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Ministerio Público pretende una pena de más de 33 años

La imputación inicial comprende nueve delitos, entre ellos terrorismo y homicidio intencional 

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En Venezuela la pena máxima es de 30 años de cárcel; sin embargo, las sanciones correspondientes a los 9 delitos por los cuales la Fiscalía solicitó la captura de Leopoldo López suman 33 años y un mes de presidio, más una multa de 150 unidades tributarias.

El ex juez penal Jesús Ollarves Irazábal hizo la operación aritmética que implica convertir las penas de prisión en presidio (que comporta trabajos forzados), además de sumar agravantes y restar atenuantes.

Para aproximar un cómputo, que corresponde a la fase de ejecución, se debe tomar como base la pena correspondiente al delito más grave, explicó el penalista. Según la orden de aprehensión la imputación más grave contra López es terrorismo, establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, y sancionado con prisión de 25 a 30 años, equivalente a 13 años y 9 meses de presidio. A ese lapso –continuó Ollarves– hay que agregarle la suma de las dos terceras partes de las penas convertidas a presidio de los otros 8 delitos, es decir 19 años y 4 meses.

En la resolución de la jueza 16° de Control, Ralenis Tovar Guillén, se responsabiliza al líder de Voluntad Popular de homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles, en perjuicio de Juan Montoya y Bassil Da Costa, delito que le acarrearía 11 años y 6 meses de presidio. También se le imputa homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración, en perjuicio de Neider Arellano, por lo cual debería pagar otros 3 años y 9 meses de presidio.

El penalista José Luis Tamayo considera insostenible señalar a López como autor material de los homicidios, pues ello significa que habría sido él, con sus propias manos, quien dio muerte a Montoya y a Da Costa.

El abogado defensor de Iván Simonovis y el resto de los funcionarios policiales condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002 dijo que el vicio de inmotivación es mucho más frecuente en los casos de naturaleza política. La orden de aprehensión fue dictada el mismo 12 de febrero, a pocas horas de haber ocurrido los hechos presuntamente delictivos. En los días sucesivos el  Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas recabó contundentes evidencias, particularmente audiovisuales, que apuntan hacia la responsabilidad penal de funcionarios del Sebin por los homicidios de Montoya y Da Costa. Se supone, entonces, que las imputaciones fiscales deberían ser más leves que lo establecido en la orden de aprehensión.

Si persisten las imputaciones por delincuencia organizada y terrorismo, la posibilidad de que López sea juzgado en libertad es remota.


Luisa Ortega amenaza
Sin referirse específicamente a Leopoldo López, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, dijo en una entrevista televisiva: “El Código Penal, en sus artículos 128 y 143, establece delitos que sancionan a quienes atenten contra la legitimidad del Estado”.

La primera de las normas referida por Ortega tipifica el delito de conspiración u hostilidad contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones,  y es sancionado con prisión de 20 a 30 años. La segunda establece presidio de 12 a 24 años para los que se alcen en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, pretendan cambiar violentamente la Constitución y promuevan la guerra civil.

En ambos casos el Código Penal no admite beneficios procesales o alternativas del cumplimiento de la pena.