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Los hermanos Prato fueron trasladados A la Penitenciaría General de Coro

Los jóvenes detenidos por el abucheo a la ministra de Turismo y a la gobernadora de Falcón no estaban en Cayo Sal

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DERECHOS Defensa pide juzgarlos en libertad

VALENCIA

Los padres de los hermanos Joselyn y Johan Prato, detenidos en el parque Morrocoy el viernes y señalados de abuchear a la ministra de Turismo, Marleny Contreras, y a la gobernadora de Falcón, Stella Lugo, dijeron que sus hijos ni siquiera estaban en la isla Cayo Sal cuando ocurrió el incidente y denunciaron violación de sus derechos en el procedimiento que concluyó con el traslado de ambos a la Penitenciaria General de Coro el lunes pasado.

La familia Prato vive en Rubio, estado Táchira, y fue de vacaciones a Falcón. El día del abucheo de la ministra y de la gobernadora llegaron a la isla Cayo Sal después de la 1:00 pm y cerca de las 4:00 pm escucharon sirenas de lanchas de cuerpos de seguridad.

José Prato y Patricia Valencia, padres de los jóvenes, relataron que Johan, de 26 años de edad, que es taxista, fue a buscar pescado a un restaurante y funcionarios lo detuvieron y esposaron. A Joselyn, de 24 años, estudiante de Ingeniería Petrolera en la Unefa en Barinas, la detuvieron cuando reclamó a un hombre que filmaba a su familia con un celular y vociferaba que eran los delincuentes que abuchearon a las funcionarias.

En el procedimiento, una de las personas que la arrestó le pisó el brazo y se lo fracturó. En traje de baño fue trasladada a un comando policial y luego al hospital de Chichiriviche, donde la enyesaron.

José Prato dijo que su casa en Rubio fue allanada, así como la residencia donde vive su hija en Barinas. Patricia Valencia señaló que un guardia mantuvo arrodillado y aislado a su hijo detrás del restaurante adonde fue a buscar pescado. Aseveró que ninguno de sus hijos había pasado por una situación similar.

Los delitos que les imputan son instigación pública, resistencia a la autoridad, ultraje y amenaza, establecidos en los artículos 218, 285 y 222 del Código Penal, además del artículo 40 de la Ley sobre la Protección a la Mujer, explicó Luis Armando Betancourt, del Foro Penal.

“Este es un caso en el que se viola de manera flagrante el debido proceso y la Constitución. Los delitos por los cuales imputaron a los hermanos Prato no exceden de ocho años y, por tanto, deben ser juzgados en libertad”, dijo.