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Maduro tiene la mitad de presos políticos que Chávez

Fundepro advierte que en el gobierno del fallecido presidente nunca hubo tantas aprehensiones masivas. El Foro Penal reporta 3.693, incluidos 354 menores de edad, desde 2014

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Aunque no llega ni a dos años en el poder, la lista de presos políticos del presidente Nicolás Maduro es elevada: 96, de acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Fundación para el Debido Proceso y Venezuela Awareness.

Es alta si se compara con los 195 presos políticos que tuvo Hugo Chávez en 15 años, según Jackeline Sandoval, directora ejecutiva de Fundepro. Maduro, en apenas dos años, tiene casi la mitad. El promedio anual  durante su gestión triplica al que se registró en el gobierno de su antecesor.

Las detenciones por motivos políticos caracterizan al gobierno de Maduro incluso antes de su juramentación (19 de abril de 2013). El Foro Penal Venezolano señaló que por las protestas del 15 y el 16 de abril de 2013 contra los resultados electorales, las fuerzas de seguridad del Estado aprehendieron a 195 personas. La mayoría salió al día siguiente.

“En el gobierno de Chávez las detenciones eran selectivas. Nunca fueron masivas, de 100 o 200 personas en un día”, señaló Sandoval.

Todo arreció desde febrero de 2014, cuando se iniciaron las protestas contra Maduro. De acuerdo con el Foro Penal, desde esa fecha ha habido 3.693 detenciones, que incluyen a 354 menores de edad.

Otra diferencia entre Maduro y Chávez ha sido el trato. Sandoval explica que en los 16 años del chavismo siempre ha habido malos tratos, pero ahora son frecuentes las denuncias de torturas durante la reclusión.  

“La 008610 del Ministerio de la Defensa otorga discrecionalidad a las fuerzas de seguridad. ¿Qué importa si fue un perdigón de goma lo que mató a Kluiverth Roa? La Policía Metropolitana hacía lo mismo y por eso la eliminaron. Hoy la Policía Nacional es igual. No es humanista”, agregó Sandoval.

Cada día aumenta la lista de presos políticos. Por el supuesto plan de golpe de Estado, motivo de la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, hay al menos otras ocho personas presas.

Entre ellas, según Venezuela Awareness, están el general de división Oswaldo Hernández, Jesús Salazar, José Gustavo Arocha, Luis Lugo Calderón, Luis Rafael Colmenares, y los tenientes Carlos Esquela Martínez, Pedro Moreno y Ricardo Antich Zapata. Todos están en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.

Así como Chávez tuvo presos emblemáticos como Iván Simonovis o María Lourdes Afiuni, Maduro tiene en Ramo Verde a Leopoldo López, Daniel Ceballos y Ledezma; en La Tumba del Sebin de Plaza Venezuela a Lorent Gómez Saleh y en el Helicoide a Gerardo Carrero, por ejemplo.

¿Por qué Maduro prefiere estas cárceles? Carlos Nieto, coordinador de Una Ventana a la Libertad, explica que Ramo Verde es muy organizada. Las tres ofrecen seguridad que no pueden dar Tocorón, donde hay más de 10.000 presos. “Sería el caos”, dijo.

Advirtió que “las condiciones de La Tumba son infrahumanas” y que la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  pidió cerrar el Helicoide por inhumano.

El boicot. Venezuela Awareness reporta que entre enero y febrero de 2015 fueron encarceladas, y así permanecen, 33 personas que, a su criterio, son presos políticos. La investigación de El Nacional totaliza 16. ¿Quiénes son los otros 17? Personas que están presas por su supuesta vinculación con una guerra económica.  ¿Son de todas formas presos politicos?

Entre los 17: Pedro Angarita y Agustín Álvarez, presidente y vicepresidente de operaciones de Farmatodo, detenidos el 31 de enero y recluidos en el el Helicoide. En este lugar también está el director de supermercados Día a Día, Manuel Morales Odosgoitti.

Asimismo, hay 5 personas de la Corporación Cárnica que fueron detenidas el 30 de enero: Tania Salinas, Colman Valderrama, Delia Rivas, Anllerlín López y Ernesto Arenas. Todos están en el Batallón de la Policía Naval en Punto Fijo, estado Falcón.

La lista de 17 detenidos por la supuesta guerra económica incluye a personas de Distribuidora Distenca, Distrilago, Distribuidora de Alimentos CDF y Unicasa Plaza Mayor.

A estas personas se les acusa de boicot, un delito que existe en Venezuela desde 2007, cuando el presidente Hugo Chávez redactó, vía habilitante, la Ley contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo de Alimentos. La ley señala que quienes impidan la distribución y comercialización de alimentos serán sancionados con prisión de 2 a 6 años.

El penalista Alberto Arteaga advirtió que utilizar la justicia penal para resolver asuntos que le son completamente ajenos es una práctica de vieja data para el oficialismo. “Se usa la justicia penal como instrumento para contrarrestar cualquier actuación que pueda presentarse como adversa al lineamiento del gobierno, para combatir cualquier cosa que se considere guerra económica. Unas colas no pueden ser interpretadas como boicot o desestabilización”.

El gobierno cuenta con un mecanismo de vigilancia de los negocios de alimentos y productos básicos que incluye a inspectores populares.