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Observadora de la Unión Europea presenció juicio a Leopoldo López

“Yo soy un preso del gobierno de Nicolás Maduro”, le dijo López a la observadora de la UE | Foto Archivo El Nacional

“Yo soy un preso del gobierno de Nicolás Maduro”, le dijo López a la observadora de la UE | Foto Archivo El Nacional

La defensa del dirigente opositor denunció que los cuatro policías que inspeccionaron los vehículos del Cicpc quemados el 12-F mintieron al rendir declaraciones en la sesión de ayer. El debate oral y público se reanudará el 10 de septiembre

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La consultora política de la Embajada de la Unión Europea en Venezuela, Katarina Leinonen, presenció la tercera sesión del debate oral y público correspondiente al proceso penal contra el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López por los sucesos del 12 de febrero de 2014.

La diplomática llegó al Palacio de Justicia a las 12:15 pm y antes de que comenzara la sesión, a las 3:09 pm, tuvo oportunidad de acercarse al dirigente opositor. “Aquí la jueza no es la jueza, las decisiones se toman fuera de los tribunales. En mi caso, específicamente se toman en Miraflores, porque yo soy un preso del gobierno de Nicolás Maduro”, le decía López a Leinonen para explicarle que los operadores judiciales venezolanos no son autónomos e independientes; que la mayoría de los jueces venezolanos (entre ellos la titular del Tribunal 28° de Juicio, Susana Barreiros) ejercen sus cargos con carácter provisorio, han sido designados a dedo y pueden ser removidos de un plumazo; es decir, que no tienen estabilidad en sus cargos y son vulnerables a presiones políticas.

La observadora de nacionalidad finlandesa y con tres años de servicio en Venezuela también se acercó a los fiscales del Ministerio Público Franklin Nieves y Narda Sanabria como un gesto de imparcialidad. Explicó que su presencia no fue promovida por alguna de las partes y corresponde a una práctica habitual de la Unión Europea en casos de trascendencia pública.

La observación internacional del juicio a López llega en momentos en que la defensa insiste en denunciar la violación del principio de publicidad para garantizar la pulcritud del proceso: “No quieren que se sepa la verdad y por eso nos niegan las pruebas para demostrar la inocencia de nuestro defendido; por ello tanto secretismo”, expresó el abogado Juan Carlos Gutiérrez.

Contradicciones

Ayer comenzó el interrogatorio de expertos. Rindieron declaración Luis Martinelli, Ángel Villamizar, Silvia Rueda y Jesús Oliveros, integrantes de la Brigada C de la División de Inspección Técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que realizaron la revisión de los cinco vehículos del Cicpc que fueron incendiados aproximadamente a las 2:30 pm del 12 de febrero, así como de la sede de Fundacaracas, entre las esquinas de Monroy y Puente Victoria, que fue atacada a tiros ese día.

La defensa destacó las incoherencias de los testimonios en cuanto a las horas en que se hicieron las pesquisas, la localización de un recipiente de metal que supuestamente contenía bencina y los registros fotográficos.

Los fiscales Franklin Nieves y Narda Sanabria se esforzaron en desvincular el incendio de los vehículos del Cicpc de los asesinatos de Juan Montoya y Bassil Da Costa, a propósito de que la defensa insistía en señalar que, precisamente, los hechos de violencia fueron una reacción de algunos manifestantes a los dos homicidios.

En cuanto a los impactos de bala en la sede de Fundacaracas registrados por la División de Inpecciones Técnicas del Cicpc, la defensa precisó que fueron 26. Interrogaron al jefe de la Brigada C, Julio Oliveros, sobre la procedencia de los disparos, con el objetivo de demostrar que se habrían efectuado desde donde actuaron los funcionarios del Sebin presuntamente responsables de las muertes de Montoya y Da Costa. Tal propósito encontró una férrea resistencia de los representantes del Ministerio Público. “Esos dos homicidios son objeto de otro juicio y no de este”, refutó la fiscal Sanabria. Pocos minutos después la defensa recordó que fue el fiscal Nieves quien, en la primera sesión del debate oral y público, le preguntó a Leopoldo López si él no se había detenido a pensar que la marcha del 12 de febrero podía concluir en heridos y muertos.

Al final de la sesión, a las 9:07 pm, el abogado Gutiérrez solicitó a la jueza que tramitara una incidencia de tacha por falsedad y que se procediera a un careo entre los expertos que declararon ayer, con la intención de demostrar que mintieron. La Fiscalía se opuso y Barrieros ofreció una respuesta para el 10 de septiembre, cuando se reanudará el debate oral y público con el interrogatorio de otros funcionarios del Cicpc y del Ministerio Público, de un total de 74. El juicio apenas está comenzando.

“Hay que enseñar la protesta no violenta”


Leopoldo López afirma que si estuviera libre dedicaría todo su esfuerzo en promover la protesta no violenta en toda Venezuela: “Estaría recorriendo el país para demostrarle a la gente que la manifestación del descontento en la calle sigue estando vigente. Pero dos cosas: hay que enseñar la protesta no violenta como estrategia de lucha para impedir a toda costa que el reclamo de derechos degenere en vandalismo y, lo más importante, que debe estar articulada con una propuesta de cambio político”.

El dirigente de Voluntad Popular lamenta que otros líderes de oposición no hayan continuado el trabajo de construcción de ciudadanía en función de un desplazamiento del chavismo del poder. “Insisto, el problema no es el gobierno de Nicolás, el problema es el sistema político que pretende consolidar el chavismo”.

López reiteró que la crisis económica y el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, por sí solos, no bastan para lograr el relevo en el poder. “El liderazgo opositor debe acompañar a los ciudadanos; debe tener una posición más activa y menos declarativa”.

iPad no, chimó sí

Todo el que entra a la sala de audiencias este, en el piso 1 del Palacio de Justicia, es previamente sometido a una requisa por funcionarios de seguridad y de la Guardia Nacional Bolivariana que, para cada sesión del juicio a Leopoldo López, toman las instalaciones y adyacencias de la sede de los tribunales penales de Caracas.

Cuando le tocó el turno al abogado Juan Carlos Gutiérrez fue obligado a  vaciar su maletín y rendir cuentas sobre todos los objetos que los funcionarios consideraban peligrosos. No le permitieron pasar un iPad, a pesar de que Gutiérrez les explicó que era un instrumento de trabajo que le facilitaba su trabajo.

El abogado se quejó ante la jueza Barreiros, pero no encontró mayor receptividad: “Si quiere alguna ley, el tribunal se las puede facilitar, así como las copias fotostáticas del expediente”.

Barreiros rechazó las denuncias sobre la falta de transparencia del proceso penal. “Allí están las puertas abiertas”, dijo como si eso fuera suficiente.

La prohibición del uso de cualquier artefacto electrónico en un juicio contrasta con las iniciativas emprendidas por el Tribunal Supremo de Justicia para dinamizar los procesos judiciales, entre otras el uso de videoconferencias para contar con el testimonio de testigos y expertos que no pueden estar presentes en las audiencias.

Lo que sí le permitieron pasar al abogado Gutiérrez fueron cuatro latas de chimó, un regalo que le mandaron a López. El dirigente opositor explicó más tarde que masca chimó desde los 18 años.

Problemas de visión

Desde hace tres meses Leopoldo López espera respuesta a la solicitud que formuló ante las autoridades del Ministerio Público para recibir atención oftalmológica, pues ha comenzado a padecer problemas de visión. Explicó que en la celda donde se encuentra aislado del resto de los reclusos de la cárcel militar de Ramo Verde hay poca luz y le es muy difícil leer y escribir.