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ONU pide juicio justo para la jueza Afiuni

Solicitan al Estado despenalización de la difamación y garantías para el trabajo de los periodistas 

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Venezuela debe garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales y específicamente resolver la situación de la jueza María Lourdes Afiuni en un juicio justo, solicitó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Esas son dos de las conclusiones presentadas por el Comité en relación con el examen que rindió el país entre el 29 y el 30 de junio.

“Venezuela debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni con la mayor brevedad posible en un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta y exhaustiva las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención”, indica.

El organismo continúa preocupado por la situación del Poder Judicial en Venezuela “en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad; observa con preocupación que solo 34% de los jueces son titulares, lo que significa que el resto está en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional”.

Los expertos lamentan no haber recibido información sobre el porcentaje de fiscales del Ministerio Público que son titulares, “y les preocupan los informes que indican que ese porcentaje sería muy bajo”. Venezuela “debe tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias”, recomiendan.

El Comité se refiere a la suerte de los políticos de oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos, y recuerda que su encarcelamiento “ha sido declarado arbitrario por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”.

“Venezuela debe garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales, los abogados y los miembros de la oposición política”, afirma.

Los expertos se preocupan sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de información y piden al Estado que reconsidere la “despenalización de la difamación”.

El organismo lamenta la falta de claridad con respecto a la necesidad de pedir autorización para realizar una manifestación y acerca de las restricciones a la financiación extrajera de organizaciones.

El Comité invita a Venezuela “a considerar volver a ser parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.