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OEA solicitará a Chávez reconsiderar retiro de la Corte Interamericana

José Miguel Insulza, secretario general de la OEA

José Miguel Insulza, secretario general de la OEA

El secretario general José Miguel Insulza no considera que la demanda de Venezuela a la Convención contamine los cambios

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, aceptó que hay naciones a las que no les gusta la actuación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, instancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que año tras año emite un informe respecto a la situación en los países en esa materia.

Asegura, no obstante, que no debe existir preocupación por la subsistencia y el buen funcionamiento de la relatoría en el proceso de modificación y fortalecimiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“No hay ningún riesgo, funcionará tal cual. No se le quitarán recursos, está bien financiada y tiene todo el respaldo de la Secretaría General. Además, fue creada en una resolución de la Cumbre de Presidentes de Santiago de Chile en 1998, por tanto no es uno de los temas en riesgo. Hay a quienes no les gusta, pero no estoy preocupado por la subsistencia y el buen funcionamiento de la relatoría”, dijo Insulza.

El secretario general no asume que la salida de Venezuela de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos el pasado 10 de septiembre contamine el proceso de reforma. Anuncia que en los próximos días buscarán la interlocución con el gobierno del presidente Hugo Chávez para que reconsidere su denuncia antes de que se cumpla un año de la solicitud, lo que formalizaría su retiro de la Convención y la imposibilidad de ser acusada y condenada en y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En entrevista con El Universal, el chileno asegura no ve ningún intento o “presión exagerada” por parte de bloques de países que pretendan fracturar el sistema en alguna de sus partes. “Yo no creo que se intente debilitar, el sistema tiene ciertamente problemas que no cuestionan su necesidad y utilidad ni las bases fundamentales sobre las cuales fue fundado”.

Lo que está en discusión

En 2008 se iniciaron las conversaciones para la necesaria transformación del Sistema Interamericano, pues la realidad había rebasado los instrumentos. Este proceso, que culminará en marzo de 2013 durante una sesión extraordinaria de la OEA, ha tenido un camino complicado, pues gobiernos de izquierda —Ecuador, Bolivia y Venezuela— se han sentido perturbados por las recomendaciones de la CIDH al grado de pedir su disolución.

“Algunos Estados consideran que algunas medidas cautelares son exageradas, que deberían ser dictadas por la Corte y no por la Comisión. Se han quejado del monto de las reparaciones que fijan a los gobiernos. Todo está en discusión, pero no existe ninguna presión exagerada para que los temas no puedan ser resueltos entre la CIDH y los Estados”, subraya.

Respetuoso de la discusión que siguen los Estados miembros y el Consejo Permanente de la CIDH, Insulza deja ver que uno de los caminos en el problema de violación a los derechos humanos debe ser la resolución temprana y amistosa de los casos, para evitar avanzar hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una tarea fundamental, pero de más largo alcance, es la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. Se señala que el mexicano Emilio Álvarez Icaza será acreditado impulsor del tema.

México tendrá un papel importante en este período, pues ocupa la presidencia del Consejo Permanente con el embajador Joel Ortega y además el presidente de la CIDH es también el mexicano José de Jesús Orozco.

Insulza, quien estuvo de visita en México para participar el relanzamiento del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina, organizado por Fundación Vidanta, señala que los tres problemas de base es que existe el Sistema Interamericano y una Convención Interamericana de Derechos Humanos que no esta suscrita por Estados Unidos y Canadá, que el sistema no se financia suficientemente y que varias de las recomendaciones de la CIDH no son acatadas.