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Oficialistas debatieron en plazas de todo el país lo que Maduro debe hacer con Ley de Amnistía

Los críticos dicen que Maduro creó la empresa para asegurarse aún más la lealtad de los militares / AFP

Referencial / AFP

Maduro ha recordado que tiene plazo hasta la próxima semana para pronunciarse sobre la iniciativa legislativa

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Diversas organizaciones chavistas comenzaron este domingo a debatir en plazas de varias ciudades venezolanas lo que el presidente, Nicolás Maduro, debe hacer con la amnistía a favor de opositores presos y exiliados aprobada por el Parlamento bajo control antigubernamental.

Las cadenas de radio y televisión estatales, o bajo auspicio estatal, dieron cuenta de la acogida que tuvo este sábado la petición del gobernante de que su decisión de “jamás” aprobar la ley de amnistía sea debatida y luego avalada en “consulta pública”.

“Abro una consulta pública, un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones (…) me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de amnistía que (sus opositores) pretenden imponer como un golpe de Estado”, dijo la víspera en una alocución televisada.

Los entrevistados en las plazas coincidieron mayoritariamente en que Maduro debe pedir a la Sala Constitucional del Supremo de Justicia que anule la iniciativa por presuntamente buscar beneficiar a supuestos acusados de delitos de lesa humanidad, asunto que, entre otras cosas, desconoce acuerdos internacionales suscritos por Venezuela.

Los entrevistados también argumentaron que la mayoría antichavista supuestamente no consultó a todos los involucrados en el asunto, entre ellos familiares de víctimas de las “guarimbas”, estrategia de lucha callejera que convulsionó aVenezuela durante buena parte del primer semestre de 2014.

Las “guarimbas” dejaron 43 muertos, la mayoría manifestantes tanto opositores como oficialistas tiroteados por agentes de cuerpos policiales y de organismos de seguridad, o francotiradores, así como algunos transeúntes.

Maduro ha recordado que tiene plazo hasta la próxima semana para pronunciarse sobre la iniciativa legislativa y que por sí solo no puede anularla, por lo que efectivamente requiere que el Supremo avale su alegato de que la norma es inconstitucional.