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Mayoría del PSUV en la Asamblea rechazó acuerdo para la transición

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El acuerdo nacional para la transición fue rechazado por “Ilegal, inconstitucional e insurreccional” | Foto Archivo El Nacional

El documento aprobado por la mayoría oficialista pide juzgar a firmantes del pacto opositor y al editor del medio que lo publicó. Bancada revolucionaria negó debate sobre violación de derechos humanos del alcalde Antonio Ledezma

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“Ilegal, inconstitucional e insurreccional”. Con esos adjetivos describió Tania Díaz (PSUV), segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional, el acuerdo nacional para la transición, promovido por sectores de la oposición.

En la plenaria de ayer, Díaz presentó a debate un análisis político, económico y jurídico de 8 páginas elaborado por 16 colectivos de comunicación comunitaria y la brigada de agitación del PSUV-Región Central.

En el análisis se establece que hablar de transición en el caso venezolano implica “indefectiblemente una ruptura del orden constitucional”.

Los comunicadores comunitarios —y desde ayer el Poder Legislativo, que decidió adoptar el análisis en todas sus partes— hacen conjeturas sobre lo que podría significar, por ejemplo, la referencia a preparar y realizar elecciones presidenciales en el acuerdo nacional para la transición: “¿Qué ocurrirá con Nicolás Maduro? ¿Será arrestado, obligado a renunciar por coacción, enviado al exilio o asesinado? ¿Es o no es una referencia velada a un golpe de Estado?”.

Luego de analizar e interpretar el contenido del acuerdo para la transición los comunicadores comunitarios y la Asamblea se plantean ocho acciones por emprender. Destaca el octavo punto, en el que se proponen: “Denunciar ante el Ministerio Público el contenido subversivo, ilegal e inconstitucional del comunicado a los efectos de que se juzguen a los firmantes del mismo por los delitos aquí especificados, así como al editor del medio donde éste fue publicado por ser corresponsable en los hechos y actos de fuerza que pretenden derrocar a la forma de gobierno republicana que los y las venezolanas decidimos darnos”.

Además, se declaran “en sesión permanente en defensa de la revolución bolivariana”; proponen “realizar un plan de contingencia para enfrentar la guerra económica, psicológica, política y terrorista contra la revolución bolivariana”; y se comprometen a hacer llegar el mensaje a comunas, medios alternativos, medios en la región y el mundo, a la Cancillería venezolana, entre otros.

El debate. Tania Díaz justificó la necesidad de debatir y adoptar como propio el acuerdo en la plenaria, por considerar que la República está siendo asediada y el orden constitucional está siendo atacado. “No es más que un asalto a la carta magna para tomar el poder por la vía violenta. Se trata de un acuerdo que habla sobre una transición que no existe en el ambiente. Para que haya una transición tiene que haber un derrumbe del modelo existente, y eso no está planteado en la Constitución”, dijo Díaz.

Por la bancada roja intervinieron Desiré Santos, Julio Chávez, Yul Jabour, William Ojeda, Darío Vivas y Earle Herrera.

“Aquí la única transición que hay es hacia el socialismo. Aquí hay editores de medios como El Nacional que dicen mentiras y se cuadran con los golpistas”, señaló Santos.

Para Julio Chávez, el documento opositor “revela el mismo guión de 2002” y aseguró que fue el testimonio del general Maximiliano Hernández el que implicó al diputado Julio Borges y a Antonio Ledezma en una supuesta acción terrorista: “¡Qué respondan con cárcel los que conspiran y están al margen de la Constitución!”.

Vivas se alejó del análisis del acuerdo y centró su discurso en acusar a Borges de haber participado en el golpe de 2002: “¡Has estado siempre detrás del golpe! ¡Conspirador, golpista, fascista, terrorista! El país y el pueblo piden justicia y no impunidad. Fuimos a la Fiscalía porque así lo manda la Constitución. Álvaro Uribe es quien les paga, es su jefe”.

El ex profesor de periodismo de la UCV Earle Herrera se centró en Antonio Ledezma. “Lo que recuerdo de Ledezma es el cerco permanente a la universidad. Ahora lo presentan como un mártir”, dijo.

La respuesta. La oposición respondió a través de José Manuel González, Abelardo Díaz, Alfonso Marquina, Edgar Zambrano, Omar Barboza y Julio Borges.

González recomendó al oficialismo revisar la prensa de los años noventa, cuando abundaban llamados y peticiones a la renuncia de los presidentes. “Sería importante que se revisaran todos los documentos que salieron después del golpe del 4-F, en los que se pedía la renuncia del presidente Caldera. En el acuerdo para la transición no hay nada que atente contra las instituciones y la democracia”, aseguró.

Abelardo Díaz expresó indignación por el asesinato de un menor de edad durante una protesta en San Cristóbal. “¡Mientras ustedes montan este show, acaban de asesinar a un joven por un metrazo de la PNB. Pedimos la destitución del jefe de la PNB en Táchira y que se haga justicia!”, exclamó.

Marquina manifestó: “Ya son más de 40 veces que se viene con la fábula del golpe y el magnicidio. Cada vez que en Venezuela hay problemas económicos o hay un escándalo de corrupción, el gobierno sale con una fábula. En esta ocasión las pruebas son un acuerdo que no dice nada ilegal. Es un derecho legítimo de un ciudadano exigirle la renuncia cuando cree que el presidente no está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Por qué la fiscalía no ha investigado las denuncias de Mario Silva, que señaló a responsables de corrupción?”.

Borges agradeció el apoyo de la bancada y de la Mesa de la Unidad y coincidió con sus compañeros de bloque en enfatizar que la ruta de la oposición es constitucional y electoral.

Luego de dos horas de debate y con el voto negativo de la oposición, la bancada revolucionaria aprobó “adoptar en todas sus partes” el análisis de los colectivos de comunicadores comunitarios.

Ledezma. Más temprano Richard Blanco (ABP) propuso debatir sobre la violación de los derechos del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, y crear una comisión que verificara sus condiciones de reclusión.

Blanco señaló que la sentencia 1091 de mayo de 2003, suscrita por el magistrado Jesús Cabrera, equipara el rango del alcalde metropolitano con el de un gobernador y, por tanto, dijo Blanco, debería tener la prerrogativa del antejuicio de mérito para su detención y enjuiciamiento, tal como la tienen los gobernadores.

El PSUV negó la propuesta. Pedro Carreño (PSUV), desestimó la comparación y aseguró que la sentencia del TSJ no es vinculante y no puede sacarse del contexto en el cual se emitió.

La plenaria también aprobó un “acuerdo de salutación a la misión internacional de solidaridad con la revolución bolivariana”, así como un “acuerdo en rechazo a la arremetida antipatriota y proimperial de la oligarquía colombiana por irrespetar los símbolos patrios”, relacionado con la caricaturizaron del escudo nacional, publicada recientemente por la revista colombiana Semana.

El Parlamento también aprovechó la segunda sesión ordinaria de febrero para aprobar 10 créditos adicionales.