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Piden destituir a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ

El vocero del bloque parlamentario de la Asamblea Nacional, el diputado, Hiram Gaviria / luis Noguera

El vocero del bloque parlamentario de la Asamblea Nacional, el diputado, Hiram Gaviria / Luis Noguera

Diputado Hiram Gaviria pidió al Consejo Moral Republicano que establezca que cometieron falta grave al suscribir fallo de jubilaciones

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Que se establezca que los siete magistrados que integran la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cometieron falta grave en el ejercicio de sus funciones, y que una vez que se tenga listo el informe que así lo determine se solicite a la Asamblea Nacional que los destituya. Esta es la petición que presentó ayer ante el Consejo Moral Republicano el diputado Hiram Gaviria.

El parlamentario sostiene que los magistrados Luisa Estella Morales –quien además de encabezar la mencionada sala preside el TSJ–, Francisco Carrasquero, Aracadio Delgado, Marcos Tulio Dugarte, Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza y Gladis Gutiérrez incurrieron en falta grave al suscribir la sentencia 12-1259 del 6 de diciembre de 2012, referida a la jubilación de los magistrados.

En el fallo se estableció que los siete magistrados que el 27 de diciembre cumplieron los 12 años en el ejercicio de sus funciones para los cuales fueron designados debían abandonar sus despachos, a pesar de que no habían sido elegidos los nuevos titulares.

Aunque el artículo 42 de la Ley Orgánica del TSJ establece que los magistrados seguirán en funciones hasta que sean sustituidos por quienes deban reemplazarlos, la sala considero que “de la redacción del artículo no podría derivarse que el reemplazo sea necesariamente el definitivo, sino que puede aludir también a aquel que deba suplirlo temporalmente mientras la Asamblea procede a la correspondiente selección definitiva”.

Mediante la referida interpretación los magistrados que ayer fueron señalados ante el Consejo Moral Republicano determinaron que las vacantes podían ser suplidas por suplentes.

 

Poder Moral. El Consejo Moral Republicano está integrado por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; la fiscal general, Luisa Ortega; y la contralora que ejerce como encargada Adelina González.

La Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que el mencionado consejo tiene 23 días hábiles para responder la solicitud, lapso que en este caso vence el 26 de febrero.

De determinarse que cometieron falta grave, el Consejo Moral Republicano deberá remitir un informe a la Asamblea Nacional, que, conforme al artículo 265 de la Constitución, decidirá con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes si los magistrados son destituidos. El ex magistrado Eladio Aponte Aponte fue removido mediante dicho procedimiento el 20 de marzo del año pasado.

Gaviria también pidió que se solicite a la Asamblea Nacional iniciar el procedimiento para la designación de los nuevos magistrados.

 

Protesta. Estudiantes de varias universidades de Caracas acudieron al TSJ para entregar un documento en el que manifiestan su rechazo al fallo en el que se estableció la continuidad del mandato del presidente Hugo Chávez.

Ante la negativa a ser recibidos, los jóvenes protestaron pacíficamente frente al TSJ y advirtieron que efectuarán otras acciones de calle.