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Oficialismo ignoró el pluralismo constitucional para imponer magistrados

Constitucionalistas criticaron que en 3 sesiones la lista para TSJ permaneciera igual, sin voluntad de consenso

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Justo antes de nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que el oficialismo escogió con mayoría simple luego de que en tres sesiones no se lograra la mayoría calificada, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, dijo: “Todos estamos aquí por Chávez”. Y los juramentó.

El chavismo respetó el formalismo del de la Ley Orgánica del TSJ: hizo tres sesiones para buscar la mayoría calificada y, como amenazó Cabello que ocurriría, decidió con mayoría simple en la cuarta sesión. La lista de candidatos que presentó el diputado Elvis Amoroso casi no cambió entre las plenarias. Un día se retiró a Delcy Rodríguez, por ser designada canciller, y se incluyó a Mónica Gioconda Misticchio. Ayer se sacó a José Antonio Adrián Meléndez y se incorporó a Francia Coello. De resto, fue igual.

El abogado constitucionalista Gerardo Blyde recuerda que cuando fue diputado y se discutió la ley del TSJ, en el apartado sobre el nombramiento de los magistrados el chavismo buscó que luego de una discusión, si no había mayoría calificada, se votara con mayoría simple, pero se logró extender el proceso a cuatro discusiones, justamente, para buscar nombres que lograran el consenso.

“Alegamos que era fundamental que el Parlamento hiciera esfuerzos para lograr nombres que contaran con el mayor de los consensos, y pedimos insistir en tres sesiones antes de llegar a la sesión final. El consenso en la AN es el espíritu del constituyente. Al oficialismo presentar en cada sesión los mismos nombres sin buscar consensos, la única intención fue cumplir con las formalidades de la ley, pero no con la razón por la cual establece las cuatro sesiones que no fue otra que superar los nombres que fuesen obstáculo para lograr la mayoría calificada”, expresó.

Recordó que en 2003 la Sala Constitucional del TSJ, al declarar la omisión legislativa y nombrar rectores provisionales, advirtió que el nombramiento de las autoridades debe ser hecho por la AN, con el mayor respaldo posible.

“Peor es la designación del CNE, donde la propia Sala Constitucional, contrariando su jurisprudencia de 2003, declaró la omisión legislativa sin abrir a juicio el proceso y nombrando rectores al parecer permanentes. En 2003 nombró rectores temporales y obligó a la AN a nombrar rectores con mayoría calificada”, señaló el constitucionalista.


Pluralismo. El abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino considera que el oficialismo interpreta la carta magna de forma aislada e ignora principios como el del pluralismo, que está en el artículo 2. “El pluralismo es uno de los valores superiores de la Constitución. Eso se debería expresar en la Asamblea, pero quien tiene la mayoría se considera dueño de la soberanía del país. Se considera que la oposición no expresa una parte del país”.

Recordó que la Ley del TSJ exige una mayoría calificada en las primeras tres sesiones, precisamente, para agotar los esfuerzos para respetar el pluralismo. “Lo que el oficialismo demostró es que no le interesa lo más mínimo algún acuerdo, por más pequeño que sea, con la oposición. Solo fue un formalismo para agotar las sesiones. Lo demostraron al presentar la misma lista y utilizar las sesiones para ridiculizar a la oposición en lugar de buscar un consenso”.

El jurista Tulio Hernández dijo que lo que se vio en la Asamblea Nacional con la designación de los poderes no es un problema de respeto a la Constitución, sino que representa el deterioro institucional y humano. “No pierdo la esperanza de que para ser magistrado al TSJ el respeto valga algo”.

El oficialismo también designó, sin el voto de la oposición, a Rafael Ramírez embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas.


La lista definitiva


El diputado Elvis Amoroso presentó, por cuarta ocasión, la propuesta de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia.

La parlamentaria Deyalitza Aray dijo que la oposición ratificaría su voto salvado: “Quieren confiscar los poderes públicos con esa mayoría circunstancial que hoy ostentan”.

