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Piden al gobierno rendir cuentas a la ONU de Bs 589,23 millardos asignados a las misiones

Las 25 misiones que existen recibieron 248,93 millardos de bolívares entre 2013 y 2015 | Foto Archivo El Nacional

Las 25 misiones que existen recibieron 248,93 millardos de bolívares entre 2013 y 2015 | Foto Archivo El Nacional

El Estado no ofreció los detalles sobre el combate a la pobreza que requirió Naciones Unidas. El 2 de junio, en Ginebra, le exigirán más precisiones

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Al responder a las inquietudes de la ONU sobre la situación del derecho a un nivel de vida adecuado en Venezuela, en los términos establecidos en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado respondió que a través de las misiones sociales “las familias se han fortalecido al lograr superar niveles históricos de pobreza, mejorando su poder adquisitivo y por ende la calidad de atención que los progenitores les pueden brindar a sus hijos”.

A pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solicitó datos estadísticos actualizados y desagregados por edad, sexo y origen étnico o nacional en áreas rurales y urbanas, en el reporte estatal solo se señala que la pobreza ha venido descendiendo de 49% en el primer semestre de 1998 a 27,4% en 2011. Y que en el mismo período la pobreza extrema también disminuyó,  de 21% a 7,3%. Seguramente los expertos de Naciones Unidas insistirán en su emplazamiento al Estado 2 de junio el próximo, cuando se realizará el llamado diálogo interactivo para evaluar la situación de todos los derechos sociales en Venezuela.

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela, a través del informe alternativo que consignó ante la ONU la semana pasada, ofreció más información y análisis sobre las iniciativas gubernamentales: las 25 misiones que existen recibieron 248,93 millardos de bolívares mediante leyes de presupuesto y modificaciones por créditos adicionales, entre 2013 y 2015. Adicionalmente, en los informes de gestión de Pdvsa hasta 2013 se incluyen aportes a las misiones por un total de 54.016 millones de dólares, “equivalente a 340,30 millardos de bolívares,  utilizando la menor de las tasas oficiales fijadas por el gobierno para el cálculo”.

Transparencia Venezuela razona que “la deficiente rendición de cuentas del Ejecutivo nacional sobre el destino, uso y eficacia de estos recursos, ante los organismos públicos y la población venezolana, permite su uso discrecional”.

Como evidencia, la ONG destaca que no se sabe de cuántos recursos dispone el gobierno a través de los llamados fondos paralelos y que la última información oficial sobre el Fondo de Desarrollo Nacional  la ofreció el ex ministro de Petróleo y Minería y ex presidente de Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez, al señalar que hasta agosto 2013 el Fonden había recibido 115.218 millones de dólares.

¿Leyes contra o a favor de la corrupción? Transparencia Venezuela considera que la opacidad en la administración de las misiones es fuente de corrupción: “Con espacios evidentes de discrecionalidad y arbitrariedad, la inversión a gran escala en misiones y programas sociales puede llevar a la búsqueda de beneficios personales y/o políticos evidentes, que llamamos riesgos de corrupción. La falta de normas, sistemas y procedimientos y responsables que impidan, limiten y sancionen estos abusos se traduce en impunidad ante el incumplimiento y violación de derechos”.

En forma expresa el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU inquirió al Estado venezolano sobre los resultados de la aplicación de la Ley contra la Corrupción. La primera respuesta fue la reforma promulgada en noviembre de 2014: “Los cambios amplían el ámbito de la ley para que el poder popular participe en la lucha contra la corrupción. De igual modo se promueve la cohesión entre el Poder Judicial y los cuerpos policiales para que la lucha contra la corrupción rinda sus frutos”.

El Estado mencionó también la creación del Cuerpo Nacional Anticorrupción. Transparencia Venezuela se apresuró a advertir que  ese organismo está “subordinado a la Presidencia de la República, suplanta funciones de la Fiscalía General de la República y formaliza el secreto de sus tareas de investigación y gestión, ya que son secretos hasta los miembros”.

La ONG se refirió a otras leyes que, en su opinión, favorecen la corrupción: “Las misiones y programas sociales para su ejecución requieren contrataciones públicas y adquisición de bienes y servicios. Las licitaciones o contrataciones abiertas son procesos que reducen la posibilidad de abuso o corrupción en la asignación de contratos o compra de bienes y servicios, para el manejo efectivo, buscando que los recursos se utilicen completamente en los programas sociales de forma efectiva. Sin embargo, la Ley de Contrataciones de 2008 y las subsiguientes reformas de 2009, 2010 y 2014 eliminan las licitaciones para gran parte de los programas sociales al aprobar excepciones nuevas, facultar al Presidente de la República para cambiar condiciones en la selección de contratistas en un rango amplio”.

Sin planificación. Transparencia Venezuela solicitó a Naciones Unidas exhortar al Estado venezolano a publicar la lista de beneficiarios de todas las misiones con información suficiente para realizar contraloría social y, además, mantener los intereses político partidistas fuera de la ejecución de los programas.

La falta de planificación de los programas sociales, señala el informe alternativo, es indicativo del desorden que aumenta los riesgos de irregularidades en la administración de los recursos asignados a las misiones.

Por ejemplo, los programas para la prevención y control del VIH/sida, tuberculosis, asma, EPOC y fortalecimiento de servicios de banco de sangre recibieron 599 millones de bolívares en 2014 y el mismo monto en 2015, a pesar de que el año pasado la inflación alcanzó  68,5%, según cifras oficiales.

Control de cambio
“La ejecución de los derechos sociales requiere la adquisición de bienes y servicios, pero para suplirlos los proveedores requieren acceso a divisas, tanto para producirlos localmente como para importarlos. En los últimos años se ha hecho más irregular y restringida la asignación de divisas, causando desabastecimiento y/o escasez en insumos básicos para el cumplimiento de los derechos”, se indica en el informe de Transparencia Venezuela.


La Cifra
6,35 bolívares diarios se destinan a cada niño atendido por el Programa de Alimentación Escolar, pero, según el Cendas, el costo de un almuerzo es de 371,01 bolívares, 58 veces la asignación per cápita del PAE.