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Oposición piensa en un futuro gobierno con ley de hacienda pública estadal

El instrumento jurídico pretende cumplir con el mandato constitucional de descentralizar el país y no hacer que las gobernaciones dependan financieramente del gobierno central únicamente a través del situado constitucional

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“Servirle la mesa a las gobernaciones para que puedan generar sus propios ingresos". Este planteamiento resume la intención del proyecto de ley orgánica de hacienda pública estadal, la cual se encuentra en la etapa de consulta pública antes de que pase a segunda discusión en la Asamblea Nacional.

El diputado Rafael Guzmán, principal promotor del reglamento, explicó que el instrumento jurídico está pensando en la descentralización como un mandato y una deuda constitucional que establece la Constitución aprobada en 1999. "La ley está pensada para que los próximos gobernadores de los estados sean hijos de la descentralización”, expresó.

“Venezuela es y siempre será un Estado central descentralizado. La ley orgánica de hacienda pública estadal es para no tener que esperar que a un ministro le dé la gana de mandar los recursos del situado constitucional. Hay alcaldes que, en vez de luchar por la descentralización, deciden ir a jalar a Miraflores. Esta ley es una oportunidad para todas las personas que pretenden gobernar en un estado”, explicó el parlamentario en la consulta pública hecha para los estados Miranda, Vargas y el Distrito Capital. 

Guzmán señaló a El Nacional Web que la ley establece “los mecanismos de administración, transferencia y ejecución de los bienes, ingresos y ejecuciones que pueda tener un estado en su desarrollo económico y financiero”.

El fin último de la ley es que los estados puedan generar ingresos propios a través de tributos, tasas y transferencias del gobierno nacional distintas a las que establece el situado constitucional. Este mecanismo de transferencia no es suficiente para estados como Vargas, afirmó el diputado representante de ese estado José Manuel Olivares, quien destacó que con la ley se comienza a ver “una nueva Venezuela con un nuevo presidente y nuevos gobernadores”. 

La falta de capacidad financiera de las gobernaciones afecta a nivel regional y municipal las finanzas de los estados. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, participó en la consulta pública y ejemplificó que los estados no tienen cómo tomar previsiones ante situaciones como los aumentos salariales que decreta el Ejecutivo.

Muchacho afirmó que muchas entidades no tienen como pagar en la actualidad los aumentos salariales y de tickets de alimentación, por lo que "los funcionarios están financiando el déficit".

“Esta ley se trata de que le demos capacidad financiera a las gobernaciones y a los gobernadores para que, por ejemplo, puedan pagar los pasivos laborales que tiene acumulados con sus trabajadores. Le deben dinero a sus policías, maestros, secretarias y otros funcionarios. El futuro del país pasa por darle soluciones a la gente y eso pasa al darles competencias financieras a los alcaldes y gobernadores del país. Blindar a los estados para que en un futuro, independientemente de la tendencia política del presidente y los gobernadores de turno, se pueda resolver el sistema financiero y no se politice. Una ley como esta le daría a las gobernaciones la autonomía necesaria para no depender el gobierno central”, detalló el alcalde.

Las autoridades regionales y municipales se verán beneficiadas del fin del centralismo existente en la actualidad. Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta, afirmó que el Ejecutivo Nacional siempre ha querido tener “amarrados y cortos en recursos a las gobernaciones” y por eso la ley no ha podido ver luz en los periodos constitucionales existentes desde 1999.

Aunque este proyecto solo está en la etapa de discusión pública, en la Asamblea Nacional fue rechazado por la bancada oficialista con el argumentó que se pretende quitarle competencias al Seniat.

“Queremos la inmediatez en los recursos, en estos momentos de crisis es donde también hay oportunidades. Una oportunidad para que las autoridades regionales junto con las comunidades organizadas desarrollen su realidad y busquen la solución de sus problemas. El gobierno no quiere soltar el poder, se aferra a él.Ven a las gobernaciones como unos enemigos frente al poder cuando deberían abrazarlas porque son las que están más cerca del problema. Ellos dicen que se le están quitando las competencias al Seniat, al contrario estamos generando otras administraciones regionales que van a colaborar y coadyuvar a este organismo para prestar su servicio”, expresó Guzmán.