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ONU interroga al gobierno sobre auge de bandas y colectivos armados

Afirmaron que grupos que se han identificado como colectivos han pretendido ingresar a las instalaciones universitarias / ELEONORA DELGADO

Afirmaron que grupos que se han identificado como colectivos han pretendido ingresar a las instalaciones universitarias / ELEONORA DELGADO

El Estado deberá responder ante los expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el incremento de la criminalidad que ha convertido a Venezuela en el segundo país más violento del mundo. El organismo internacional contrastará los datos que le suministró el Ejecutivo con los reportes elaborados por las ONG expertas en  la materia. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, la  tasa de homicidios es de 82 por cada 100.000 habitantes y el año pasado hubo 24.980 asesinatos.  

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El Estado no suministró los datos que solicitó la ONU sobre homicidios. Se refirió en forma genérica a la Gran Misión A Toda Vida Venezuela como “eje central” de la política en materia de seguridad ciudadana, sobre cuyos resultados apenas mencionó la creación de escuelas de música y el desarrollo de clínicas deportivas.

Las estadísticas más precisas sobre la criminalidad se aportaron en el informe alternativo presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia y el Laboratorio de Ciencias Sociales: “En la actualidad, Venezuela figura entre las naciones con niveles de ‘violencia muy alta’ en el mundo. El pasado año 2014 hubo, según estudios y cálculos del OVV, 24.980 asesinatos en todo el territorio nacional y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 82. Entre 1998 y 2014 se cometieron en Venezuela 231.562 homicidios. La violencia homicida es la tercera causa de muerte en Venezuela, es la primera causa de muerte entre los jóvenes y es la causa de mayor número de años de vida potenciales perdidos. Aunado con ello, la inseguridad ciudadana es el principal problema social que afecta a todos los venezolanos”.

La coalición de ONG Foro por la Vida llamó la atención de los expertos de la ONU sobre la militarización de la seguridad ciudadana, a propósito de que ello contraviene los estándares internacionales: “Desde mayo de 2013 se implementa en paralelo el Plan Patria Segura que incluyó la utilización de al menos 3.000 efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los funcionarios militares no están capacitados para atender los requerimientos de la seguridad ciudadana. El Ministerio Público anunció el desarrollo de un programa de capacitación de los funcionarios militares en derechos humanos, el cual se inició después de que había comenzado el plan y se aplicó de manera fraccionada e incompleta, con las previsibles consecuencias para la población civil, produciéndose varios casos de homicidios por funcionarios militares contra ciudadanos”.


Indiquen las medidas adoptadas para desmantelar los colectivos sociales armados y para el registro de todas las armas y municiones. (Pregunta de la ONU)

 

Auspiciados por el oficialismo y fuera de control


El Estado admite la existencia de bandas armadas y esboza sin mayores detalles las negociaciones que ha emprendido con el hampa mediante  el Movimiento por la Paz y la Vida: cuadrantes de paz, canchas de paz, Misión Barrio Adentro Deportivo. Solo ofreció números al referirse a la destrucción de armas de fuego (tampoco se precisa si fueron incautadas o entregadas voluntariamente por los delincuentes): 26.518  en 2014 y 18.452 en 2013. Aseguran que con estas armas “se obtiene material ferroso que se dedica a la fabricación de cabillas para la Gran Misión Vivienda Venezuela”. Sin embargo, no se indica cuántas cabillas se habrían fabricado.

Nada se dice sobre los resultados específicos de los convenios entre el gobierno y las bandas criminales y, mucho menos, sobre sus efectos contraproducentes, en vista de que en muchas de las llamadas zonas de paz el hampa se ha entronizado, ha desplazado a la policía  y han aumentado los delitos, particularmente los homicidios, el tráfico de drogas y la extorsión.

El reporte oficial eludió la pregunta sobre los colectivos y fue el Foro por la Vida el que explicó a los expertos de la ONU en qué consiste el problema: “En un informe presentado en audiencia ante la CIDH por la ONG Control Ciudadano en octubre de 2010, se señala que, en Caracas, en un radio de acción de 12 km alrededor del Palacio Presidencial de Miraflores y de la propia sede de la Milicia Nacional Bolivariana funcionan colectivos sociales armados al margen de la ley, afectos al proceso que lidera el presidente Chávez. Estos colectivos sociales armados, pública y comunicacionalmente han exhibido armas de guerra, han amenazado con delinquir y en algunos casos han cometido delitos sin que a la fecha el Estado venezolano haya tomado medidas judiciales efectivas al respecto. Nos referimos entre otros a los colectivos sociales: Coordinadora Simón Bolívar, La Piedrita, Carapaica, Colectivo Montaraz, Tupamaro y Alexis Vive”.

El Foro por la Vida considera que el problema ha empeorado: “La participación de grupos de civiles paraestatales en la dispersión de protestas, su capacidad actual de despliegue en varias ciudades del país, en diferentes momentos, y su actuación en coordinación con organismos policiales y militares, es un indicador importante del crecimiento de estas agrupaciones”.

Registros de Provea indican que un total de 437 ataques de grupos armados pro oficialistas a manifestaciones ocurrieron entre el 12 de febrero y el 15 de abril de 2014.


Especifiquen las acciones desarrolladas para asegurar la investigación pronta e imparcial del presunto uso excesivo de la fuerza  en el control de las manifestaciones. (Pregunta de la ONU)

 

Piden derogar la resolución 008610


Los excesos en la represión de las protestas de 2014 figuran como tema prioritario en la evaluación de Venezuela por la ONU. El informe estatal indica que en 6  de los homicidios se presume la autoría de agentes del Estado y que 17 funcionarios de seguridad son investigados, 5 de los cuales están presos y 3 en libertad condicional.

“La fuerza usada para contener las manifestaciones, así como la detención arbitraria y masiva de manifestantes y su posterior pase a tribunales, no parece obedecer a una ofensiva violenta –como la calificó el gobierno–, ya que más de la mitad de los casos fueron sobreseídos: 1.436 de 2.844 personas, mientras que la mayoría de los que se encuentran a la espera de juicio no están detenidos”, señala el Foro por la Vida en su informe alternativo.

Las ONG afirman que la Guardia Nacional Bolivariana fue responsable de causar heridas o lesiones a 333 personas en el contexto de manifestaciones en el primer semestre de 2014; es decir, 38,9% del total de heridos o lesionados. Asimismo, los operativos conjuntos realizados por organismos militares y policiales –en muchas ocasiones acompañados de civiles o grupos civiles ilegalmente armados– fueron responsables del 25,7% de los heridos entre febrero y abril de 2014.

El Estado no mencionó la controversial resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de armas potencialmente letales contra manifestaciones. El Foro por la Vida considera que es una resolución inconstitucional porque incorpora a componentes militares armados en el control del orden público, carece de exposición de motivos y no es parte del desarrollo de alguna ley. Por ello pidieron a la ONU que instara al Estado a derogarla.