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Paralizado juicio por desfalco al fondo Chino Venezolano

Las empresas fungían como proveedores de tractores y otras maquinarias agrícolas que no llegaron al país | Foto Raúl Romero / Archivo

Las empresas fungían como proveedores de tractores y otras maquinarias agrícolas que no llegaron al país | Foto Raúl Romero / Archivo

El titular del Tribunal Sexto de Juicio fue enviado a Tucupita, sin que designaran a un reemplazo

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Más de seis meses paralizado lleva el juicio sobre el supuesto desfalco de más de 84 millones de dólares al Fondo de Cooperación Chino Venezolano.

El debate oral y público comenzó en septiembre de 2014 en el Tribunal Sexto de Juicio del área metropolitana, a cargo del abogado Jesús Izaguirre.

Este funcionario, sin embargo, fue enviado a finales de 2014 como juez a Tucupita, capital de Delta Amacuro. Se abrió un lapso hasta el 12 de enero, mientras se designaba otro titular del juzgado y pasaban las vacaciones decembrinas. Desde entonces, cada vez que las partes del proceso acuden al tribunal encuentran la misma noticia: “No hay despacho”.

La investigación por este caso comenzó en diciembre de 2012, a través del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, para ese momento a cargo del general Hugo Carvajal. Los instructores fueron funcionarios del Cicpc y de la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Se descubrieron desembolsos aparentemente irregulares a favor de dos empresas de maletín: Kelora, S. A., que recibió 22 millones de dólares, y 62 millones de dólares pagados a Bismarck Consorcio Trading Corp. Las empresas fungían como proveedoras de tractores y otras maquinarias agrícolas, en el desarrollo de los programas para la “soberanía alimentaria”.

Los tractores no llegaron al país. Al revisar los expedientes, funcionarios del Fondo Chino se percataron de que la negociación inicial era con la compañía argentina Pauny, pero en el trámite la suplantaron por sociedades fantasmas. El dinero finalizó en cuentas de bancos suizos.

No era administrador. El abogado Carlos Rojas aclaró que Roberto Pfeffer Almeida, uno de los encausados en esta investigación, no fue administrador del Fondo Chino.

Indicó que el comerciante “nunca ocupó cargo alguno en el referido fondo, y tampoco tuvo relación de carácter privado” con esa entidad ni con la empresa CVA Pedro Camejo, a través de la cual fue negociado un lote de tractores.

Pfeffer goza de una medida de casa por cárcel, debido a problemas de salud. Su apoderado indicó que “está siendo injustamente procesado”.

Además de Pfeffer, son acusados los representantes de la firma Cavemin, Dubravka Dojg, ex directora general adjunta, y su hija Lea Dojg. También los miembros del fondo: Pablo José González Hernández, ex gerente ejecutivo encargado; César Rafael Cortizol Ospino, ex coordinador legal; María Gabriela Dona García, ex analista en la Coordinación Legal; Javier Fernando González, ex analista operacional; Ángel Daniel Dávila Briceño, ex analista de la Gerencia de Operaciones, y Javier Elías Briceño, ex gerente de Operaciones.