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Piden a TSJ que anule nombramiento de Jaua

El vicepresidente de la región central de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elías Jaua / AVN

Elías Jaua / AVN

En el escrito que Copei presentó ayer se advierte que podría considerarse falsa la firma de Chávez que aparece en la Gaceta Oficial

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Integrantes del partido Copei solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia que declare la inconstitucional del nombramiento de Elías Jaua como ministro de Relaciones Exteriores, que fue publicado en la Gaceta Oficial 40090 que circuló ayer. En la parte final del decreto, signado con el N° 9351, se indica que el mismo fue “dado en Caracas a los 15 días del mes de enero de 2013”, y que fue firmado por el presidente Hugo Chávez.

“Es falso que el decreto se haya firmado en Caracas, razón por la cual podríamos considerar que es falsa la firma que aparece como la del Presidente, ya que si es cierto que se firmó en Caracas no puede ser cierto que lo firmó Chávez. Debemos aclarar que esta es una supuesta firma manuscrita no una electrónica que exige la utilización de ocho dígitos”, se advierte en el escrito que presentaron el segundo vicepresidente de la tolda verde, Nelson Maldonado, y el vocal de la dirección nacional de esa misma organización, Jesús Rangel Rachadell.

Los copeyanos señalaron, con el argumento de que es falso que el decreto haya sido suscrito en Venezuela, que el acto está viciado, debido a que Cuba no es el asiento de los órganos del poder nacional, como establece el artículo 18 de la Constitución. Advirtieron además que se habría violado el artículo 4 de la Ley de Juramento, que establece que los ministros jurarán ante el jefe de Estado.

El administrativista Víctor Hernández Mendible añadió además que se habría violado el artículo 18 de Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, referido a los requisitos que debe contener todo acto administrativo.

Comisión mixta. En el escrito se pide la designación de una comisión que incluya representantes de todas las fuerzas políticas, para que verifiquen la situación en la que se encuentra el primer mandatario nacional.

“El objetivo es que se constate si el Presidente está en capacidad de expresar válidamente su voluntad y, en consecuencia, si puede firmar, que se dé constancia de que está vivo y que está hábil para exponer su pensamiento”, se indica en la solicitud.

Gobierno desde el exterior. “Sería inconstitucional instaurar una práctica de gobierno desde el exterior”, advirtió Jesús María Casal, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, al ser consultado sobre la legalidad del nombramiento de Jaua.

Aunque el constitucionalista explicó que el decreto en cuestión no implica la instalación de un gobierno desde La Habana, llamó a los venezolanos a estar muy atentos.

“Además hay que analizar en detalle este acto para emitir un criterio sobre su validez o su invalidez. Pareciera que no se quiere reconocer la realidad de que el Presidente está en el exterior, y de que está en unas condiciones de limitación física que han debido reconocerse desde que partió a operarse para que se estableciera la falta temporal”, dijo.

Señaló que si Chávez firmó en La Habana, tal cosa debería constar en la Gaceta Oficial. “Otra cosa es que el decreto dijera firmado en La Habana para surtir efectos en Caracas”, señaló en un acto en el que fue dado a conocer el comunicado que emitió el consejo de la Facultad de Derecho de la UCAB, en el que se fija posición con respeto al fallo del 9 de enero en el que se declaró la continuidad del gobierno de Chávez, aunque no se haya juramentado, y se desconozca cuándo volverá al país.

En el comunicado se señala que la referida sentencia constituye una grave alteración de las normas establecidas en la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República.

Destituciones

La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela junto con otras organizaciones emitieron un comunicado en el que piden al Consejo Moral Republicano que inicie el procedimiento legalmente establecido para determinar si con el fallo que estableció la continuidad del gobierno de Chávez –al que califican de inconstitucional– los magistrados de la Sala Constitucional incurrieron en faltas graves que ameriten su destitución por parte de la Asamblea Nacional.