• Caracas (Venezuela)

Política

Al instante

Piden arresto domiciliario para Mardo y Marcano

Pedro Carreño presentó las denuncias ante el MP / AVN

Pedro Carreño presentó las denuncias ante el MP / AVN

El diputado Pedro Carreño citó a medias una sentencia de 2001 del TSJ para aseverar que ambos diputados estaban en flagrancia

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El diputado pesuvista Pedro Carreño pidió a la Fiscalía que los parlamentarios de Primero Justicia Richard Mardo y Gustavo Marcano sean colocados bajo custodia en sus respectivas residencias.

Carreño fundamentó su solicitud en el artículo 200 de la Constitución, que establece que, pese a la inmunidad parlamentaria, un diputado puede ser confinado a su residencia cuando es hallado cometiendo un delito en flagrancia.

“Los mencionados parlamentarios se declararon confesos en la comisión de delitos contra el patrimonio público, los cuales fueron señalados por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien consignó en sesión del 5 de febrero del año en curso documentos que se constituyen en prueba fehaciente, y del análisis de los mismos se desprende que evidentemente estamos en presencia de delitos contra el patrimonio público. Y la flagrancia se encuentra ligada a la verificación de la prueba”, señala Carreño, en referencia a los siete cheques a nombre de Mardo que presentó Cabello ante el Parlamento, en el documento que le entregó a la fiscal Luisa Ortega Díaz.

Para sustentar que en los casos de Mardo y de Marcano se trata de la supuesta comisión de un delito en flagrancia, el parlamentario se valió de una sentencia del 11 de diciembre de 2011 de la Sala Constitucional, signada con el número de expediente 00-2866.

“De conformidad con criterios jurisprudenciales emanados del máximo tribunal de la República, se estableció que un delito se considera flagrante cuando ‘el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público’. E igualmente cita la sentencia que cuando ‘se sorprenda a una persona… con instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor… en este caso, la determinación de la flagrancia no está relacionada con el momento inmediato posterior a la realización del delito, es decir, la flagrancia no se determina porque el delito acabe de cometerse”, indica Carreño, citando el referido fallo.

No realiza Carreño un cita completa del extracto del que se vale para argumentar la supuesta flagrancia, en el que en verdad se señala lo siguiente: “Una última situación o circunstancia para considerar que el delito es flagrante se produce cuando se sorprenda a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor”.

A menos que el parlamentario esté citando otra sentencia y haya señalado por error la fecha y el número de expediente de este otro fallo, lo cierto es que omitió en la cita –colocando puntos suspensivos– la parte del dictamen en la que se señala que el sospechoso debe ser sorprendido “a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió”.

 

No es persecución. “Él puede decir lo que le dé la gana. Que asuma su responsabilidad ante la justicia porque él es el padre de ese engendro putrefacto y corrupto que se llama Primero Justicia”, dijo Carreño cuando se le preguntó sobre declaraciones de Julio Borges, coordinador nacional de PJ, que aseguró que se trata de una persecución política. Aseveró que si los diputados fuesen inocentes, se desprenderían de su inmunidad parlamentaria.

Insistió en que se trata de delito contra el patrimonio público, aunque los cheques fueron expedidos por empresas privadas. “Cuando una persona jurídica contrata con el Estado y porcentaje de ese dinero va a parar a los bolsillos de políticos inescrupulosos no hay que ser ingenuo para pensar que lo van a dar de sus ganancias”, dijo.

Aunque en el escrito no indica cuál delito habrían cometido los parlamentarios, dijo que se trata de extorsión si fueron los parlamentarios quienes pidieron el dinero, o de soborno si fue el empresario quien se los ofreció.

Dijo que la comisión parlamentaria que investiga el caso presentará en menos de un mes un informe al respecto.