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ONU insta al Gobierno a liberar a la jueza Afiuni

María Lourdes Afiuni, detenida en su residencia / Raúl Romero

María Lourdes Afiuni, detenida en su residencia / Raúl Romero

Cinco expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron hoy al Gobierno de Venezuela a que libere a la jueza

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Cinco expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron hoy al Gobierno de Venezuela a que libere a la Jueza María Lourdes Afiuni Mora, tras expresar "profunda preocupación" por la continua detención de la magistrada y por "las alarmantes denuncias" de violencia sexual, agresiones y hostigamiento sufridos.

"La situación de la Jueza Afiuni representa un caso emblemático de represalia por haber cooperado con un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas", dijo la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya.

La magistrada afronta un juicio por "corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de detenido" por la liberación a inicios de diciembre de 2009 de Eligio Cedeño, un empresario que llevaba tres años detenido sin juicio. Precisamente, la detención de Cedeño había sido considerada "arbitraria" por el Grupo de Trabajo de la ONU que dirime estos asuntos.

"Permitir represalias contra una jueza por haber aplicado una Opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y mantenerla detenida en espera de proceso durante más de tres años es abrir la puerta a mucho más abusos, y tiene un efecto intimidatorio generalizado", resaltó el experto independiente El Hadji Malick Sow, quien actualmente preside ese órgano de la ONU.

Afiuni fue detenida el 12 de diciembre de ese año y permaneció en el Instituto de Orientación Femenina (Inof) de Caracas hasta febrero de 2011, cuando fue beneficiada con prisión domiciliaria, pero sin derecho a hablar con periodistas. La magistrada reveló en un libro publicado en noviembre pasado que en el Inof fue víctima de una violación, que quedó embarazada y tuvo un aborto natural. Sin embargo, cuando la Fiscalía pidió que ratificara su denuncia la magistrada se negó a hacerlo.

Los relatores recuerdan que Afiuni se encuentra en detención preventiva desde hace más de tres años, a pesar de que el artículo 230 del nuevo Código Orgánico Procesal Penal establece que una prórroga de privación de libertad no puede exceder el límite de la pena mínima del delito más grave.

La solicitud de libertad interpuesta por su abogado en diciembre de 2012, fue desestimada el 14 de enero de este año. Por su parte, el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez, recalcó que "la violación y otros actos graves de violencia sexual por parte de funcionarios del Estado en contextos de detención no sólo constituyen tortura o malos tratos, sino que son un caso especialmente grave, debido al estigma que entrañan".

"Es inadmisible que las autoridades venezolanas no actúen con la debida diligencia para investigar los actos perpetrados contra la Jueza Afiuni de manera pronta e imparcial y castigar severamente a los responsables," agregó la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo.

Asimismo, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, advirtió que "la detención continua de la Jueza, además de su destitución, constituye una intromisión grave e indebida en contra de la independencia de la judicatura y demuestra la falta de respeto de las autoridades por sus propias instituciones y leyes".

Knaul subrayó que "la decisión de otorgar la medida sustitutiva a Eligio Cedeño, además de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado, estaba de acuerdo con la ley venezolana y dentro de las competencias de la jueza".

Los cinco expertos internacionales en derechos humanos pidieron al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que investigue de manera seria e imparcial los actos de violencia denunciados y que ofrezca una compensación adecuada sin demora. Además, instaron a las autoridades a que prevengan y se abstengan de todo acto de intimidación o represalia contra quienes traten de cooperar o hayan cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos.