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“Oficialismo crea ficciones jurídicas para intentar negar falta del Presidente”

El constituyente Ricardo Combellas | Sandra Bracho

El constituyente Ricardo Combellas | Sandra Bracho

El constituyente Ricardo Combellas destaca que el jefe del Estado está impedido de gobernar. "No se puede asumir que estamos en presencia de la continuación de un mandato", dijo en contra de lo expresado por la presidente del TSJ

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El jurista Ricardo Combellas presidió la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó las normas del Poder Ejecutivo, entre ellas las que regulan las faltas temporales y absolutas del Presidente de la República. Con tal autoridad, asegura que el oficialismo está creando ficciones jurídicas para tratar de ocultar lo inocultable: el primer mandatario está apartado del cargo e imposibilitado para ejercerlo.

En su opinión, la Asamblea Nacional ha debido declarar la falta temporal, por lo menos desde el último viaje del Presidente a Cuba, para someterse a una cuarta operación.

Advirtió que el Legislativo no puede diferir la decisión más allá del 10 de enero de 2013, pues estaría violando la Constitución. “Ese día los diputados deben reunirse y debatir sobre el asunto. Si persiste la imposibilidad física del Presidente debe declararse su falta temporal y designar una junta médica independiente y de indudable credibilidad para que evalúe la situación del jefe del Estado a mediano plazo”.

El artículo 234 de la Constitución establece que “si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”.

Si se declara la falta absoluta antes de los primeros cuatro años del período presidencial, se debe convocar a nuevas elecciones en los siguientes 30 días.

Aunque el artículo 233 de la carta magna indica que el presidente de la Asamblea Nacional suple al presidente electo si la falta absoluta se produce antes de que tome posesión, Combellas es partidario de que sea el vicepresidente, para conservar la conducción del gobierno desde el Poder Ejecutivo.

Del 23 al 10, sin más cambios. El jurista recordó que la Constitución de 1961 establecía el 23 de enero como fecha de inicio del período presidencial. “En 1999 se consideró que el país estaba en una nueva etapa política, por lo cual se prescindió del aniversario del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Pero en todos los regímenes presidencialistas es necesario establecer con total precisión cuándo comienza y finaliza el período, preferiblemente lo más cerca posible de la fecha de elección”.

Combellas considera que es un error derivado de la falta de independencia del Poder Electoral haber modificado la tradición de realizar las elecciones presidenciales el primer domingo del último diciembre del período constitucional: “Sin dudas, fijar las presidenciales en octubre obedeció al estado de salud del Presidente”.

Refutó la tesis de Luisa Estella Morales, presidente del Tribunal Supremo de Justicia: “No se puede hablar de la continuación de un mismo mandato, pues son dos períodos presidenciales perfectamente demarcados. Así lo ha establecido la misma Sala Constitucional”.

Tampoco está de acuerdo con la posibilidad de que el Presidente se juramente, en fecha incierta, ante el TSJ. “El motivo sobrevenido establecida en el artículo 231 se refiere a dificultades de la Asamblea Nacional, no del presidente electo. Esa norma se elaboró para prevenir un eventual desconocimiento del presidente electo por parte de la Asamblea Nacional”.

La ñapa del TSJ

Mediante la sentencia 759, dictada el 16 de mayo de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó que el 10 de enero del primer año del período constitucional es la fecha inamovible para el inicio y culminación del mandato presidencial, conforme al artículo 231 de la Constitución.

El fallo fue la respuesta al recurso de interpretación interpuesto por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, a propósito de las dudas surgidas después de que el presidente Hugo Chávez fue reelecto el 30 de julio de 2000 y juramentado el 19 de agosto de ese mismo año.

El máximo tribunal precisó que el 10 de enero de 2007 culminaría ese período presidencial. En la práctica, el primer gobierno de Chávez se prolongó 8 años y la decisión del TSJ fue popularizada como una ñapa.

La Sala Constitucional fijó pautas de interpretación: “La duda se ventila de acuerdo con los cánones de la integración jurídica y no de la posición política que se asuma subjetivamente”.