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“Poder Judicial es usado para perseguir candidatos de oposición”

Los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ / EFE

Advierten que el gobierno usa instituciones que deben ser independientes, como el TSJ, para que actúen a su favor / EFE

Especialistas repudian que se pretenda influir en los resultados electorales mediante decisiones judiciales y amenazas 

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El Poder Judicial es utilizado para tratar de sacar de la contienda electoral a candidatos de oposición e influir en los resultados de los comicios municipales del domingo. Así lo advirtieron el constitucionalista José Vicente Haro, el politólogo Luis Salamanca y el secretario adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, luego de que en los últimos 22 días 5 abanderados de la unidad fueron objeto de decisiones judiciales o de amenazas del Ejecutivo o del Legislativo.

“Lamentablemente el Poder Judicial, y concretamente el Tribunal Supremo de Justicia, es usado por el gobierno para perseguir a candidatos de oposición e influir en los resultados electorales”, aseveró Haro.

El constitucionalista advirtió que con esa actuación el TSJ viola el principio de soberanía popular de los electores y los derechos políticos de los candidatos.  
 
Abstención. El politólogo Luis Salamanca aseguró que  el uso del poder en el ámbito político por el Ejecutivo se institucionaliza, y en el caso específico de las municipales es empleado para tratar de influir en los electores indecisos.

“El gobierno utiliza de manera brutal las instituciones que tienen que funcionar de forma independiente y no bajo las órdenes de una parcialidad política, como el Poder Judicial. La estrategia del oficialismo apunta al voto abstencionista, que es propio de este tipo de elecciones. Estas argucias apuntan a los electores que están poco informados y se apela a la confusión para que no acudan a los comicios”, dijo.

Ramón José Medina, secretario adjunto de la MUD, afirmó que el Ejecutivo acomete sus prácticas políticas desde el abuso. “Esto es judicializar la política, estrategia propia de  los gobiernos autoritarios. Como ya sabemos que este régimen tiene un déficit de escrúpulos, utilizan todo el poder del Estado”, señaló.
 
Consecuencias. Más allá de las consecuencias que esas acciones puedan generar en los comicios del domingo, los especialistas advierten sobre otros efectos.

 “Podemos temer que en las parlamentarias de 2015 veamos al TSJ interviniendo para sacar candidatos, y a largo plazo podríamos visualizar unas presidenciales en las que un candidato de oposición con posibilidad de ganar quiera ser sacado judicialmente de la contienda”, previno Haro.

Salamanca advirtió que puede haber consecuencias incluso sobre aquellos que aún no han nacido. “Las nuevas generaciones pueden caer en el error de creer que esta es la forma de hacer política”, dijo.

Los cinco candidatos objeto de acciones y amenazas

Miguel Cocchiola. El diputado y abanderado de la unidad a la Alcaldía de Valencia, estado Carabobo, fue señalado por el presidente Nicolás Maduro el 16 de noviembre de huir del país para escapar de la posible investigación a una de sus empresas. El presidente de la AN, Diosdado Cabello, aseguró que se había solicitado antejuicio de mérito al TSJ para allanarle la inmunidad. El parlamentario aseveró que estaba de viaje por razones familiares y regresó al país el 26 de noviembre.
 
David Uzcátegui. Era el candidato de la unidad a la Alcaldía de Baruta, estado Miranda. El 19 de noviembre quedó fuera de la contienda electoral debido a que el TSJ reactivó la inhabilitación que le había sido impuesta por la Contraloría en marzo de 2005 y que el misma tribunal había suspendido en julio pasado.
 
Gerardo Blyde. Fue postulado el 22 de noviembre, luego de que la MUD se quedó sin candidato debido a la inhabilitación de Uzcátegui. El 2 de diciembre el TSJ, aunque se negó a suspender temporalmente la candidatura, admitió dos recursos en los que se pide la nulidad de la resolución del CNE que admitió la postulación. Esas solicitudes están por resolver.
 
Rómulo Herrera. Fue acusado por la directora de Hacienda del municipio Guaicaipuro del  estado Miranda, Dilia Rivero, de presuntamente adquirir un terreno de forma irregular y evadir impuestos. Rivero indicó el sábado que Herrera había adquirido el terreno en 1996, a través del alcalde de entonces, y que la propiedad no está inscrita en catastro.
 
Antonio Ledezma. Fue postulado a la reelección en la Alcaldía Metropolitana de Caracas. El 3 de diciembre el Tribunal 15° de Juicio Laboral de Caracas decretó que había desacatado un amparo decidido por el TSJ en diciembre de 2012, en el que ordenó el reenganche y el pago de pasivos laborales de 1.400 trabajadores. Ledezma alegó que el reenganche y los pagos de 2013 habían sido efectuados. Advirtió que esperaba un crédito adicional para hacer los pagos restantes.