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Piden a Reverol aclarar detención de reporteros argentinos

Jorge Lanata en el Aeropuerto de Caracas / La Nación/Argentina/GDA

Jorge Lanata en el Aeropuerto de Caracas / La Nación/Argentina/GDA

Periodistas venezolanos solicitaron al Ministerio para las Relaciones Interiores y Justicia explicar las razones por las que fueron sometidos a interrogatorio en Maiquetía el argentino Jorge Lanata e integrantes de su equipo de producción

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Un grupo de periodistas venezolanos, acogiéndose a lo estipulado en la Constitución Nacional con respecto al derecho de solicitud de información ante funcionarios públicos, entregó en la sede del Ministerio para las Relaciones Interiores y Justicia una carta en la que piden aclarar las circunstancias y el marco legal por los cuales fueron retenidos, el pasado 8 de octubre por funcionarios del Sebin, el periodista argentino Jorge Lanata y algunos integrantes del equipo de producción de su programa televisivo, “Periodismo para todos”, cuando se disponían a dejar el país tras cubrir las elecciones presidenciales.

Por más de hora y media los funcionarios interrogaron en unas oficinas del sótano del Aeropuerto Internacional de Maiquetía al presentador, de quien decían que era sospechoso de actos de espionaje, así como al reportero, Nicolás Wiñazki, a quienes les fue negada la posibilidad de reunirse con abogados y amenazaban con dejarlos detenidos “por años”.

Cuando finalmente fueron liberados, sin mayores explicaciones, los miembros del equipo reporteril pudieron comprobar que les habían sido borrados los contenidos de los celulares, cámaras y computadoras que, entretanto, los funcionaros sometieron a inspección.

Lanata y su equipo estuvieron por unos días en Caracas para cubrir las incidencias de la última fase de la campaña electoral y el día de elecciones presidenciales en Venezuela.

El propio día de los comicios, Lanata transmitió su programa en vivo desde Caracas. Entonces mostró un documento donde directivos de la policía política supuestamente ordenaban el seguimiento al equipo de la televisión argentina. Ya en Buenos Aires, Lanata presentó otras pruebas acerca de presuntas intercepciones telefónicas a la familia y allegados del entonces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

Les quitan los materiales de trabajo

Diversas organizaciones no gubernamentales y representantes del gremio periodístico en Venezuela han denunciado los constantes casos en que autoridades confiscan el material periodístico y retienen a reporteros.

Se trata de una medida que no está amparada por normativa alguna y que pasa por medidas aisladas, atribuidas a funcionarios que abusan de su poder.

Sin embargo, el caso de Jorge Lanata y su equipo parece representar una escalada en este tipo de operativos, dado que responde a un operativo planificado que afecta a una figura muy destacada del periodismo internacional.

En vista de ello y en previsión de que se pretenda establecer un precedente, un grupo de periodistas de medios de la capital venezolana dirigió al ministro del Interior, general Néstor Reverol, una carta en la que se le solicitan explicaciones sobre el caso y, en particular, sobre la normativa y las potestades que pudieran haberlo respaldado.

La solicitud fue suscrita por un grupo de 45 reputados periodistas venezolanos, incluidos la presidenta saliente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Alegrett; la Directora Ejecutiva y Presidente del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), Marianela Balbi y Ewald Scharfenberg; los profesores universitarios Pablo Antillano y Edmundo Bracho; los laureados reporteros de investigación Tamoa Calzadilla, LissethBoon, Laura Weffer, Maye Primera, David González, Joseph Poliszuk y César Batiz; los autores Ibéyise Pacheco, Sandra Lafuente, Carlos Subero y Alfredo Meza; entre otros.

Aunque en Venezuela no hay Ley de Transparencia o de Acceso a la Información –un mandato constitucional con el que la Asamblea Nacional se mantiene en mora- , la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece un plazo de 20 días hábiles para que un funcionario responda a una petición de información por parte de un ciudadano.