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Medios comunitarios para impulsar el Plan de la Patria

Nueva propuesta de ley de comunicación popular irá a consulta pública. Comunicadores piden cuentas claras

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La comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional ya tiene listo un nuevo proyecto de ley de comunicación del poder popular, que regirá sobre más de 500 radios, televisoras, periódicos y portales web comunitarios y alternativos que existen en el país.
Las diferencias entre el proyecto aprobado en primera discusión en 2011 y el nuevo texto son de forma y fondo, empezando por la finalidad de la ley hasta el funcionamiento del fondo de financiamiento.

El proyecto de 2011 se planteaba como finalidad coadyuvar en la construcción del Estado Comunal; ahora la ley se propone, entre otros aspectos, “impulsar la corresponsabilidad social en el marco del plan de la patria, inspirada en la doctrina del Libertador Simón Bolívar”.

El primer objetivo histórico del Plan de la Patria (consolidar la independencia), le asigna un rol fundamental a los medios comunitarios y alternativos en la construcción del socialismo.

El objetivo 1.1.5 del Plan de la Patria señala que para “seguir construyendo la soberanía y democratización comunicacional” se requiere el cumplimiento de varias tareas, entre ellas: fortalecer el uso responsable y crítico de  los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios como instrumentos de formación de valores bolivarianos; promover e impulsar un sistema nacional  de comunicación popular; y conformar y consolidar un sistema de medios y formas de producir contenidos con relevancia de los valores socialistas.
 
Más cambios. El fondo de financiamiento seguirá adscrito y presidido por la vicepresidencia, como en el primer proyecto, pero se crea un Consejo Nacional de Comunicación Popular que pasó de tener 7 miembros (VP, Minfinanzas, Minci y 4 representantes de medios populares), a 15 miembros: VP, 7 ministerios y 7 representantes de medios populares.

Los recursos del fondo de financiamiento provendrán, igual que en la primera versión, de una contribución especial de los ingresos anuales de las empresas de publicidad, pero el aporte se redujo de 2% a 1% “cuando los ingresos sean iguales o superiores a 10.000 unidades tributarias”.

Quedarían exentas las que contribuyen al Fondo de la Ley Resorte.

En el proyecto aprobado en primera discusión se contemplaba que las comunidades reunidas en asamblea, harían contraloría social de los medios alternativos que funcionaran en su territorio. En la nueva propuesta la contraloría se traspasa a una instancia denominada “consejo popular de comunicación”, que está obligada a registrarse ante el Consejo Nacional de Comunicación Popular.

A consulta. “Es una ley que ajustamos en el último período legislativo porque hubo una cantidad de reformas a las leyes del poder popular vía habilitante que afectaban su contenido. Está en agenda para éste período, está afinada de acuerdo con los nuevos mandatos de las leyes del poder popular y ahora nos falta una consulta pública para traerla nuevamente a la Asamblea. Seguramente la vamos a aprobar”, dijo Tanía Díaz, presidenta de la comisión de Poder Popular y Medios hasta el 4 de enero pasado y ahora segunda vicepresidenta del Parlamento.



Una larga espera

El anteproyecto de ley de comunicación del poder popular fue presentado por iniciativa ciudadana en agosto de 2011 con respaldo de 40 mil firmas. En noviembre de ese año el PSUV modificó el texto a puerta cerrada, lo presentó a plenaria y lo aprobó en primera discusión. En diciembre inició la segunda discusión: solo se aprobaron 5 artículos. En 2012, 2013 y 2014 el proyecto se incluyó como prioritario para debate, pero nunca volvió a cámara; hasta el 4 de noviembre de 2014. El informe elaborado por la comisión de Poder Popular y Medios el 28 de octubre de 2014 y recibido en Secretaría el 30, indicaba que hubo consultas “con medios alternativos y comunitarios en coordinación con el Minci”, (23 de mayo y 4 de junio); “con asesores jurídicos del Minci, Conatel y el ministerio de Comunas para su actualización” (3,17 y 23 de julio); y con “la dirección de investigación de la AN y el Seniat para evaluar el impacto económico” (17 de julio). “El proyecto fue distribuido en las curules el 4 de noviembre, pero luego lo recogieron antes de iniciar la plenaria sin explicaciones”, reveló un diputado.