• Caracas (Venezuela)

Política

Al instante

ONU: El Estado impone medidas condicionales muy estrictas a cambio de la libertad

La fiscal Luisa Ortega, que encabezó delegación del Estado, protagonizó un intercambio verbal con el delegado de Túnez | CORTESÍA @VE_ONU

La fiscal Luisa Ortega, que encabezó delegación del Estado, protagonizó un intercambio verbal con el delegado de Túnez | CORTESÍA @VE_ONU

Expertos pidieron detalles sobre la atención médica de los detenidos. Advirtieron que la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El comité de Derechos Humanos de la ONU termina hoy la evaluación del Estado venezolano, que inició ayer en Ginebra. Con siete años de retraso y durante más de tres horas la delegación oficial, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, aguantó las más diversas, detalladas y agudas preguntas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por Venezuela.

La interpelación fue transmitida en vivo por Internet. Además, su desarrollo  pudo seguirse minuto a minuto a través de la cuenta Twitter @VE_ONU (creada por ONG presentes en la sesión).

La jornada comenzó con la intervención de Ortega, que destacó el desmantelamiento de bandas delictivas y las diferenció de los colectivos. Aseguró que entre 2014 y 2015 se han procesado 80 casos de tortura y 1.508 de tratos crueles. Afirmó que en Venezuela los presos gozan de todos sus derechos, reciben visitas y tienen acceso a sus abogados. Enfatizó que existe pleno derecho a la información y expresión y que se respeta el derecho a la manifestación pacífica. “No es un derecho absoluto, sino condicionado: si hay armas y no es pacífico, no es derecho. Las manifestaciones de 2014 tenían como fin desconocer al gobierno legítimo”, dijo.

Luego fue el turno del grupo de expertos independientes del comité. El costarricense Víctor Rodríguez-Rescia tocó puntos polémicos: “¿Qué hará el Estado para que el defensor del pueblo, elegido sin independencia, siga los estándares de la Constitución? Nos preocupan las leyes habilitantes y cómo se delega al Ejecutivo la facultad para tipificar delitos. La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla; queremos una estadística desagregada de esto”.

El británico Nayer Rodley calificó de “deprimente” la lista de problemas de Venezuela. Junto con Sarah Cleveland, de Estados Unidos, preguntó por las estrategias contra la discriminación: “¿Tienen medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Cuántas investigaciones, enjuiciamientos, encarcelamientos a personas que hayan cometido actos contra personas Lgbti?”.

Konstantine Vardzelasvili, de Georgia, cuestionó: “¿Cómo se garantiza que los funcionarios que han cometido tortura sean juzgados? La jueza María Afiuni fue torturada y violada en su detención; agradecería información sobre la investigación. También quiero información sobre torturas contra manifestantes”.

Olivier De Frouville (Francia) preguntó por la atención médica a los detenidos: “Queremos información sobre el caso de Gerardo Carrero, Nixon Leal, Gerardo Resplandor. Queremos saber sobre detenciones arbitrarias en Lara en 2013. Quisiera detalles sobre personas detenidas y juzgadas en 2014”.

El representante de Túnez, Yadh Ben Achour, instó a Venezuela a “respetar cabalmente los derechos humanos”. En referencia al caso Afiuni dijo que queda “boquiabierto al saber que hay jueces detenidos y torturados”, y preguntó cómo se garantiza la preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos.

En su segundo derecho de palabra, Ortega, visiblemente molesta, espetó: “Para que el abogado Ben Achour cierre la boca, no es cierto que Afiuni haya sido violada o torturada. Está haciendo elucubraciones. Los miembros del comité realizaron más juicios de valor que preguntas. A todas las víctimas se les garantiza atención médica. Los que ustedes llaman manifestantes pacíficos, ninguno resultó herido; en cambio mis trabajadores sí”.

El presidente del comité, el argentino Fabián Slavioli, reclamó tajante: “Aquí nadie manda a callar a nadie. Los miembros del comité son expertos y el diálogo debe ser respetuoso”.

 

El Dato
La última jornada de evaluación del Estado venezolano será hoy a partir de las 3:30 am (hora de Venezuela).

La delegación oficial será encabezada por la fiscal Luisa Ortega, acompañada de la presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, y el secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, entre otros.

Se puede seguir la transmisión en vivo por Internet a través de las siguientes cuentas Twitter: @VE_ONU, @qfranco, @lexysrendon, @fjreyna, @ligiabolivar, @ccorreab y @Mariengracia

 

Por la calle del medio
Los miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU ofrecieron una lectura independiente de la situación venezolana:

* Konstantine Vardzelasvili: “El Estado no puede brindar protección a grupos progobierno que actúan contra manifestantes. En muy pocos casos son respetadas las disposiciones legales, sobre todo cuando los implicados son de colectivos”.

* Olivier De Frouville: “Las personas liberadas tras los juicios de 2014 lo fueron con medidas condicionales restrictivas de sus derechos. Se trata de medidas provisionales muy estrictas a cambio de la libertad”.

* Yadh Ben Achour, sobre el caso Afiuni: “Aunque un juez haga gala de hostilidad contra el Estado, debe ser tratado con respeto. Cuando veo a jueces detenidos y torturados, quedo boquiabierto. Esto da muy mala impresión internacional”.

 

Preguntas para hoy
* El experto de Costa Rica espera que el Estado le informe sobre “un sitio de reclusión llamado la Tumba” y sobre las 11.000 ejecuciones extrajudiciales de 2000 a 2014.

* El experto de Reino Unido pidió información sobre la implementación de las medidas de protección de la familia Barrios ordenadas por la CIDH.

* La experta de Estados Unidos insistió en saber sobre los derechos de la comunidad Lgbti.

* La experta de Georgia pidió más información sobre personas asesinadas cerca de las manifestaciones.

Estado incumple compromiso
Una alianza de 30 ONG nacionales e internacionales denunció el incumplimiento del Estado venezolano en la protección de los defensores de derechos humanos.

En un comunicado publicado ayer las organizaciones, encabezadas por Amnistía Internacional, señalan: “A pesar del compromiso expreso de las autoridades ante el Comité contra la Tortura en noviembre de 2014, de que ningún defensor sufriría represalias por entregar información al Comité, los ataques continúan en aumento”.

Las ONG sostuvieron que, en general, a pesar de algunas reformas, el Estado no protege los derechos civiles y políticos y se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos.

Reiteraron que el sistema de justicia “carece de independencia e imparcialidad y es ineficiente; por tanto, la inmensa mayoría de los casos quedan en la impunidad”.