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¿Podrían demandar a la AN por solicitar activación de Carta Democrática?

El jefe de Estado Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup | Elcomercio.pe

El jefe de Estado Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup | Elcomercio.pe

El presidente Nicolás Maduro amenazó con demandar a la directiva de la Asamblea Nacional por haber participado en un presunto acto de “usurpación” de funciones constitucionales del jefe de Estado 

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Luego de que se invocara la Carta Democrática por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, el ente gubernamental ha catalogado de inconstitucional dicha medida; sin embargo, Pedro Alfonso Del Pino, abogado constitucionalista dice lo contrario.

La Carta Democrática Interamericana fue un texto celebrado, firmado y aprobado el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en Lima, Perú. Forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Nicolás Maduro, presidente de la república, rechazó la activación de esta norma durante  su programa televisivo "Contacto con Maduro", calificándola como una medida “absurda”. El mandatario solicitó enjuiciar a Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, por presunta “usurpación de funciones”.

Del Pino tildó de “disparatada” la acusación del jefe de Estado porque la Carta Democrática Interamericana permite que los diferentes poderes públicos que conforman el país –inclusive organizaciones sociales y ciudadanas- puedan dirigirse a la organización para hacer denuncias que serían analizadas y discutidas.

“El apoyo que ha dado Henry Ramos como presidente del Parlamento a la solicitud de Almagro, no puede ser considerada una ´traición a la patria´, tampoco un delito.  El problema es que el gobierno se confunde a sí mismo con la patria, es decir: Si un venezolano considera que el Estado está haciendo algo malo (…) estaría en contra de la patria. Esa es la conclusión a la que está llegando Maduro, confundiendo sinónimos con términos que no lo son”, señaló el especialista.

El secretario de la OEA recibió a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, quien le entregó el acuerdo de la AN en apoyo a la Carta Democrática. Reiteró la disposición de intervención por parte Allup para la reunión extraordinaria del Consejo, con la finalidad de examinar la situación del país y evitar que se agrave la crisis humanitaria.

Por tal injerencia Maduro ha calificado, en reiteradas oportunidades, la intervención del Parlamento como inconstitucional; sin embargo, el abogado explicó que la participación de Allup es válida siempre y cuando la OEA lo admita.

Agregó que el presidente de la AN no tiene la capacidad de representación del Estado, es decir, no tendría un voto en el foro regional. .

Allup tendría el derecho a opinar en un contexto donde hay una denuncia grave sobre la violación de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico democrático; demandas que sí permiten activar la carta.

"Demandaré a la Asamblea Nacional"

Con respecto a la demanda que promulgó el jefe de Estado en contra del Parlamento, el especialista señaló que es un tema complejo porque “el presidente de la República pretende demandar a la directiva de la AN”.

“Recordemos que si él pretende demandar individualmente a los diputados, estos gozan de inmunidad parlamentaria.  Los únicos que pueden allanar la inmunidad para el conocimiento judicial es la propia AN. Sería muy difícil y complejo para el presidente porque la oposición tiene mayoría”, manifestó Del Pino.

Acotó que si algún tribunal pretendiese juzgar a alguna directiva del Parlamento, haciendo caso omiso de la inmunidad parlamentaria, se estaría violando la constitución de forma “grotesca” .

"La carta democrática no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico, es parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto su observación es obligatoria", concluyó.

Artículo de la Constitución avala la Carta Democrática

Artículo 23.

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las Leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.