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Piden a la defensora velar por respeto a la vida

La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez | Foto: Juan Camacho/El Nacional

La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez | Foto: Juan Camacho/El Nacional

Gustavo Briceño, Román Duque y Joaquín Bracho señalan que Gabriela Ramírez desconoce que la tortura es un crimen de lesa humanidad

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La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, debe garantizar el respeto de los derechos humanos de quienes intervienen en protestas. Así lo puntualizaron en un comunicado los abogados Gustavo Briceño Vivas, presidente del Capitulo Venezolano del Ombusdman; Román Duque Corredor y Joaquín Bracho Dos Santos, vicepresidente y secretario del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, respectivamente.

Consideran que aunque Ramírez aclaró sus declaraciones del 8 de marzo, con respecto a las denuncias de detenidos durante manifestaciones y debido a las muertes y las lesiones relatadas por victimas y familiares, debe tener claro que “la función de la Defensoría del Pueblo es velar por el respeto de los derechos a la vida y la integridad física de los ciudadanos tanto en forma preventiva como correctiva. Es inconstitucional la utilización de actos de fuerza y de agresiones físicas o de ultraje en contra de quienes protestan, al ser golpeados brutalmente por las fuerzas policiales”.

Los abogados señalan que la definición de los actos de tortura corresponde a las autoridades judiciales. Creen que la defensora Gabriela Ramírez evidencia desconocimiento de la calificación de la tortura como crimen de lesa humanidad.

“Todo exceso en contra de los ciudadanos que se consideran responsables de presuntos actos ilegítimos, que causen sufrimientos o dolor, con ocasión de la represión del derecho de manifestar y de protestar públicamente, causado por los organismos policiales y de inteligencia del Estado, configuran la tortura a la luz del derecho internacional de derechos humanos. Las declaraciones de la defensora del pueblo tratando de distinguir la tortura de tales excesos, siendo órgano del Estado a quien corresponde denunciar, reclamar y defender a los ciudadanos en contra de las violaciones de los derechos inherentes de la dignidad de la persona humana, causan desconcierto respecto de su funcionalidad y eficacia”, advierten.