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Omisión legislativa, un artificio jurídico para un problema político

El oficialismo descartó desde un principio la posibilidad de un acuerdo cno la oposición | Foto Prensa AN

El oficialismo descartó desde un principio la posibilidad de un acuerdo con la oposición | Foto Prensa AN

Aseguran que la designación de rectores del CNE por el TSJ constituye una usurpación de funciones 

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Cuando el chavismo echa mano de la omisión legislativa, como un arma política, pretende soslayar que implica una declaratoria de inconstitucionalidad; es decir, la verificación jurídica de que la Asamblea Nacional no cumple con las atribuciones que le asigna la carta magna.

“Es una confesión de culpabilidad de Diosdado Cabello, de que la mayoría chavista no está dispuesta a cumplir con la exigencia constitucional de respetar la mayoría calificada para designar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, así como del Ciudadano, porque ello implicaría incluir a la oposición en la decisión”, explica el constitucionalista Luis Alfonso Herrera.

Quizás por ser consciente de tal culpabilidad, Cabello dijo el 30 de septiembre: “Yo no tengo complejos. Vamos al TSJ, que si puede lo más, puede lo menos. Reconocemos que no tenemos las dos terceras partes, pero no hay ningún acuerdo con la derecha venezolana; esa no existe”.     

Herrera indica que la omisión legislativa está concebida para causar vergüenza política a un Parlamento que no hace lo que debe. “Así sucede en los pocos países de América Latina donde existe la figura (Brasil entre ellos), pero solo en Venezuela se ha utilizado en forma fraudulenta para resolver un problema político con un artificio jurídico”.

En 2003 por falta de consensos se transfirió la designación de los rectores del CNE a la Sala Constitucional. “Un mal precedente –considera Herrera– porque el TSJ se ha debido limitar a instar a la Asamblea Nacional a cumplir con su deber y no usurpar funciones propias del Legislativo”.

En similar sentido opina el especialista en derecho parlamentario Juan Miguel Matheus, al recordar el contenido del numeral séptimo del artículo 336 de la Constitución. La Sala Constitucional está facultada para establecer los lineamientos que permitan corregir la omisión legislativa, pero no para sustituir a la Asamblea Nacional en un asunto tan trascendental como la designación de las autoridades de tres órganos del Poder Público.

“Como el TSJ es totalmente sumiso al régimen, Diosdado Cabello prefiere dejar el problema en sus manos, con la seguridad de que los magistrados de la Sala Constitucional van a decidir a su favor. Así no tendrá que lidiar con los parlamentarios de oposición, pero ello implica el desconocimiento de los derechos de las minorías representadas en la Asamblea Nacional e impedir que la ciudadanía participe en el nombramiento de las autoridades que están llamadas a hacerle contrapesos al gobierno. El régimen no quiere abrir paso a la transición democrática, no quiere equilibrar el Poder Público ni crear condiciones de justicia electoral”, insistió Matheus.

El politólogo Xavier Rodríguez Franco, integrante de la organización no gubernamental Entorno Parlamentario, aporta un elemento de contexto: “Lo que hemos visto en esta legislatura es el resultado de una directriz política clara, que consiste en reducir las atribuciones del Parlamento a su mínima expresión: la legislativa, por la habilitación concedida al presidente de la República; la contralora, por la imposición de la hegemonía oficialista; y la deliberativa, por el uso del foro para debatir solo lo que le interesa al régimen en momentos en que el liderazgo de Nicolás Maduro se viene a pique”.

Con la omisión legislativa, sostiene Rodríguez Franco, se está forzando y aplicando arbitrariamente un recurso jurídico, como ha sucedido con los allanamientos de las inmunidades y destituciones de diputados opositores: “El mensaje es bastante claro, pues el chavismo se ufana de un férreo control de todas las instituciones como continuidad de una política sistemática empleada pretorianamente por Chávez  y no una nueva pauta de Maduro”.


Una decisión tomada hace tres meses
Hernán Lugo-Galicia

Desde hace tres meses el oficialismo descartaba la posibilidad de un acuerdo con la oposición. “La orden fue: ‘Que decida el TSJ”, revelaron fuentes del PSUV.

En julio Miraflores dispuso “congelar” las conversaciones con la bancada de la unidad, lo que condujo a una paralización de las reuniones del Comité de Postulaciones Electorales. En septiembre se reanudaron los encuentros y fue así como se logró depurar a 40 la lista de 120 aspirantes y posteriormente a 20.

Los aliados han expresado al PSUV el deseo de participar en la escogencia de los tres rectores. “Queremos participar e influir en la composición de los poderes. Somos coautores del proceso y nadie nos sacará”, señaló el secretario general de PPT, Rafael Uzcátegui. En el oficialismo los aliados cuentan con “algunos nombres” para integrar el Comité Electoral e incluso tienen “candidatos” al CNE, pero la secretaria de organización de PPT, Ilenia Medina, se reservó los detalles.

El PSUV no quiere ceder ni un ápice y recuerda al ex rector Vicente Díaz, “que se convirtió en una piedra de tranca”.

La misma vía para el Poder Ciudadano
A diferencia de lo ocurrido en 2003, cuando la Sala Constitucional del TSJ designó a los rectores del CNE, en esta oportunidad el chavismo aspira a que los magistrados resuelvan la falta de consenso para una etapa preliminar: la designación de los integrantes del Comité de Evaluaciones del Poder Electoral.

Luis Alfonso Herrera, Juan Miguel Matheus y Xavier Rodríguez Franco coinciden en que el atrevimiento del oficialismo corresponde a un progresivo debilitamiento de las disposiciones constitucionales para garantizar la independencia y autonomía de los órganos del Poder Público.

Los expertos no descartan que, por no disponer de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional,  también recurra a la omisión legislativa para que el TSJ designe a los integrantes del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano y, en definitiva, al fiscal general de la República, al contralor general de la República y al defensor del pueblo.