que 2.047 de las 4.981 protestas sociales registradas desde enero hasta noviembre fueron lideradas por los trabajadores. En 2011 hubo 5.338, de las cuales 2.093 sucedieron en el ámbito laboral.

Ponce señala que las acciones por reclamos de derechos laborales al cierre de este año se acercarán a las de 2011 si se toma en cuenta que del 1° al 12 de diciembre de 2012 ocurrieron 30 conflictos, en los que destacan las manifestaciones de los tercerizados en Sidor, de los trabajadores de Corpoelec y las contratistas de Planta Centro y la refinería El Palito. De manera que en lo que va de año se anotan 2.077 protestas.

Si bien se han registrado manifestaciones en todo el país durante el presente año, las entidades con mayor movilización obrera fueron Distrito Capital y los estados Carabobo y Bolívar, de acuerdo con el estudio del Observatorio Venezolano. Los principales reclamos han sido por el incumplimiento del Gobierno de las cláusulas de las contrataciones colectivas vigentes y el pago de deudas atrasadas de los ministerios y empresas del Estado.

El Dato

Provea considera que en la amnistía del Gobierno a los presos y exiliados políticos se deben incluir a 200 sindicalistas y trabajadores sometidos a procesos judiciales porque participaron en protestas y huelgas en defensa de los derechos laborales.