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Piden anular denuncia de Convención Americana

Tribunal Supremo de Justicia | Foto: Nelson Castro

Tribunal Supremo de Justicia | Foto: Nelson Castro

Representantes de 12 organizaciones solicitaron al TSJ que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el Gobierno

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Un total de 12 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos pidieron ayer al Tribunal Supremo de Justicia que declare nula la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que efectuó el Estado el pasado 10 de septiembre, y que dejaría a Venezuela fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2013.

A la petición también se plegaron 39 personas, entre víctimas y activistas de derechos humanos.

Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que formó parte del grupo que presentó el recurso, explicó que el mencionado tratado forma parte de la carta magna y que su denuncia es inconstitucional.

“No está a disposición del presidente ni de un gobierno modificar la Constitución, que únicamente puede ser transformada por los mecanismos en ella establecidos”, aseveró.

Ayala considera que la Convención Americana no puede ser eliminada de la Constitución mediante enmienda, reforma ni asamblea nacional constituyente. “La Constitución prevé que los derechos humanos son progresivos”, dijo.

El especialista indicó que la propia carta magna incluye “con nombre y apellido” dicho tratado. El artículo 339 establece que el decreto a través del cual se declare el estado de excepción “cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en la Convención Americana”.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, repudió la decisión de dejar a Venezuela fuera de la Corte Interamericana y llamó al TSJ a rectificar. “Los defensores de derechos humanos tenemos que estar en primera línea para preservar los sistemas de protección internacional de derechos humanos, especialmente en un país donde ni 5% de los casos, según cifras oficiales, llegan a juicio”, señaló.

Espacio Público también se plegó a la petición de nulidad. “La posibilidad que tenemos de acudir a instancias internacionales es un derecho que no puede ser arrebatado por una decisión gubernamental”, aseveró Carlos Correa, director de la organización.

Iris Marina, viuda de Wolfang Quintana –que resultó muerto el 2 de marzo de 1989 en el interior de su residencia a consecuencia de una bala perdida–, exigió al Gobierno y al TSJ rectificar. “Estoy aquí en nombre de todas las víctimas que tuvimos que acudir ante el sistema interamericano, que fue el único ente donde conseguimos justicia, porque aquí han pasado 23 años y aún no hay un responsables del Caracazo”, afirmó.