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PSUV espera que el Tribunal Supremo disuelva a la Asamblea por desacato

La pugna entre oposición y el oficialismo se profundiza a pesar de la cordialidad en el hemiciclo | José Pacheco

El oficialismo pidió al Poder Judicial "dictar un fallo definitivo que frene" al Legislativo. Ramos Allup señaló que los magistrados deberían cesar en sus funciones porque su nombramiento fue írrito, pero el jefe de fracción peseuvista destacó: "Están en sus oficinas sentenciando"

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El conflicto institucional se agudiza. La presidencia del Legislativo notificó al Poder Judicial sobre la decisión que dejó sin efecto el nombramiento de 34 magistrados en diciembre de 2015. “No serán citados a la Asamblea Nacional para que presenten descargos porque se les citó en dos ocasiones y no asistieron. Deberían cesar en sus funciones porque su nombramiento fue írrito. En consecuencia, todos los actos dictados desde entonces son nulos”, dijo Henry Ramos Allup.

En respuesta, Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del PSUV en el Parlamento, explicó lo que busca su partido con la demanda introducida el viernes pasado ante el Tribunal Supremo de Justicia: “Esta Asamblea no le sirve a nadie. Pedimos que se declare en desacato, se disuelva y vayamos a elecciones”.

 El escrito señala: “Consideramos necesario que se produzca un fallo constitucional pero definitivo que frene las intenciones descabelladas de un pequeño grupo que busca de manera ilegal hacerse de los espacios institucionales que han sido rescatados en 17 años”.

Al ser consultado sobre qué espera el PSUV del TSJ, Rodríguez respondió: “Renovar la Asamblea Nacional. ¿La Asamblea Nacional no se ha declarado en desacato? ¿Qué pasa cuando hay un desacato sistemático y permanente? Es mi opinión vamos, a ver qué dice el tribunal”.

Frente al argumento de que la Constitución establece que solo el Ejecutivo puede disolver la Asamblea si censura tres veces al vicepresidente en el mismo año, respondió: “¿Qué pasa cuando un poder se declara en desacato permanente? La Constitución dice que eso le corresponde interpretarlo a la Sala Constitucional”.

El parlamentario admitió a El Nacional que la Sala Constitucional está por encima de todos los poderes constituidos: “Es la única que interpreta la Constitución. La Asamblea está en conflicto con el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral y con el Poder Moral. Es un solo poder el que está en conflicto. Todos los sistemas políticos prevén que esos conflictos puedan existir, entonces ponen a alguien a decidir. ¿Quién decide en el sistema político venezolano? La Sala Constitucional. ¿Se convierte la Sala en suprapoder? Sí. Es así”.

El PSUV cuestiona el informe presentado por Carlos Berrizbeitia (MUD) por las siguientes razones: 1) No es problema que los magistrados tengan militancia, lo importante es que renuncien cuando se les designa. 2) No es facultad de la AN remover a los magistrados. 3) El principio de autotutela aplica al derecho administrativo, no al constitucional.

Rodríguez sostuvo que si la selección de los magistrados se hace entre tres poderes (Legislativo, Moral y Judicial), su revisión compete a las tres partes: “Si la AN considera que los magistrados no cumplen algún requisito o que el procedimiento se incumplió, puede ir al Moral o al Judicial para que revise el procedimiento”.

En el escrito, el PSUV pide lo siguiente: “Que se declare la nulidad de la decisión del 14 de julio por inconstitucionalidad y desacato de sentencias del TSJ. Que se ordene a la Asamblea que se abstenga de tomar decisiones destinadas a remover a los magistrados del TSJ y se prohíba cualquier acción destinada a revisar su designación. Que se oficie al Ministerio Público en virtud del desacato que se denuncia”. Esto abriría la puerta para que la Fiscalía solicite al TSJ determinar si existen causas para un antejuicio de mérito contra la directiva.

Rodríguez enfatizó que la decisión de la AN no tiene aplicación práctica: “Los magistrados están en sus oficinas sentenciando”.