El chavismo al final aprobó una lista que fue casi la misma que no tuvo consenso antes. En la Sala Político Administrativa quedaron María Ameliach, Bárbara César e Inocencio Figueroa. En la Sala Casación Social, Edgar Gaviria, Mónica Gioconda Misticchio, Marjorie Calderón y Danilo Mujica (se sacó a José Adrián Meléndez).

En la Sala de Casación Civil quedaron Guillermo Blanco y Marisela Godoy (que antes iba a Sala Penal) como principales, y Dilma Fernández y a Juan Pablo Torres como suplentes.

En la Sala Penal quedó Elsa Gómez, Maikel Moreno y Francia Coello (antes Marisela Godoy). En la Sala Constitucional, Francisco Velásquez y en la Electoral Indira Alfonzo Izaguirre.

Moreno fue el juez que dictó la orden de captura contra Simonovis en 2004 y Calderón dictó la sentencia condenatoria contra el excomisario y contra Lázaro Forero, Henry Vivas, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Julio Rodríguez, Arube Pérez Salazar, Héctor Robaín y Marcos Hurtado.

El diputado Andrés Avelino Álvarez, suplente de Edgar Zambrano, fue el único opositor que votó por la lista luego de que el principal se retiró, lo que atenta contra la Reglamento de Interior y Debates de la AN.


A la medida del chavismo


CNE
 
Tibisay Lucena.
Es la presidente del Consejo Nacional Electoral. Socióloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, llegó al CNE en 2003 como rectora suplente designada por el TSJ. En 2006 fue nombrada por la Asamblea Nacional principal. De acuerdo con fuentes políticas, es la “persona con más poder dentro del órgano electoral”. Aseguran que podría haber aceptado estar en el CNE solo hasta las parlamentarias, porque no tenía intención de reelegirse.
 
Sandra Oblitas. 
Es la actual vicepresidente del CNE. Graduada de Sociología en la Universidad Central de Venezuela, con una especialidad en Gerencia Municipal en la Universidad Santa María, trabaja desde 2003 en el CNE. Se desempeñó como directora encargada de la Oficina Regional Electoral del Distrito Capital y en 2006 fue designada por la Asamblea Nacional rectora principal. Se le ha acusado de justificar el ventajismo electoral del chavismo en los comicios.
 
Luis Emilio Rondón. 
Es el director de Partidos Políticos en el CNE. Ha estado en el organismo durante 20 años. No milita en ningún partido político. Agrada a la oposición, pero lo más importante, de acuerdo con fuentes políticas, es que tiene buena relación con Tibisay Lucena. En la propuesta que leyó la presidente del Comité de Postulaciones Electorales, Blanca Eekhout, estaba incluido como rector suplente, pero luego el TSJ lo colocó como rector principal.
 
 
Poder Ciudadano
 
Luisa Ortega Díaz.
Fue ratificada por la Asamblea Nacional como fiscal general de la República, cargo que ejerce desde 2007. Es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, con especializaciones en Derecho Procesal, Derecho Penal, Dinámica de Grupos y Derechos Humanos. Ingresó al Ministerio Público en 2002 como fiscal séptima del Área Metropolitana de Caracas y tuvo un veloz ascenso, de la mano del ex vicepresidente de la República y ex fiscal general Isaías Rodríguez.
 
Tarek William Saab.
El recién designado defensor del pueblo es poeta y abogado egresado de la Universidad Santa María. Fue constituyente y corredactor de la Constitución sobre derechos humanos. Entre 2000 y 2004 se desempeñó como diputado a la Asamblea Nacional y luego fue electo gobernador del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela, cargo que ostentó de 2004 a 2012. Desde 2013 integra la Comisión por la Justicia y la Verdad que investiga los crímenes de 1958-1998.
 
Manuel Galindo Ballesteros.
El nuevo contralor general de la República Galindo es abogado especialista en Derecho Laboral y magíster en Administración Educativa.   En 2005 entró en la nómina de la Asamblea Nacional de la mano de Cilia Flores. En septiembre de 2012, cuando Flores ya era procuradora, Galindo fue nombrado gerente de litigios de la Procuraduría y luego viceprocurador. En marzo de 2013 fue designado procurador encargado de la República, en sustitución de Flores.