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ONG advierten: Reelección en el Consejo de Derechos Humanos no exime al Estado

Provea: En el gobierno de Maduro se restringe la manifestación pacífica | Foto William Dumont / Archivo

Provea: En el gobierno de Maduro se restringe la manifestación pacífica | Foto William Dumont / Archivo

Cofavic y Provea señalan que hay impunidad estructural. Liliana Ortega dijo que el gobierno debe buscar soluciones “al enorme grado de victimización social”

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Organizaciones no gubernamentales venezolanas consideran que la reelección del Estado como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas no lo exime ni implica el desconocimiento de las denuncias que sobre la materia se han hecho dentro y fuera del país.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, explicó que la elección en la ONU se realiza entre Estados y durante el proceso cada región presenta candidatos que generalmente son aceptados por los otros grupos para evitar vetos posteriores. “Este proceso no está basado en principios y en el ranking de derechos humanos, se basa en acuerdos políticos y no se exculpa a los Estados. Hasta Libia ha estado en el Consejo. Lo que pueden hacer las ONG es presentar observaciones públicamente”, indicó.

Dijo que el gobierno debe revisar su política y hacer una “introspección” para ver cuál es su situación en materia de derechos. “Según cifras oficiales, hay 62 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto no es una medalla ni trofeo para mostrar y el Estado debe responder. Esto evidencia que la sociedad venezolana tiene un enorme grado de victimización y debe evaluarse a la luz del Pacto Internacional de Derechos Políticos y la Constitución de 1999”.

La activista añadió que durante el último año hubo un aumento de 28% en los casos de tortura, tratos crueles e inhumanos y de 18% de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 60% de los cuales se dieron durante operativos oficiales realizados en su mayoría por policías estadales. Indicó que también deben investigarse las muertes dentro de las acciones de las OLP y precisar cuántas investigaciones de oficio se han hecho sobre estos casos.

Destacó la impunidad que existe en Venezuela: 97% de los casos que ingresan al Ministerio Público y no son sometidos ante un juez en un lapso perentorio. Añadió que, de acuerdo con cifras gubernamentales, 62% de los jueces y 90% de los fiscales tienen carácter provisorio.

La directora de Cofavic sostuvo que ningún Estado reconoce la existencia de presos políticos, pero organismos como el Comité contra la Tortura determinaron en 2014 que en el país hay personas detenidas por sus ideas y que estas deben ser juzgadas en libertad. Considera un error político que no se permita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos.

“El Estado debe enfrentar toda la situación y aportar soluciones”, subrayó. Desde diciembre de 2012 el gobierno no ha avalado la entrada al país de ningún representante de la Oficina de las Naciones Unidas.

Deterioro. Inti Rodríguez, director de investigación de Provea, coincidió con Ortega en que en Venezuela hay una impunidad estructural. Dijo que no se ha reconocido al gobierno en el Consejo de Derechos Humanos y que el organismo responde a intereses puntuales. “Con Maduro se han profundizado las graves deficiencias en materia de derechos políticos y sociales. Se han restringido las libertades democráticas, se restringe la manifestación pacifica y hay un retroceso en materia de salud y vivienda”, afirmó.

Provea recordó ayer el 27° aniversario de la masacre de El Amparo. Rodríguez señaló que el caso es una deuda pendiente de este y anteriores gobiernos. Dijo que la impunidad también se ha dado en el Caracazo, la masacre de Yumare y los 46 muertos durante las protestas de 2014, entre otros.

Rigoberto Lobo, del Centro de Derechos Humanos de la ULA, manifestó que algunos funcionarios promueven las violaciones de los derechos humanos. Sostuvo que entre las agresiones está la persecución a los activistas en esa materia.

“Los defensores de derechos humanos somos acusados de conspiradores y de dañar la imagen del gobierno, mientras crecen las organizaciones promovidas por el Estado”, dijo. Indicó que también se vulnera el derecho a la educación, los derechos de los indígenas y de los discapacitados.

Cuestionan ataques a opositores y medios
La Comisión Internacional de Juristas presentó ayer en Ginebra un informe sobre Venezuela titulado El ocaso del Estado de Derecho, en el que se señala que hay “una vertiginosa degradación de los derechos humanos y un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”.

El organismo considera que los juicios, medidas cautelares y condenas contra opositores se dictan “con inusual prontitud”. Refirió los casos de la jueza María Lourdes Afiuni, la detención preventiva del abogado Tadeo Arrieche, la condena de Leopoldo López y la orden de captura contra los directivos y miembros de los consejos editoriales de El Nacional, Tal Cual y La Patilla.

También advierte que en el país hay impunidad.

Denuncia que se ha producido una escalada de ataques contra defensores de los derechos humanos y contra quienes realizan acciones consideradas de oposición política o social. El organismo indicó: “Esta situación es el reflejo de una serie de medidas del gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales”.